Los montos que cobraron por el terreno para
la construcción de un barrio van desde los 4.500 pesos, en el 2006, hasta los
que pagaron desde los 25.000 a los 40.000 pesos en el 2013 por las carpetas.
Así, el monto de dinero va desde los 477.000 pesos hasta los 4.240.000 millones
de pesos. Esa cantidad de dinero es con la que se habría alzado la Asociación Única
de Remiseros y Operadores, a quien consideran "desaparecida” porque nadie la
puede ubicar y ya no está en el lugar que tenía su oficina.
El terreno que prometieron originalmente
para la construcción de un barrio está ubicado en Bonduel y Cipolletti,
departamento Chimbas, detrás del camping de los empleados del Poder Judicial y
pegado al barrio de los panaderos.
Ante la caja con evidencias que aportaron,
con recibos, chequeras y contratos, la titular de la Fiscalía de Instrucción N°
5, Ana Lía Larrea, entendió que había pruebas suficientes para investigar el
delito de estafa. Y realizó el requerimiento fiscal para ordenarle al juez
Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, que inicie la investigación
por el artículo 172 del Código Penal Argentino.
"Hemos formalizado la denuncia por estafa
contra la Asociación Única de Remiseros y Operadores de San Juan, representada
por su secretario general, José Antonio Costa, y el tesorero de la empresa,
José Rolando Mena, y contra las personas que en el curso de la investigación se
acredite que hayan participado de los hechos. También pedimos que se investigue
cualquier otro delito que se revele en el transcurso de la investigación, como
por ejemplo asociación ilícita”, denunciaron los abogados Jorge Augusto Aguiar
y Silvana Fabiola Valazquez.
Según aportaron las primeras 46 primeras
familias denunciantes, "no hay un lugar físico donde reclamar, no aparecieron
los terrenos y cuando los afectados nos presentamos al domicilio que tenía la
asociación, avenida Libertador San Martín 181 Este, primer piso, los vecinos
del lugar dijeron que
”.
Antes de la desaparición física de la
asociación de remiseros, y ante la preocupación de los compradores del terreno
porque pasaban los años y el barrio no aparecía, el 9 de diciembre de 2013 firmaron
un convenio de entrega, conducción y normalización de la asociación.
Ese convenio está firmado por el entonces
secretario general de la asociación, Wilber H. Pérez (reemplazó a Costa tras su
fallecimiento) y por José Rolando Mena, secretario de Finanzas. En ese papel
también se deja constancia que la conducción de la asociación se transfería a
Marcelo Aníbal Porras y José Miranda Burgoa.
Una de las víctimas de la estafa dice que,
previo a la firma de ese convenio, llegaron a mantener una reunión con el
titular de la CGT, Eduardo Cabello, quien les había dicho que iba a gestionar
para que el barrio se hiciera.
En ese documento consta que la construcción
del barrio iba a estar a cargo de la empresa Mulet, aunque no aparece ninguna
firma.
Otro dato que los denunciantes aportan para
vincular legalmente esa empresa constructora a la estafa, es el sistema de pago
que tenían: cuando firmaban contrato con la asociación para empezar a pagar por
el terreno para el barrio, les entregaban una chequera para que hicieran el
pago mensual de la cuota en la sede de la asociación o en la caja de la farmacia
Los Ángeles, ubicada en avenida Córdoba 83 Este, Capital.
Además, según precisaron Carolina Montaña y
Andrea Melisa Páez, dos de las 46 primeras denunciantes, el convenio para la
venta de terrenos se firmó en una oficina ubicada en calle Jujuy 86 Sur, la
cual pertenecía a una mujer identificada como Natalia Mulet.
De todas maneras, según informaron fuentes
judiciales, por ahora no hay nada que vincule legalmente a la empresa Mulet con
la estafa, ya que no hay documentación o firmas que la comprometan.
Por ejemplo, la asociación de remiseros
decía que iba a construir el barrio en el terreno de la empresa Mulet. Sin
embargo, los damnificados buscaron en Catastro y dicen que la propiedad
original que ofrecían estaba a nombre de personas particulares que no tendrían
vínculos con la constructora.
Cuando los compradores del terreno descubrieron
esa maniobra, dicen que los representantes de la asociación le ofrecieron
cambiar el terreno original por otro.
El segundo lugar en cuestión también los
defraudó: como desconfiaban, pidieron los planos y fueron al lugar, también
ubicado en Chimbas, y descubrieron que ese nuevo terreno que ofrecían es donde
ya hay otro barrio construido, llamado Talacasto.
Los denunciantes dicen que el sistema que
ofrecían Mena y Costa para poder pagar el terreno en el que se iba a construir
el barrio exigía una cuota de afiliación a la asociación de los remiseros.
Originalmente, en el año 2006 y 2007, la cuota era de 25 pesos.
Eso hizo que muchas de las 106 familias no
tengan nada que ver con el mundo de los remiseros u operadores, ya que en el
inicio del ofrecimiento del barrio la excusa que usaban era que debían tener
más afiliados para poder gestionar el barrio ante el IPV.
De esa manera, la Asociación Única de
Remiseros y Operadores de San Juan, la cual operaba legalmente cuando ofrecía
el barrio, llegara a ser una entidad con una buena cantidad de afiliados. Hoy
nadie la puede ubicar físicamente. Y se espera que el juez Flores cite a
declarar a sus autoridades.
Andrea, una de las víctimas, desesperada
Andrea Melisa Páez tiene cuatro hijos, uno
de ellos tiene parálisis cerebral y problemas motrices. Su marido mantiene a su
familia trabajando como mecánico. Es una de las 106 familias que pagaron por el
terreno para el barrio que ofrecía la asociación de remiseros y se quedaron sin
la casa y sin el dinero.
"Nosotros alquilamos en el Barrio Güemes.
Pagamos 7.500 pesos por el terreno y todos los meses pagábamos una cuota
sindical. Yo empecé a pagar en agosto de 2007. Lo hacía en cuota, todos los
meses, en la farmacia Los Ángeles. Iba con una chequera. Cortaban el talón, lo
sellaban y me cobraban en la caja. En mi caso, el contrato por el terreno está
a nombre de mi madre”, contó Andrea, una de las 106 damnificadas.
