Tras una jornada complicada en la Ciudad por la protesta de
los taxistas, la Fiscalía de la Ciudad realizó allanamientos en dos domicilios
-entre ellos un estudio jurídico ubicado en Leandro N. Alem 855- que estarían
vinculados a la empresa Uber, en el marco de una investigación iniciada de
oficio. A la tensión que generaron los cortes a la mañana se le sumaron los
incidentes de la noche, cuando un grupo de taxistas llegó hasta el edificio que
estaban allanando y agredió a un hombre que defendía a la empresa ante los
medios.
La investigación es llevada adelante por la Unidad de
Investigaciones Complejas a cargo del Fiscal de Cámara de la Unidad Oeste,
Martín Lapadú, y el Fiscal Roberto Néstor Maragliano. Es por organizar una
actividad lucrativa sin autorización en el espacio público, figura que está
sancionada en el Código Contravencional de la Ciudad. También hay una causa por
evasión impositiva. "Entendemos que Uber está cometiendo una infracción del
artículo 83 que refiere a la organización de una actividad lucrativa en el
espacio público sin autorización. Es lo mismo que sucede con los manteros, con
la diferencia de que vamos por la organización porque entendemos que es Uber
quien está detrás tividad lucrativa”, explicó Lapadú.
La empresa empezó a operar sorpresivamente el martes por la
tarde. Desde el Gobierno porteño dijeron que el servicio era ilegal y los
sindicatos de taxistas consiguieron que la Justicia ordenara que la aplicación
dejara de funcionar. Sin embargo, Uber siguió prestando servicio.
El miércoles, la Fiscalía porteña inició la causa de oficio.
"El Gobierno de la Ciudad certifica que Uber no tiene habilitación para
funcionar como empresa que brinda el servicio de remises, taxis o transporte
público. Empezamos a reunir información y pruebas sobre el sistema y el modo de
operación de la empresa. Y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad
rastreó las direcciones en las que podrían estar las oficinas o haber algún
tipo de vinculación con Uber”, avanza el Fiscal. Y apunta: "Estamos yendo por
la administración, intentando localizar la documentación o elementos informáticos
que nos permitan acreditar la operatoria, por ejemplo, las fichas de los 10 mil
choferes que tienen inscriptos”.
Para la Justicia porteña la empresa no cumple con la
legislación que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el
espacio público, que incluye requisitos en cuanto a la seguridad de los
pasajeros y cuestiones tributarias, entre otras. La Ley Nacional de Tránsito
24.449, exige una licencia de conducir especial para transportar pasajeros y
obliga a contratar un seguro para casos de siniestros.
"Además, Uber infringe los artículos 6.1.73 y 6.1.74 de la
ley 451 de faltas, que sanciona con multas a aquellas empresas de radio taxi
que funcionen sin habilitación, y a quien asigne viajes requeridos por vía
telefónica y por telefonía móvil de manera no autorizada”, informan desde el
Ministerio Público Fiscal. Por otro lado, se inició una causa por evasión
impositiva. "Tenemos la competencia del impuesto de los Ingresos Brutos, es una
causa por delito tributario”, agregó Lapadú.
También se intimó a las prestatarias de los servicios de
tarjeta de crédito porque, al tratarse de una actividad considerada ilegal, no
pueden operar. "Incluso podrían ser imputadas como partícipes necesarios de la
contravención de organización de la actividad lucrativa. Y los choferes podrían
ser imputados como infractores al artículo 83: no son organizadores pero son
realizadores de la acción lucrativa en espacio público sin autorización”,
apunta el Fiscal.
Como Uber no tiene ninguna filial radicada en el país, los
cobros se estaban realizando a través de la sede de Holanda. Pero esas
transacciones también están siendo rechazadas y eso complica la estrategia
agresiva que están llevando a cabo para seguir operando a pesar de las
prohibiciones.
