En nombre del Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un ambicioso proyecto de ley “ómnibus” que, en sus 664 artículos, contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, hasta diciembre de 2025. En su contenido se incluye una amplia reforma electoral, en la cual se incorpora el sistema de elección uninominal por circunscripción al estilo anglosajón, profundos cambios impositivos, una moratoria y un blanqueo.
Incorpora además en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones callejeras y agrava las penas por los cortes de calle; en especial para los organizadores. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar “fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación” toda “reunión o manifestación” y dice que el ministerio podrá “oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”. También, que “podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización”.
En su primer artículo el, la iniciativa –denominada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”– establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
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El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica una veintena de leyes. Entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020. Asimismo, se faculta al Poder ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
Asimismo, incluye un amplio régimen de regularización de activos. Incluye las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, sean considerados residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre de 2023, estén o no inscriptas como contribuyentes ante la AFIP. Respecto de los no residentes, podrán adherir todos los sujetos (sean personas, sociedades, o cualquier otro tipo de ente, contrato, o patrimonio de afectación) que no califiquen como residentes fiscales argentinos bajo la Ley del Impuesto a las Ganancias, por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina.
El capítulo dispone la emergencia en la administración pública, que abarca todas las dependencias del sector público; el capítulo segundo se refiere a la privatización de las empresas públicas: allí se declara “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, diversas empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal enumeradas.
