Días atrás se conoció el fallo del juez Sergio Rodríguez del Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, que le da la razón a un vecino de apellido Chiffel de uno de los barrios construidos por la Cooperativa Gualcamayo, declarando prescripta una deuda y obligando a dar la escritura de la casa. Es un histórico pleito que involucra a alrededor de 1.000 casos en San Juan, Mendoza y Córdoba, y en la organización SAMAG (Sistema de Ayuda Mancomunada de Adjudicatarios de Gualcamayo) creen que esto sienta jurisprudencia para resolver el caso de todos. No obstante, el fallo fue apelado por la defensa de la cooperativa, según confirmó el asesor legal de Gualcamayo, Gustavo Mulet, considerando el fallo nulo.
El letrado esgrimió que “es un solo caso y creo que la sentencia es nula porque oportunamente la Corte de Justicia de la Nación dispuso que todas estas causas corresponde que se tramiten en la justicia federal. Fue comunicado al juzgado (local) y no se ha apartado”. Además, dijo que “la sentencia en sí es ilegal, dice que está prescripto el pago y entonces si está prescripto a cobrar el precio también el derecho a escriturar. Creemos que es un fallo poco equitativo, el juez no evaluó bien, hubo leyes de la legislatura local suspendiendo remates o de orden nacional cuando se trataba de hipotecas, entonces estaban interrumpidos los plazos”.
Mulet aseguró que presentaron el escrito de la apelación la semana pasada y ahora si el juez lo concede deben fundamentarla.
“Si este fallo caminara sería una situación injusta, las casas tienen que pagarlas, estamos trabajando con la intervención de Gualcamayo y se han hecho ya más de 300 escrituras, se ha logrado regularizar casos de San Juan, Mendoza y Río Cuarto, se va resolviendo el problema a la gente, el saldo que terminan pagando es un saldo mínimo y equitativo, con la colaboración del interventor se ha hecho una gestión muy buena”, afirmó. Y analizó: “hay un grupo de gente inducida por unos delegados que han cobrado, anda a preguntar en calidad de qué, pero hay gente que lleva pagada a ellos más plata de lo que debe por la casa”.
El caso Gualcamayo es renombrado en San Juan, son viviendas construidas en los ’90 por las empresas SUMA y Mapal que se entregaron pero en 2001 la cooperativa cerró sus puertas y los vecinos dejaron de pagar, lo que generó demandas cruzadas por los saldos y las escrituras en la Justicia. Incluso se dictaron leyes para evitar los desalojos. Los inmuebles en cuestión son de los Barrios Jardín del Milagro (Santa Lucía), Portal de los Andes I, II y III, Solares de San Juan I, II, III, IV, V y Solares de Otoño (Capital y Rivadavia).
