Coparticipación: entre tanto revuelo, lo que le conviene a San Juan

Fue la justicia la que abrió el juego más delicado de la política argentina, y lo hizo desde la supuesta inocencia de no conocer el alcance su decisión. La Corte pegó el sacudón con la consistencia de cosa juzgada y sin tribunal de alzada para apelar. Fue una jugada extraña: lo anunció el primer día hábil posterior al triunfo de Macri como presidente con el voto de tres de sus integrantes ocasionales. Lo de ocasional va porque el máximo tribunal está integrado hasta el jueves próximo por 4 miembros, pero aprueba con 3 porque su constitución legal es de 5. De esos 4, Fayt anunció su renuncia desde el 10 de diciembre y en la última semana firmó un fallo crucial junto a Lorenzetti y Maqueda, en un voto que fue determinante porque Highton de Nolasco no puso su firma. Claramente, no fue un fallo inocente, ni el momento casual.

Más allá de los aromas o los olfatos –y las lecturas que puedan desprenderse de eso- la decisión abrió una catarata secuencial de medidas posteriores que puede terminar beneficiando a San Juan por el grifo de fondos que llegará y antes eran retenidos por la Anses, pero que puede terminar en un debate a fondo de un nuevo sistema de coparticipación federal. Que es lo que la provincia deberá evitar, por los motivos que se explicarán.

Pero primero habrá que ver cómo quedará la caja provincial entre tanto pasamanos. La primera ecuación resultará claramente a favor, por cifras que nadie se hubiera atrevido a soñar: $3.051 millones automáticos por 15 % que se retenía para ANSES, unos $2.586 millones; más el 1,9 % que iba a AFIP, $465 millones, unas 5 grillas salariales completas de la provincia. En el corto plazo, asunción de Macri mediante, el optimismo debería ser sujetado a rienda corta. Veamos.

La suma millonaria deriva del propio fallo de los supremos, que consideraron inconstitucional el descuento del 15% de los impuestos coparticipables que corresponden a las provincias para destinarlos al ANSES, a partir de 2006. Es una medida que se tomó en el año 1992 para compensar el desfinanciamiento de la caja de jubilaciones como consecuencia de la creación del sistema de AFJP, que aspiraba los aportes de los activos mientras los pagos a los pasivos los seguía haciendo el Estado. Ese desequilibrio motivó el manotazo, luego consagrado en ley en el 2006, de allí el reclamo de tres provincias (Córdoba, Santa Fe y San Luis) que la Corte terminó ahora convalidando.

Pero resulta que después de semejante fallo, se inició una semana de vértigo. Porque la decisión judicial habilita dos consecuencias: que la Nación deje de retener el 15% considerado inconstitucional por la Corte y ya como sentencia firme e inapelable, y que cada provincia reclame el retroactivo que le corresponde por la mala liquidación de 10 años, desde el 2006 que es el plazo que fija el fallo. Aunque ahora el fiscal de Estado sanjuanino Guillermo De Sanctis calculó que la mitad de ese término está vencido según el Código Civil, ya que corresponde –y reclamará San Juan- es el retroactivo de la mitad de ese término.

Vamos por lo primero, el descuento de este año. Porque conocida la sentencia, CFK decidió emitir un DNU inspirado en la igualdad de las provincias y ordenando la devolución del aporte mal retenido a lo largo del año. Son 57.700 millones descontados en 2015, de los cuales corresponden esos $2.500 a San Juan por índice coparticipable. Lo establece el DNU firmado por la presidenta que decidió además que ese agujero en la caja de jubilaciones sea cubierto por aportes del tesoro (Rentas), para que el próximo aumento a jubilados no caiga porque se realiza teniendo en cuenta la recaudación del ANSES.

Ahora, ese decreto establece una carrera contra el tiempo. Como todos los DNU, debe ser aprobado en los siguientes 10 días hábiles por el Congreso, que en el medio cambiará de color pero seguirá dominado por el FpV. Además, a cualquier legislador de cualquier color le costará ir contra el interés de su provincia, además de una decisión de la Corte. Lo que quedará pendiente es si la ejecución de ese pago de esa suma se realizará antes de la asunción de Macri, porque el flamante presidente ya se quejó por el DNU de su antecesora y no se descarta que pretenda revertirlo. Si lo hace, puede utilizar de igual manera un DNU, aunque lo tendrá que refrendar luego en el Congreso.

