editorial

Los deslices contables del Arzobispado de San Juan

Nada más lejos de cualquier desarreglo como el de Caucete que un obispo franciscano, que es el que debe poner la cara. Los años en que las compras y ventas se declaraban al 100%.
sábado, 21 de agosto de 2021 · 10:05

Por Sebastián Saharrea

En 1997, hace casi un cuarto de siglo, el Arzobispado de San Juan le vendió a la Universidad Católica de Cuyo un terreno ubicado en la parte posterior del actual predio universitario en un millón de pesos/dólares (en paridad por la convertibilidad). Su historia parece lejana pero sirve de referencia a los desajustes de estos días.

Durante años, la casa de altos estudios fue pagando esa financiación a razón de 20.000 dólares mensuales aun cuando cambiaron las condiciones cambiarias y el dólar dejó de estar en relación 1 a 1 con el peso. Pero esa no es la noticia, lo natural es que un deudor pague a un acreedor aún si los cambios políticos y económicos lo perjudican, como ocurrió entonces con miles de argentinos. La novedad fue que la operación fue registrada al 100% de su valor, atípico en cualquier boleto de compra venta terrenal pero de dimensión obligatoria para una entidad como el Arzobispado, la cúspide para cualquier mandato moral.

Es decir, suele ser costumbre un acuerdo entre partes para bajar el monto de una operación para que los tributos derivados no se conviertan en imposibles ni frustren una operación. Lógico, para cualquier mortal excepto para quien ordena ante todo a ser buen cristiano, lo que incluye por supuesto evitar la evasión impositiva.

Con el dinero de aquel terreno, el Arzobispado acometió la compra del terreno y la construcción del seminario sobre calle 5 del lado de Pocito, completado también con fondos públicos. También, en la compra del camping rawsino ubicado frente al cementerio, todas operaciones registradas al 100 % de su valor.

Pero hasta allí parece que llegó la prolijidad contable de la casa religiosa por excelencia de la provincia, a juzgar por los escándalos desatados a continuación con el manejo de los fondos provenientes de los diezmos o de los subsidios estatales.

Primero fue el foco en la especulación financiera de la gestión de Alfonso Delgado, quien recibió más de 600.000 dólares depositados en un paraíso fiscal de las Islas Caimán de parte de su antecesor Ítalo Di Stéfano, que luego Delgado traspasó a un banco de Miami y finalmente fue derivado al atractivo fondo de inversión de Bernie Maddock. El estafador de las celebrities en EEUU que en su voracidad tampoco tuvo piedad de los fondos del Arzobispado sanjuanino y lo obligó a contabilizar 223.000 de pérdida en ese pasamos.

Luego, el episodio Juan Brozina, el contador de la sede episcopal que fue sorprendido con las manos en la maza girando dinero del clero a sus cuentas personales y de terceros recién cuando ya llevaba más de medio millón de pesos desviados. Argumentó Brozina que ese dinero había sido empleado en abonar gastos personales del Arzobispo, lo que nunca pudo probar. Y fue beneficiado por un fallo judicial de suspensión del juicio a prueba, lo que implica que no hubo una apertura para investigar esos desvíos y al acusado no le quedó mancha en el prontuario.

Renacen ahora esos efluvios con un nuevo episodio judicial derivado del manejo de fondos de la entidad religiosa: la compra de una vivienda a un feligrés de Caucete en condiciones cuestionadas tantos por la situación de salud mental del “vendedor” como de los montos declarados.

Por lo primero, no parece acreditado que el vendedor apareciera en una situación de incapacidad que le impidiera vender sus bienes. Sí aparecen nubarrones en el asiento contable, los comprobantes de pago y alguna eventual maniobra destinada a perjudicar a los herederos, lo que constituiría una estafa con protagonismo del Arzobispado.

En suma, o se trata de una subfacturación flagrante con la intención de perjudicar al fisco, o se trata de una maniobra aprovechándose del abuso de confianza del fiel caucetero. Lo primero, operaría si alguien recibió el valor de mercado de la propiedad que compró el Arzobispado, que es de unos 8 millones de pesos mínimo, y registró una operación de compraventa por sólo millón, como efectivamente está registrada la venta.

Lo segundo, si la intención era poner en manos de Arzobispado la propiedad como una especie de donación pero simulando una venta, de manera de eludir también los derechos hereditarios de los hijos. Para tener claro, la operación efectivamente fue por un millón en lugar de mínimos 8, pese a que tampoco hay rastros efectivos de pago de ese millón. Entonces, surge la pregunta sobre si existe hay una estafa a terceros (los hijos del vendedor) abusándose de la confianza propia de un fiel intenso.

Lo que ley prescribe como defraudación agravada, cuando alguien se abusa de una necesidad, pasión o inexperiencia de un menor o incapaz –sea o no declarado como tal- para hacerle firmar un documento. El delito por el que se abrió una investigación a monseñor Carlos María Domínguez y a la escribana Ana Celani.

La ley establece que una persona no puede vender completamente su patrimonio sin tener en cuenta el derecho de terceros. Si son hijos, es decir descendientes, la prescripción legal es que sólo se puede disponer libremente de un tercio del patrimonio. La ley lo define como la porción legítima. Y ahí es donde nacen las especulaciones.

Porque si se trató de un feligrés caucetero defraudado por una supuesta poca atención de sus hijos y quiso por ese motivo transferir su propiedad a una religión con la que sí se sintió contenido, lo lógico es que el contador episcopal haya advertido que no podía donar la casa, ni siquiera venderla. Y menos haciéndola pasar por una suma irrisoria, algo que el contador debe conocer muy bien.

Dejando de lado por un momento la declaración o no de insanidad del “vendedor”, lo que cobra relevancia es la maniobra contable. Desprolija por donde se la mire, con un agravante más: no hay registro evidente siquiera de que se hubiera abonado el monto que se declaró, ese millón de pesos, sobre el que cuesta encontrar una transferencia o movimiento de dinero. Es decir que, además de subdeclarado el valor, ni siquiera se pagó nada. Se firmó y transfirió el bien sin que mediara una moneda.

Entra entonces en juego lo que afirmó el abogado de la escribana Celani, José Becerra, quien descolocó a los hijos del “vendedor” –los que reclaman- porque sostiene que el padre les había adelantado parte de su patrimonio. Para no estar reñido con la ley, debió ser por una suma equivalente a lo que cuesta la propiedad que le vendió al Arzobispado. Los 8 o 10 millones, no el millón que se declaró. Es decir, transferirle bienes documentados por 20 millones de pesos.

La cuestión es que la operación se deshizo rápidamente, pero apenas ante la posibilidad de haber incurrido en una defraudación por llevar a un incapaz a la firma de un documento de venta. Y no ante las gruesas desprolijidades contables que hay atrás, incompatibles con la función de una sagrada entidad religiosa.

Ante la ausencia del jefe de la Arquidiócesis sanjuanina –monseñor Jorge Lozano está en Colombia desde hace más de un mes y medio enviado por el Papa Francisco a la Celam-, le toca a Carlos María Domínguez capear el temporal. La semana pasada reapareció en una ordenación sin ganas de hablar. Por lo bajo, se le escuchó decir que no la está pasando bien.

Se entiende: aparece como sospechoso en una causa de defraudación que continuará pese al retroceso de la venta, sencillamente por estar a cargo del Arzobispado. Como todo Franciscano, su principal dedicación es rezar y pensar en el prójimo. Se comprende que ni siquiera habrá escuchado hablar jamás de los protagonistas del episodio de Caucete, hasta que se enteró ya con la emergencia encima. En estos días, deberá resolver si suelta o no el lastre contable.

 

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