editorial

En la UNSJ parió la abuela

Encima de las demoras por la pandemia que retrasaron el recambio de rector más de un año, cayó ahora una serie de fallos judiciales dudosamente oportunos. Bomba institucional, cómo llegamos y qué pasará.
sábado, 12 de junio de 2021 · 10:13

Por Sebastián Saharrea

Sobre llovido, inundado. Los malabarismos institucionales para llegar a la fecha pactada para las elecciones de recambio de autoridades en la UNSJ en medio de una (¿imprevista?) escalada de casos de Covid en la provincia y el país, se dieron las narices contra una sentencia federal en la última noche previa a la demorada cita con las urnas. Para seguir con el refranero popular, tanto nadar para ahogarse en la orilla.

Nada inocentes unas y otras, la fijación de una fecha adecuada en medio del tembladeral de la pandemia y la lluvia de sentencias judiciales acuñadas por el fuero federal en la última semana. Se analizarán ambos más adelante, luego de valorar sus dramáticas consecuencias: una bomba institucional sin antecedentes en la historia universitaria reciente.

Un tembladeral descripto por la enumeración precisa de los hechos: a un año de transcurrida la prórroga de los mandatos, -extraordinaria por pandemia, aunque un poco larga-, no se sabe cuándo se acudirá a las urnas para producir ese reemplazo por la vía institucional, mucho menos cómo se hará ni quiénes estarán habilitados para hacerlo, quiénes serán los candidatos y un plus nada menor. El designado a seguir pese a su voluntad –porque no hay otra alternativa y sin reemplazo por el fallecimiento de la vicerrectora Mónica Coca- es el rector Oscar Nasisi. Inhabilitado para, justamente, desempeñar cargos públicos por una sentencia que se conoció esta misma semana, coincidentemente o no.

Una tormenta perfecta a la que contribuyeron todos los actores políticos de la universidad, lo que los inhabilita a pasar por distraídos. Es que en estas elecciones se verificó el aterrizaje en tierra universitaria de fuertes intereses ajenos a su vida institucional por siempre. Entre los que son sus formatos la aparición de campañas rentadas, militancias sostenidas por empleos públicos tradicionales en municipios; o este fanatismo recursivo ante la justicia, tan desacostumbrados para un proceso para elegir rector o decano.

Acciones propias de cuando hay mucho en juego, demasiado, y se deben defender intereses a uñas y dientes. Alejadas de la sana candidez de una elección universitaria, nada inocente por cierto y con sus propios pasajes retorcidos, pero por naturaleza más inclinada por el debate de ideas o confrontación de proyectos más que por el despliegue de un menú de herramientas de chicanas y zancadillas.

Señores, han llegado los partidos políticos a tomar del cuello a la universidad. Sin que sea un pecado su aparición, sólo que lo hacen en la peor de sus facetas. Y todos lo convalidaron, entre los que posaron para la foto del Rectorado del jueves a lamentarse por sus consecuencias y los que decidieron marcar su faltazo.

Hay un despliegue presupuestario desacostumbrado en este aún pendiente proceso eleccionario, con fondos mayoritariamente proveniente de los partidos políticos. ¿Qué tienen que defender esas estructuras clásicas en los ámbitos universitarios?, ¿por qué ponen dinero en el bolsillo de tal o cual candidato a rector? Todas las campañas, esta vez un record de 5, lo aceptaron.

Hay hasta casos de municipios que albergan entre su nómina de empleados a la plana mayor de los dos grupos estudiantiles universitarios, y desde allí operan en los comicios y hasta preparaban recursos para el despliegue del día de la elección. Hay usinas publicitarias muy importantes y costosas, servicios de robots para el voto en las encuestas de los diarios, pequeñas delicias de una elección convencional trasladada a los claustros.

Hasta que llegó la hora de la justicia, la figurita que faltaba. Habitual protagonista de procesos políticos tradicionales, también de inédita presencia en una universidad. Inicialmente con el anuncio de la sanción penal al rector Nasisi, que no es inocuo en el tablero político universitario. La última, de la Cámara Federal de Mendoza sobre el disco de sentencia, tomó por asalto y dormida a la mayoría de los protagonistas del cruce que iba a saldarse en las urnas pocas horas después.

Primero fue la lectura del fallo por la muerte de un estudiante de Ingeniería, el lunes pasado y tras 11 años de demora. Justo cae en la semana de las elecciones, una noticia que no resultaría invisible es ese contexto: a alguien beneficiaba, y a alguien perjudicaba también. Eternas demoras y de repente ese apuro por dar a conocer la sentencia en medio de la campaña.

Sazonado con el condimento de tratarse de una sanción penal inédita, de una estela atemorizante hacia cualquiera que conduzca un organismo –público o privado- en el que hay numerosas dependencias y donde puede ocurrir una fatalidad. Por ejemplo, la plaza de un departamento. ¿Dónde cortar la cadena de responsabilidad de una negligencia? La justicia federal incluyó al entonces decano Nasisi por una nota elevada previamente en la que constaban los peligros.

Pero lo más significativo de ese primer fallo a los fines de la historia que seguiría, sería el apartado de la inhabilitación: cinco años para ejercer cargos públicos (aún puede ser apelado y no está firme) hacia quien la posterior resolución de la Cámara obligó a permanecer sin salida. Flagrante contradicción en los tribunales federales.

Luego vino el terremoto del miércoles en la madrugada, obligando a suspender las elecciones de pocas horas después y disponiendo tácitamente la continuidad de un Nasisi inhabilitado hasta que se hagan nuevas elecciones y surja un nuevo rector, que no se sabe cuándo será. Lo primero a evaluar, la oportunidad: justo en la madrugada previa, encontrando dormida a la dirigencia por completo, la oficialista y la opositora.

Una presentación de meses atrás, que encontró el frenazo brusco justo sobre el disco de sentencia, un dato excluyente: nuevamente, a alguien beneficia, a alguien perjudica. En esa interpretación de conveniencias estalló la pulseada estudiantil entre un grupo peronista en el que uno (Encuentro, de Berenguer) acusa a otro (Ideas, de Nasisi) de haber fogoneado la suspensión para permitir el ascenso de su candidato Gómez. El nasisismo contraataca sosteniendo que hay otros sectores interesados en hacer fracasar el proceso, sectores partidarios y afines a otros candidatos (hubo dos que no fueron a la conferencia de “lamento”). Ninguna de todas esas cosas está demasiado clara, especulaciones hay muchas, evidencias pocas. Lo que sí parece incuestionable es que se trata de una bomba que estalló en la cara de todo el sistema, con complicidades amplias y surtidas.

Como en el caso de la piedra de toque de este escándalo, la famosa titularización de docentes. Ocurre que la ley federal establece la obligación de haber concursado, mientras el Consejo Superior de la UNSJ aprobó hace años que pueden hacerlo lo interinos titularizados por el paso del tiempo (5 años). Otra vez: beneficia a unos, perjudica a otros. Y en eso se apoyó el reclamo de la docente Mónica Morvillo que coronó en Mendoza.

Lo que convirtió en costumbre no concursar: años de relajo bajo el visto bueno de rector, decanos de todos los sectores políticos que dejaron hacer, se convirtieron en mayoría. Hoy son 1.200, casi el 80% de toda la UNSJ, con candidatos en estas elecciones incluidos. Indispensable dejar claro: todos lo fogonearon, lo aprobaron, lo consintieron, incluso alguna vez la propia Morvillo. Y ahora, sobre el disco de sentencia, es el motivo de una asombrosamente oportuna bomba institucional que tiene del cuello a la UNSJ. Tanto jugar con fuego, que al final te quemás.

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