La transición en la provincia dejó el problema de los remises y taxis truchos irresuelto, con un proyecto de adjudicación de 280 nuevas licencias que quedó trunco y la promesa oficial del nuevo ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, de revisar todo el desbarajuste.
Está avanzando en ese sentido, aunque con bajo perfil y reservando el anuncio para el momento oportuno. Según adelantó una fuente calificada a Tiempo de San Juan, la idea más fuerte por estas horas consiste en blanquear a todos sin límites.
Dicho así, podría sonar a exceso. Sin embargo, la eventual medida comienza a tomar ribetes de factibilidad. El primer punto de apoyo aparece en los propios taxistas y remiseros legales, que no se quejan por una sobreabundancia de coches en las calles, sino de lo que llaman competencia desleal.
Aseguran que el mercado no está saturado, que hay pasajeros y trabajo para todos en las calles, pero en condiciones injustas. Quien tiene la licencia debe cumplir con aranceles y costos que no alcanzan al ilegal. En consecuencia, el trucho obtiene un margen de rentabilidad mucho mayor.
Esta realidad ha llevado a algunos licenciatarios a desprenderse de sus permisos, venderlos para sacarse de encima esa carga, hacerse de unos pesos y seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Eso sí, con menos gastos y, en consecuencia, mayor beneficio.
En Gobierno esta situación es conocida ampliamente. Además, impacta en una mayor concentración de licencias en pocas manos. Venden los que trabajan en pequeña escala, compran los que tienen más espalda para hacerlo, teniendo en cuenta que la operación no bajaría de los 180.000 pesos.
Sobre este otro daño colateral, la concentración de licencias en pocas manos, no trascendió todavía cuál sería la solución posible. El obstáculo recurrente desde gestiones anteriores radicó siempre en la afectación de derechos adquiridos. No se puede legislar para atrás. Y la adecuación forzada sumó un antecedente en contra con el fracaso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el caso Clarín, por citar apenas un ejemplo.
Pero el resto del problema parece encaminado hacia una solución sencilla: licencias para todos y todas, con exigencias sin discriminación. De este modo, quien quiera trabajar no tendrá más excusas para hacerlo fuera de la ley. Tendrá que inscribirse y cumplir con los requisitos de vehículo y profesionales regulados por ley. De ahí en adelante, correrá el rigor de los controles, ya sin la justificación de la falta de licencia para salir a ganarse el pan detrás del volante.
¿Cuándo? Por ahora no trascendieron fechas para el desarrollo de este plan. Pero el ajetreo del año escolar posiblemente apure medidas. Posiblemente.