Como puede advertirse, sin considerar siquiera el retroactivo, se trata de una suma que cambia de raíz la ecuación económica de las provincias, que no la calcularon en sus presupuestos y que incluso no tienen la certeza de cobrarlo. Pero que también pone en aprietos a la Nación que deberá tapar el hueco con cesión de impuestos, actualmente imputados a otro sector. O recortar el alcance de las asignaciones del ANSES.

Por el retroactivo no hay datos firmes sino muchos matices y un claro cruce de deudas con acreencias que muy posiblemente resulten compensadas. El economista Roberto Quesada, especialista en impuestos, calculó originalmente la acreencia de San Juan en unos $7.500 millones más intereses desde el 2006, lo que cómodamente duplica esa cifra. El ministro de Hacienda entrante, Roberto Gattoni, prefirió ser cauto, pero indicó que la cifra no está muy lejana.

Es mucho dinero, pero es necesaria la cautela. Porque así como a San Juan le nació de la nada una alta acreencia con la Nación –que deberá revalidar en la Corte, con todas las dilaciones que se pueden prever-, también tiene deudas y vasos comunicantes políticos que harán necesaria una larga e intensa negociación.

Es que justamente un par de días antes del sorpresivo fallo de la Corte, los gobernadores y la presidenta CFK acordaron patear un año para adelante el tiempo de gracia para que la Nación descuente el crédito a favor que tiene como acreedor. Ese crédito es por haber salido como salvavidas de las deudas provinciales –contraídas por endeudamientos en el exterior o emisión de bonos- acordadas por Néstor Kirchner y 15 provincias argentinas entre ellas San Juan. Esa devolución de deuda tuvo un plazo de gracia original de 2 años, que se fue prorrogando por tres meses hasta llegar a este diciembre, cuando vencía y no había certeza sobre si sería extendido el plazo para no pagar. Al punto que San Juan hizo su presupuesto sin tener en cuenta el beneficio, que hace pocos días fue extendido por un año más, es decir a diciembre de 2016. Ese día, en teoría, San Juan  deberá iniciar la devolución con unos $125 millones.

Pero más allá de cuándo se pague, la deuda existe, y en el caso de San Juan es millonaria aunque manejable. Por eso habrá que ver el avance del reclamo sanjuanino en la Corte para que le sea devuelta la mala liquidación del 15% al Anses para evaluar si una parte de esa deuda se puede compensar. Como también nadie descarta que el gobierno de Macri haga jugar en ese juego de deudas y acreencias alguna obra pública financiada por la Nación, o su condición de garantía para un crédito de obras, etc. Alternativas no faltarán.

El otro aspecto, que devuelve al origen del enfoque, es la cuestión de fondo. Porque el DNU de Cristina luego del fallo de la Corte que dispone la liberación de ese 15% retenido indebidamente señala que la Nación dejará de percibir esa suma "mientras tanto se discuta un nuevo régimen federal que suplante al actual”. Es decir que ordena a debatir un nuevo sistema de coparticipación, algo que ya hizo infructuosamente la Convención de 1994 que reformó la Constitución e incluyó el mandato en una de sus cláusulas transitorias ya recontra vencida.

Y eso es justamente a lo que San Juan debe correrle el cuerpo. Porque el sistema de coparticipación vigente otorga a la provincia un coeficiente de 3,6% de lo recaudado. Es decir, un porcentaje nítidamente por encima de cualquier parámetro que se pueda utilizar para la repartija, producto de la habilidad de Leopoldo Bravo en los años 80 cuando negoció con Raúl Alfonsín su sintonía política en el gobierno provincial primero y, especialmente, en el Senado después.

Ese porcentaje para San Juan es el que continúa vigente, y que en cierta forma perjudica a otros distritos: por caso Buenos Aires, que sólo recibe el 21% de lo recaudado cuando su población explica el 40%. Si se vuelve a discutir el reparto entre las provincias, lógicamente los perdedores de hace 30 años (al ex gobernador radical bonaerense Alejandro Armendáriz se lo estigmatiza por esa pésima negociación) buscarán recomponer posiciones, y no sería extraño que pretendan hacerlo a costa de los que quedaron mejor posicionados como San Juan.

Por eso será un debate en el que no conviene entrar, y hasta se puede afirmar que será muy difícil que pueda avanzar. A no ser que la solución pase por engrosar los montos coparticipables (primaria) sin desatar el nudo del reparto entre las provincias (secundaria), o que a los que más reclaman se los compense con otra fuente de recursos, como alguna vez fue el Fondo de Compensación al Conurbano duhaldista.

En un escenario en el que todos patalean, hay una llave de plata que es que cualquier modificación debe contar con la aprobación legislativa del 100% de las provincias. Difícil. Por eso, de eso no se habla.