La disputa judicial por la posible reimpresión de 14 millones de boletas únicas en la provincia de Buenos Aires quedó en suspenso este sábado, luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) detectara un error en el trámite. El tribunal, presidido por Daniel Bejas, resolvió devolver la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA) a la Junta Electoral Nacional bonaerense al advertir que no se había dado intervención a las demás fuerzas políticas del distrito, un paso indispensable para garantizar el derecho de defensa y la bilateralidad del proceso.
La decisión llegó poco después de que la propia Cámara habilitara a Diego Santilli a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. Así, el fallo que había favorecido a Karen Reichardt quedó revocado.
Con la devolución del expediente, la definición sobre si se reimprimirán las boletas —pedido impulsado por el espacio libertario— se demorará aún más. La CNE ordenó a la Junta, integrada por el juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla; el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo; y la titular de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, que dé traslado de la apelación a los apoderados de los 15 partidos que comparten la boleta única. Recién después de cumplido ese trámite, el fiscal Ramiro González podrá emitir su dictamen y la Cámara quedará en condiciones de resolver.
En la resolución a la que accedió Infobae, Bejas señaló que “el caso constituye una cuestión de orden público” y que, al estar involucradas todas las agrupaciones políticas del distrito, “corresponde sustanciar el recurso en resguardo del principio de bilateralidad y del derecho de defensa”.
El conflicto se originó cuando la Junta Electoral rechazó el pedido de LLA de reimprimir las boletas, argumentando la “imposibilidad material y temporal” de hacerlo y calificando la solicitud de “jurídicamente improcedente”. En su resolución, la Junta recordó que el Código Electoral Nacional establece plazos y competencias estrictas y advirtió que una reimpresión implicaría un gasto superior a $12.100 millones, no previsto en el presupuesto.
Pese a ello, los apoderados de LLA —Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño— apelaron la medida. Alegaron que la reimpresión “es técnicamente posible y presupuestariamente viable”, siempre que exista una decisión judicial urgente, y señalaron que el Ministerio del Interior ofreció garantías en ese sentido.
Además, manifestaron su disconformidad con los plazos procesales y sostuvieron que la notificación del fallo anterior se realizó fuera de tiempo. Para el espacio libertario, la reimpresión “resulta materialmente posible y jurídicamente procedente”, mientras que desde el Gobierno insistieron en que la medida permitiría “garantizar la expresión genuina de la voluntad popular”.
Desde la Junta Electoral remarcaron que las etapas del proceso —presentación, aprobación, impresión, control y distribución— tienen tiempos fijados por ley y que modificarlos podría implicar “un riesgo institucional”. No obstante, LLA mantiene su posición: que la Justicia Electoral debe garantizar que el voto se emita en condiciones de información, imparcialidad y libertad, y que “el fin último de la normativa electoral es asegurar la expresión genuina de la voluntad del pueblo”.
Fuente: Infobae
