Una lesión en el codo generada en un picadito de fútbol entre compañeros de trabajo le puede costar al Estado $1.200.000. El caso es emblemático y está a punto de ser resuelto por el juez Pablo Oritja, de la Segunda Circunscripción Judicial. Un agente de la Policía de San Juan, de apellido Muñoz, participó en una jornada de intercambio laboral entre uniformados de Jáchal e Iglesia. En el encuentro se armó un partido de fútbol. En un choque con un compañero, Muñoz se lesionó el codo. La ART se hizo cargo y desembolsó $260.000 en atención médica y en una renta que se le pagó en forma mensual. Al mismo tiempo, le inició juicio al Estado por daños y perjuicios por $1.200.000. El litigio se encuentra a un paso de ser resuelto.
El hecho se dio a mediados del 2010 durante una jornada en la que participaron uniformados de la seccional 22º (de Rodeo) y de la comisaría 21º (de Jáchal). Como es habitual en este tipo de encuentros, además de intercambiar experiencias, los policías decidieron jugar un partido de fútbol. Fue durante un picadito de fútbol cuando Muñoz al saltar para luchar por una pelota se lesionó el codo. El dolor agudo lo llevó inmediatamente a recibir atención médica.
Cualquier deporte en este tipo de encuentros deben practicarse bajo la supervisión de un profesor de educación física, incluso la reglamentación de las jornadas laborales lo estipula en su normativa. A pesar de que no había ningún profesional, de igual modo los uniformados decidieron jugar al fútbol, asumiendo los riesgos que la práctica deportiva genera.
Ante casos de accidentes de empleados estatales actúa la ART del Instituto del Seguro, con la que tiene convenio la Provincia. El accidente de Muñoz no fue la excepción y el agente recibió atención. Allí se le encontró una lesión en el codo, que requería consultas regulares con el médico, visitas al kinesiólogo y rehabilitación. Además, debido a lo dolorosas que suelen ser estas lesiones, se le asignó una renta (una suma fija) que se le pagó en forma mensual. En total, la ART desembolsó $260.000.
Paralelamente, el agente Muñoz representado por el abogado Waldo Segovia, le inició acciones legales al Estado por "daños y perjuicios”. La intención de Segovia era reparar integralmente los daños que le generó al policía la lesión sufrida en el partido de fútbol. Según consta en la acción iniciada por el doctor Segovia, la Provincia debe resarcir a Muñoz por el daño moral, el daño lucro-cesante (al no poder trabajar) y el daño psíquico que le ocasionó la lesión sufrida en el codo. La suma reclamada al Estado por Muñoz es de $1.200.000.
En el 2011, la demanda entró en instancia de mediación. Durante esta etapa, el abogado que representó a Muñoz dijo que podían arreglar por $300.000. La propuesta fue rechazada por los abogados de Fiscalía de Estado y la causa llegó a la Segunda Circunscripción Judicial.
"Ni con esa rebaja aceptamos la propuesta de la mediación, es un juicio que está cerca de terminar. Me negué a arreglar porque primero pagó la ART, segundo porque lo que pagó la ART no obliga al Estado a pagar ya que hablamos de otro tipo de relación contractual. El dictamen de la comisión médica creada por la Ley de Riesgos de Trabajo no obliga al Estado a pagar, obliga a la ART”, dijo el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis.
El funcionario aseguró que Muñoz tiene que probar los daños que dice haber padecido tras la lesión. "Quiero que me prueben en qué falló el empleador (en este caso el Estado). Quiero saber cuál fue el deber legal que como empleador no cumplí, cuál fue el riesgo al que el Estado expuso a Muñoz”, agregó De Sanctis.
Actualmente el juez Pablo Oritja tiene la causa desde el 2011. Según informó el Fiscal de Estado, el caso está cerca de resolverse.
La acción legal iniciada por Muñoz fue un caso emblemático pero no el único de características similares que ingresó a Fiscalía de Estado. Agentes penitenciarios, policías, maestros y empleados estatales le han iniciado acciones legales al Estado por accidentes parecidos al que protagonizó el agente Muñoz.
Para evitar pagar de más, Fiscalía firmó un convenio con el ministerio de Salud Pública gracias al cual el órgano estatal pone a disposición peritos médicos para que constaten las pruebas de las juntas médicas que presentan los empleados estatales en los juicios.
"Era muy común que los estatales le cobraran a la ART y luego le iniciaran acciones legales al Estado para que también pague. Era una tendencia pero que ya está en vías de extinción. Se terminó el Estado bobo que paga”, concluyó tajante De Sanctis.
Cambios en la ley
Tras la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo actualmente no se puede iniciarle juicio a la ART y al empleador (sea el Estado o una empresa privada). Ahora la persona que sufrió el daño, le puede iniciar acciones legales a una de las dos partes, no a ambas.
