En el municipio de la Capital están investigando internamente tres casos donde un empleado supuestamente infiel fue acusado de cobrar menos de lo que corresponde por otorgar permisos de construcción en la oficina Técnico Administrativo que depende de la Secretaría de Planificación Urbana, ubicada en el segundo piso del palacio municipal. Uno de esos hechos ya está en la justicia penal.
Por ahora no se sabe si actuaba solo o hay más municipales involucrados. Ni tampoco se sabe cómo hacía para adulterar la documentación porque entregaba certificaciones oficiales.
El arquitecto Fabricio Alejandro Corallo es una de las personas que fue a tramitar un permiso y recibió la propuesta presuntamente ilegal realizó la denuncia en la Seccional Primera y originó una causa penal que está en el Cuarto Juzgado de Instrucción, donde es inminente el llamado a indagatoria del empleado sospechoso.
Hay otros dos casos que también fueron puestos en conocimiento de las autoridades de la municipalidad. Uno de ellos es un vecino de la ciudad identificado como Aitor Andrés Luluaga. Y el tercero fue con la empresa Panedille.
REORGANIZACIÓN
De inmediato, el intendente Franco Aranda ordenó un sumario administrativo para ver si hay más empleados municipales de planta involucrados. Ese trabajo está a cargo de la Asesoría Letrada que dirige Grace Ann Bridge.
Cuando finalice el sumario, lo que ocurrirá durante el mes de octubre como plazo máximo, el jefe comunal decidirá si amplía la denuncia penal o si se constituye como querellante ante la justicia, según fuentes oficiales de Capital.
El escándalo interno que ahora toma estado público por Tiempo de San Juan llevó a que el intendente Aranda sacara el decreto N° 1360 el 4 de agosto de 2016 para reorganizar toda el área Técnico Administrativa que quedó bajo un manto de sospecha.
El caso llenó de indignación a los empleados con más antigüedad del municipio capitalino, debido a que el sujeto en cuestión había sido ayudado en lo personal en reiteradas oportunidades y su presunto accionar delictivo ahora los pone a todos bajo sospecha y en el tapete público.
QUIÉN ES
El empleado investigado penal y administrativamente está identificado en los documentos como "Miguel Ángel Agüero de la Vega, personal efectivo, agrupamiento profesional nivel F de la Secretaría de Planificación Urbana, Departamento Técnico Administrativo”.
En cuanto estalló el escándalo, el Coordinador de Gabinete y el Secretario de Planificación Urbana sacaron la resolución N° 2320 el 12 de julio de 2016 ordenando el traslado de Agüero a la Dirección de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobierno, la cual funciona en las inmediaciones del Centro Cívico.
"Allí cumple tareas administrativas y no tiene contacto con el dinero. Hasta octubre el municipio tiene tiempo legal para terminar el sumario y decidir qué va hacer con el empleado. Finalizado ese plazo, Agüero legalmente debería retornar nuevamente a la oficina donde se otorgan los permisos de construcción”, precisó una fuente oficial de Capital.
LOS CASOS
En el considerando del expediente 8625-C-2016 se dejó oficializado el primero de los hechos.
Allí dice que el arquitecto Corallo presentó una denuncia por una situación "de extrema irregularidad producida en el Municipio, en el Área Técnico Administrativo”.
Dice Corallo el documento que "al concurrir a la mencionada oficina para conocer el monto a pagar de Derecho de Edificación para dos viviendas es recepcionado por el Sr. Miguel Agüero, empleado del Municipio de Capital, quien le informa que el monto es de $ 13.880 aproximadamente por cada vivienda ($ 27.760 en total). Collado le dice que luego volvería y antes de retirarse Agüero le dijo
. Sacando un nuevo cálculo en $ 1.450 cada obra,
vagos de allá abajo>. El nuevo valor que calcula finalmente es de $ 10.900 ($ 16.860 menos que el cálculo originario)”.
Todos esos detalles fueron aportados por el arquitecto Corallo al municipio de la Capital, junto al certificado de denuncia en la Seccional Primera.
SEGUNDO CASO
El otro caso quedó plasmado en el expediente 8713-L-2016.
Allí dice que "el Sr. Aitor Andrés Luluaga denuncia un hecho de extrema gravedad sucedido el 5 de julio de 2016 en el Municipio de Capital cuando realizaba el pago del Derecho de Edificación de una obra que se encuentra en ejecución. El Sr. Agüero no se encontraba en ese momento y el Sr. Blanco y una señora le hicieron el cálculo. Concurrió a la Dirección de Rentas para obtener la boleta de pago. La abonó en el cajero del Banco San Juan que se encuentra en el edificio municipal. Luego de haber cancelado el monto calculado en $ 37.700 pesos, el Sr. Agüero lo interceptó y le preguntó si había pagado. Al mostrarle la documentación le dijo que había un error en el cálculo y que le iba hacer un descuento para pagar mucho menos. Siguiendo su consejo preguntó en el Banco cómo hacer y le solicitaron que presentara una nota, la que fue redactada en la oficina del Sr. Agüero. El Sr. Agüero realizó un nuevo cálculo y los nuevos papeles necesarios para realizar el pago de Derecho de Edificación y lo condujo a la escalera en la planta baja. Allí le requirió la suma de $ 5.000
, lo cual lo sorprendió, y le entregó el dinero, no alcanzando a comprender los motivos. Con ese dinero Agüero ingresó a Rentas y salió con la boleta de lo que debía abonar en el Banco San Juan $ 15.749 ($ 21.951 menos que el cálculo original). Luego de cancelar la boleta volvió a la oficina de Agüero, quien le entregó la documentación correspondiente que acredita el trámite cumplido. El Sr. Luluaga manifestó claramente al Sr. Agüero que no estaba de acuerdo con lo sucedido. Por todo lo expuesta solicita se arbitren las medidas que estimen corresponder”.
Del tercer hecho, donde el empleado supuestamente infiel le habría cobrado $ 50.000 a la empresa Panedille en permisos de construcción, no se informaron mayores detalles, pero en el municipio sí están al tanto.
ANTECEDENTE
El 28 de agosto de 2012 se produjo otro escándalo con un pedido de coimas filmado con una cámara oculta legal que involucró a una inspectora de la Municipalidad de la Capital. Ese hecho terminó con una polémica: el ex intendente Marcelo Lima echó a la empleada infiel mediante un decreto fechado el 2 de febrero de 2015.
Sin embargo, durante esos tres años la causa penal nunca avanzó en el Segundo Juzgado de Instrucción, donde se montó el operativo de filmación y la detención de la empleada infiel por la denuncia del ex jefe de gabinete que acompañó al comerciante a quien la inspectora le pedía una coima a cambio de no clausurarle el negocio.
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