PROMETÍAN UNA CASA EN CHIMBAS

Estafa millonaria a 106 familias con un barrio de los remiseros

La fiscal Ana Lía Larrea entendió que se reúnen las condiciones de una estafa y le requirió al juez que investigue. La denuncia es contra la Asociación Única de Remiseros y Operadores de San Juan. Dicen que “desaparecieron”. Por Gustavo Martínez Puga
jueves, 24 de diciembre de 2015 · 07:30

Los montos que cobraron por el terreno para la construcción de un barrio van desde los 4.500 pesos, en el 2006, hasta los que pagaron desde los 25.000 a los 40.000 pesos en el 2013 por las carpetas. Así, el monto de dinero va desde los 477.000 pesos hasta los 4.240.000 millones de pesos. Esa cantidad de dinero es con la que se habría alzado la Asociación Única de Remiseros y Operadores, a quien consideran "desaparecida” porque nadie la puede ubicar y ya no está en el lugar que tenía su oficina.

Estos datos son los que constan en la denuncia por estafa que formalizaron en la fiscalía 46 de los 106 damnificados. Está previsto que la totalidad de los damnificados terminen de concretar la denuncia ante el juez.

El terreno que prometieron originalmente para la construcción de un barrio está ubicado en Bonduel y Cipolletti, departamento Chimbas, detrás del camping de los empleados del Poder Judicial y pegado al barrio de los panaderos.

Ante la caja con evidencias que aportaron, con recibos, chequeras y contratos, la titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, Ana Lía Larrea, entendió que había pruebas suficientes para investigar el delito de estafa. Y realizó el requerimiento fiscal para ordenarle al juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, que inicie la investigación por el artículo 172 del Código Penal Argentino.

"Hemos formalizado la denuncia por estafa contra la Asociación Única de Remiseros y Operadores de San Juan, representada por su secretario general, José Antonio Costa, y el tesorero de la empresa, José Rolando Mena, y contra las personas que en el curso de la investigación se acredite que hayan participado de los hechos. También pedimos que se investigue cualquier otro delito que se revele en el transcurso de la investigación, como por ejemplo asociación ilícita”, denunciaron los abogados Jorge Augusto Aguiar y Silvana Fabiola Valazquez.

Según aportaron las primeras 46 primeras familias denunciantes, "no hay un lugar físico donde reclamar, no aparecieron los terrenos y cuando los afectados nos presentamos al domicilio que tenía la asociación, avenida Libertador San Martín 181 Este, primer piso, los vecinos del lugar dijeron que ”.

Antes de la desaparición física de la asociación de remiseros, y ante la preocupación de los compradores del terreno porque pasaban los años y el barrio no aparecía, el 9 de diciembre de 2013 firmaron un convenio de entrega, conducción y normalización de la asociación.

Ese convenio está firmado por el entonces secretario general de la asociación, Wilber H. Pérez (reemplazó a Costa tras su fallecimiento) y por José Rolando Mena, secretario de Finanzas. En ese papel también se deja constancia que la conducción de la asociación se transfería a Marcelo Aníbal Porras y José Miranda Burgoa.

Una de las víctimas de la estafa dice que, previo a la firma de ese convenio, llegaron a mantener una reunión con el titular de la CGT, Eduardo Cabello, quien les había dicho que iba a gestionar para que el barrio se hiciera.

En ese documento consta que la construcción del barrio iba a estar a cargo de la empresa Mulet, aunque no aparece ninguna firma.

Otro dato que los denunciantes aportan para vincular legalmente esa empresa constructora a la estafa, es el sistema de pago que tenían: cuando firmaban contrato con la asociación para empezar a pagar por el terreno para el barrio, les entregaban una chequera para que hicieran el pago mensual de la cuota en la sede de la asociación o en la caja de la farmacia Los Ángeles, ubicada en avenida Córdoba 83 Este, Capital.

Además, según precisaron Carolina Montaña y Andrea Melisa Páez, dos de las 46 primeras denunciantes, el convenio para la venta de terrenos se firmó en una oficina ubicada en calle Jujuy 86 Sur, la cual pertenecía a una mujer identificada como Natalia Mulet.

De todas maneras, según informaron fuentes judiciales, por ahora no hay nada que vincule legalmente a la empresa Mulet con la estafa, ya que no hay documentación o firmas que la comprometan.

Por ejemplo, la asociación de remiseros decía que iba a construir el barrio en el terreno de la empresa Mulet. Sin embargo, los damnificados buscaron en Catastro y dicen que la propiedad original que ofrecían estaba a nombre de personas particulares que no tendrían vínculos con la constructora.

Cuando los compradores del terreno descubrieron esa maniobra, dicen que los representantes de la asociación le ofrecieron cambiar el terreno original por otro.

El segundo lugar en cuestión también los defraudó: como desconfiaban, pidieron los planos y fueron al lugar, también ubicado en Chimbas, y descubrieron que ese nuevo terreno que ofrecían es donde ya hay otro barrio construido, llamado Talacasto.

Los denunciantes dicen que el sistema que ofrecían Mena y Costa para poder pagar el terreno en el que se iba a construir el barrio exigía una cuota de afiliación a la asociación de los remiseros. Originalmente, en el año 2006 y 2007, la cuota era de 25 pesos.

Eso hizo que muchas de las 106 familias no tengan nada que ver con el mundo de los remiseros u operadores, ya que en el inicio del ofrecimiento del barrio la excusa que usaban era que debían tener más afiliados para poder gestionar el barrio ante el IPV.

De esa manera, la Asociación Única de Remiseros y Operadores de San Juan, la cual operaba legalmente cuando ofrecía el barrio, llegara a ser una entidad con una buena cantidad de afiliados. Hoy nadie la puede ubicar físicamente. Y se espera que el juez Flores cite a declarar a sus autoridades.

Andrea, una de las víctimas, desesperada

Andrea Melisa Páez tiene cuatro hijos, uno de ellos tiene parálisis cerebral y problemas motrices. Su marido mantiene a su familia trabajando como mecánico. Es una de las 106 familias que pagaron por el terreno para el barrio que ofrecía la asociación de remiseros y se quedaron sin la casa y sin el dinero.

"Nosotros alquilamos en el Barrio Güemes. Pagamos 7.500 pesos por el terreno y todos los meses pagábamos una cuota sindical. Yo empecé a pagar en agosto de 2007. Lo hacía en cuota, todos los meses, en la farmacia Los Ángeles. Iba con una chequera. Cortaban el talón, lo sellaban y me cobraban en la caja. En mi caso, el contrato por el terreno está a nombre de mi madre”, contó Andrea, una de las 106 damnificadas.

 


Galería de fotos

Comentarios