Asegura que se autopercibe mujer, tienen denuncias por violencia de género y violó y embarazó a una presa

El caso de Gabriel Fernández se conoció en las últimas horas, debido a la causa de violación por la que recibió una condena a prisión preventiva generando gran revuelo.

El primer ingreso a la cárcel como Gabriel fue en 2016. Al año siguiente se dictó su condena por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada a tres años de prisión. En noviembre del 2018, el Servicio Penitenciario la trasladó al área de mujeres, ya que había manifestado el cambio de identidad de género, siendo Gabriela. En abril del 2019, mientras estaba en detención, quedó acusada de otro delito contra una mujer: privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas. A los pocos días, pudo salir en libertad condicional.

A fines del 2019, se le abrió otra causa. Gabriela fue denunciada por su pareja que la acusó con su nombre masculino. Ella también la denunció. El expediente fue archivado. A fines del 2022, otra pareja también la denunció y el caso también fue cerrado.

En noviembre del 2023, estando en libertad, Gabriela quedó acusada de privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones leves calificadas contra su nueva pareja. Y a los pocos días volvió a ser denunciada por desobediencia ya que había intentado tomar contacto con su víctima, cuando existía una perimetral para no hablar con ella. Otra vez fue denunciada por la víctima por privación, violación de domicilio, coacción y desobediencia. Eso generó que se ordenara su detención.

En prisión, Gabriela denunció violencia institucional. Pero el escenario cambió el 17 de julio pasado: la justicia fue notificada de que habría abusado sexualmente de una interna, quien habría quedado embarazada. Ambas estaban alojadas en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario 3. Tras la acumulación de sanciones disciplinarias, fue trasladada a otra cárcel para proteger a la interna abusada.

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Ante esto, inició un proceso judicial que puso nuevamente en debate la discusión sobre violencia de género y las veces en la que un derecho vulnera a otros por malas intenciones. La Justicia no solo acaba de confirmar su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género para Gabriela. También dispuso su traslado a un lugar especial, en donde se respete su identidad, pero no se ponga en peligro a otras internas. “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”, sostuvo el fallo.

“Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”, dijeron los jueces de la Cámara de Acusación de Córdoba, con la firma de los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, al ordenar trasladarla a un lugar en donde no esté en contacto ni con mujeres ni con hombres.

“La imputada fue condenada por delitos vinculados a violencia de género, antes de su autopercepción como mujer. Ya en ese carácter, logró ser trasladada a un establecimiento exclusivo para mujeres, lugar donde cometió varios delitos vinculados a la violencia de género, siendo todas sus víctimas, claro está, mujeres que mantenían con Fernández una relación de pareja. Una vez en libertad, surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”, sostuvo el tribunal.

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Y detalló: “En consecuencia, resulta claro que para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas. Esta afirmación no es hipotética, es –en principio- un hecho denunciado por una víctima de la acción delictiva de Fernández”, dijo el tribunal.

Para el tribunal, es claro que “no estamos ante un caso de no reconocimiento de derechos, o de exigencias administrativas o judiciales excesivas o inapropiadas, se trata de una limitación fáctica que debemos tener en cuenta antes de tomar la decisión de un traslado de este tipo, asegurarse –dentro de lo posible- la falta de riesgo para el resto de las mujeres alojadas y las funcionarias del Servicio Penitenciario”.

(Con información de Infobae)