Por Gustavo Martínez Puga
La justicia ordenó realizar una inspección ocular en el corazón de la Cordillera de los Andes, para constatar los trabajos de exploración que se están haciendo en el proyecto minero Altar-Río Cenicero, en Calingasta.
Es a raíz de una denuncia por daños ambientales que se hizo en el 2012 ante la Fiscalía de Instrucción N° 4 por parte de una sociedad anónima llamada Campo Cortez Monroy (CCM).
La causa cayó en el Cuarto Juzgado de Instrucción, donde el juez Maximiliano Blejman se inhibió y le dio intervención a la Justicia Federal. Pero en ese fuero resistieron esa decisión con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual dice que el fuero federal sólo debe intervenir en denuncias cuando los supuestos daños ambientales afectan a dos jurisdicciones distintas (dos provincias).
Como éste no era el caso, la causa volvió al Cuarto Juzgado de Instrucción y allí fue cuando la fiscal María Teresa Ravetti de Ramet ordenó tomar "medidas previas”, un paso anterior a que la representante del ministerio público le diga al juez si requiere o no abrir una investigación penal.
En ese marco es que ahora se decidió hacer una inspección ocular en el proyecto minero que explora en la búsqueda de cobre, principalmente, aunque es una zona en la que también puede haber plata y oro.
Para hacer esa inspección ocular, el juez Blejman decidió formar una comisión especial y le dio intervención a la Policía Minera, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Universidad Nacional de San Juan, quienes deberán designar las personas especializadas para subir a la cordillera y constatar los datos aportados por el denunciante.
Como medidas previas, la justicia también le pidió al Ministerio de Minería información respecto de ese proyecto minero, ya que el denunciante cuestiona la legalidad de la posesión minera de las empresas.
También la justicia pidió tener acceso al censo de glaciares que se inició en el 2012 y se finalizó en el 2014, el cual cuenta con el aval de dos institutos de la Universidad Nacional de San Juan.
La firma comercial CCM que hizo la denuncia informó que es la propietaria de 20.000 hectáreas y recurrieron a la justicia penal para pedir que intervenga por una serie de supuestos delitos que habría cometido la sociedad de las empresas Stillwater Minig y Peregrine Argentina dentro de 5.000 hectáreas en las que tienen el proyecto minero.
"Ocuparon parte de la propiedad sin tener el consentimiento de sus propietarios, tal como dice el Código Minero; cercaron, pusieron una tranquera con candado y no permiten que sus dueños ingresen, están contaminando glaciares y periglaciares que son fundamentales para las nacientes del Río San Juan en la Cuenca Sur; y están generando a mis clientes un daño a la explotación turística y a las veranadas que se realizan en la alta montaña”, argumentó el abogado Nasser Uzair, representante legal de la sociedad anónima.
Antes que se concrete la inspección ocular ordenada judicialmente, el abogado Uzair dice que solicitará al juez que autorice al experto en glaciares Pablo Milana como perito por parte de la empresa CCM que representa.
