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SUSCRIBITEEl pedido fue formalizado por el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, y avalado por el juez federal Jorge Gorini, a cargo de la causa Vialidad, en la que Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Justicia Federal habilitó la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. El encuentro será este jueves, aprovechando la estadía del mandatario brasileño en Buenos Aires por la Cumbre del Mercosur.
El pedido fue formalizado por el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, y avalado por el juez federal Jorge Gorini, a cargo de la causa Vialidad, en la que Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En la resolución, Gorini remarcó que la exmandataria deberá “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”, tal como lo establecen las condiciones de su arresto domiciliario.
Lula llegará al país este miércoles por la tarde y su visita a Cristina Kirchner está prevista para el jueves 3 de julio, en medio de un clima político y judicial tenso.
Mientras se organiza el encuentro, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron en anular el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Cristina Kirchner. Presentaron un recurso ante el Tribunal Oral Federal N°2 para que la exmandataria cumpla su condena en una cárcel común o, al menos, en un domicilio distinto.
Entre los argumentos, los fiscales adjuntaron imágenes de manifestaciones frente al edificio de la calle San José y señalaron que “el lugar no garantiza condiciones mínimas de seguridad”, tanto para los vecinos como para la propia expresidenta.
“La prisión domiciliaria en esa dirección es un desacierto más del tribunal”, plantearon, además de advertir que los incidentes registrados desde que se otorgó el arresto domiciliario ponen en duda la posibilidad de resocialización o reinserción de la condenada.
Luciani y Mola también pidieron que, si no se revoca el beneficio, se impongan pautas de conducta más estrictas a Cristina Kirchner mientras se define su situación definitiva.