Este jueves Argentina debía enfrentar un examen más que complejo, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluaría, después de varios años, las normas nacionales y su efectividad contra el lavado de dinero, como también conocer si el país hacía aportes o financiamiento al terrorismo. La evaluación comenzó hace un año, y las gestiones de los últimos meses evitaron el peor escenario, sacando al país de la “lista gris” de GAFI.
Pero, ¿qué implica esto? Estar en la lista gris de la GAFI tiene un impacto de lleno en el acceso a créditos por parte de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (GFMI) y el Banco Mundial. Esto para el país no iba a ser conveniente, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro de Economía, Luis Caputo, inició negociaciones con el FMI para avanzar en un nuevo acuerdo.
El acceso a créditos no es todo. Cualquier país que forme parte de la lista gris padece limitaciones comerciales, es decir, restricciones a la importación y exportación por parte de otras nacionales, perjudicando el nivel productivo del país, y la presencia en mercados extranjeros.
También influye en las inversiones. Aquellos países que no pasaron la evaluación de GAFI no resultan atractivos para los grandes inversionistas, debido a que no hay seguridad financiera. Si el país entraba en la “lista gris”, una de las principales acciones del gobierno libertario como es el RIGI se vería en jaque y no generaría el impacto esperado, que es atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares en ocho sectores estratégicos.
El impacto negativo también se da en el sector bancario ya que, debido a un mayor riesgo, podrían cobrar tasas más altas por sus servicios.
La relación de Argentina con GAFI y las gestiones de los Milei para evitar la lista gris
Durante una evaluación realizada en 2009, el país quedó incluido en la lista gris del organismo que se encarga de identificar a las naciones que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. En aquel entonces una serie de irregularidades dejaron a Argentina en la mira.
Luego, en el 2014, durante la gestión de Cristina Fernández, el país dejó de estar bajo el monitoreo intensivo ante los avances en materia de legislación contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La última evaluación comenzó hace un año. Ante el cambio de gestión, el presidente Javier Milei y su hermana Karina realizaron varias gestiones en Francia para evitar una mala noticia ante los mercados que terminara obstaculizando las líneas de gestión del actual mandatario.
De acuerdo a lo que trascendió, las primeras acciones de Javier Milei fueron ante su par, Emmanuel Macron en julio. Además, a través de dos secretarios clave del ministro de Hacienda, Luis Caputo; y del brazo político de su asesor Santiago Caputo en Justicia, Sebastián Amerio. Por último, intercedió Karina Milei, quien accionó ante el ministerio de Economía de Francia durante su visita a París, la semana pasada.
Aún quedan dos etapas del proceso, y el GAFI todavía no emitió el comunicado sobre la aprobación del caso argentino, que se conocerá formalmente este viernes. El documento final del informe se conocería en diciembre, con una serie de recomendaciones para la Argentina. Ahora, en el Gobierno esperan a ver la letra chica para evaluar la viabilidad de los cambios que deberían implementar para sostener al país lejos de la lista gris.