Lo había anunciado Tiempo de San Juan: todos los imputados quedaron detenidos, al menos por ahora. ¿Quiénes seguirán presos y quiénes recuperarán la libertad? Detalles escalofriantes de un procedimiento policial inédito en la historia provincial.
Por Sebastián Saharrea.
Doce patrullas policiales al mismo tiempo por toda la ciudad, todas ellas con policías de civil o con chalecos y un médico para revisar a los futuros detenidos. Un despliegue de recursos y de logística nunca visto, bajo estricto secreto para evitar filtraciones que frustraran el procedimiento. Seis de la Federal y otros seis de la policía provincial, se juntaron a las 6.30 de la mañana y partieron cada uno a su objetivo junto a personal del juzgado de María Inés Rosellot. En ese momento, sólo conocían la movida unas 15 personas en San Juan, hasta que la noticia empezó a sonar en las radios. Resultado redondo: todos los sospechosos detenidos, a excepción del abogado Horacio Alday, del que ya sabían que no estaba en San Juan.
Así fue el procedimiento más impactante de la historia político-judicial de la provincia que arrasó el viernes con los involucrados en el escándalo de las expropiaciones y dejó un resultado sorprendente, pese a que había sido adelantado con lujo de detalles por Tiempo de San Juan en su edición del 5 de enero pasado: una ex jueza detenida por el contenido de su sentencia, un ex Fiscal de Estado –el abogado de la provincia encargado de defenderla en cuanto juicio tenga en su contra- también detenido, igual que una perito tasadora, un ex funcionario de Recursos Energéticos, un abogado litigante de altísimo reconocimiento social y todos los integrantes del tribunal encargado de tasar los terrenos. Histórico por donde se lo mire.
El operativo conjunto entre la Federal y la provincia esta vez rindió frutos. Hace dos años, cuando la misma jueza pidió las detenciones de Graffigna y Alday en una causa lateral a la central que motivó estas detenciones, el dato se filtró por algún lado e hizo que fracasara: Alday también estuvo prófugo hasta que obtuvo la eximición de prisión, mientras que Graffigna no fue encontrado en su domicilio y se entregó voluntariamente dos días después en la Central de Policía.
Esta vez se ajustaron detalles y tuvo una efectividad casi plena. Además, el despliegue policial tuvo momentos de alto impacto en el momento de las detenciones, bien temprano en la mañana. En el caso del abogado Santiago Graffigna, no estaba en su domicilio y corrió el dato de que había salido a llevar a sus hijas a la escuela.
Allí lo interceptaron y lo detuvieron en plena calle, sobre Paula Albarracín de Sarmiento a la altura de la ferretería Unimac. Los empleados del juzgado que intervinieron dijeron que el abogado estaba tranquilo y resignado a lo que iba a ocurrir, pero que la familia vivió momentos difíciles.
“Ya sabía que iba a pasar”, dicen que pronunció. Los policías le permitieron dirigirse al vehículo donde estaba la familia para saludarlos y calmarlos, y le dijeron que lo trasladarían a la comisaria 28 sin quedar incomunicado, por lo que sus familiares pudieron visitarlo el fin de semana.
Otra comisión operó en pleno centro, a la altura de Rivadavia al 300, donde vive la ex jueza Rosalba Marún de Sobelvio. Los testimonios de quienes participaron sostienen que la ex magistrada que renunció el 1 de enero envuelta en este escándalo se sorprendió y sufrió una leve indisposición, por lo que el médico autorizó la prisión domiciliaria.
El otro pico de tensión ocurrió en el domicilio del ex fiscal Mario Díaz. Allí, el ex funcionario se mostró calmo, pero su esposa, la ex jueza civil Myriam Bettio estaba muy nerviosa de acuerdo con el testimonio de los que estuvieron presentes.
¿Y ahora qué pasará con los detenidos y con la investigación? En primer lugar hay que tener en cuenta que la masiva ola de detenciones fue una medida preventiva de la jueza María Inés Rosellot, hasta que tome las indagatorias. Podría la jueza haber fijado fecha de indagatorias e ir convocando a cada uno, y luego resolver su situación. Pero prefirió detenerlos a todos hasta poder escucharlos, con la intención de mantener el control del proceso y evitar interferencias.
Una vez que los indague, deberá resolver en qué posición quedan parados cada uno en la investigación. El fiscal Carlos Rodríguez le pidió la indagatoria de los 12 sospechosos en octubre, bajo los delitos de presunto fraude e incumplimiento de deberes de funcionarios. Pero le dejó abierta la posibilidad de que los indague por una presunta asociación ilícita, si lo considera conveniente. Eso es, precisamente lo que podrá hacer Rosellot y el motivo por el que los manda a detener: la asociación ilícita es un delito con penas más duras, que en algunos casos no es excarcelable.
Ahora, deberá establecer jerarquías dentro de esa supuesta asociación ilícita. Para los que sean considerados como parte de esa asociación ilícita, el encuadre legal será de penas más leves. En cambio, para los que sean considerados organizadores se le elevará la pena.
Para determinar qué rol jugó cada uno en este escándalo, la jueza deberá primero escucharlos. La ronda de indagatorias comenzará el lunes con dos integrantes del Tribunal de Tasaciones, y seguirá todos los días con otros dos hasta terminar. Se supo en Tribunales que los dos últimos en declarar son el ex fiscal Mario Díaz y el abogado Santiago Graffigna. La expectativa es que alguno de los que declaren antes pueda aportar datos sobre la conducta de ellos.
Los imputados tienen derecho a no declarar, y hasta a no decir la verdad en la indagatoria. Una vez que los escuche, la jueza deberá decidir si los procesa o sobresee, u opta por un camino intermedio que es la falta de mérito.
De acuerdo con las fuentes de la investigación que se escucharon a lo largo del proceso, es probable que los indagados vayan recobrando la libertad, aunque los más comprometidos son Santiago Graffigna y –en menor medida- el ex fiscal Mario Díaz. En Tribunales dan por seguro que el abogado permanecerá detenido un tiempo más, respecto del resto.
Quedará por resolver la situación de Horacio Alday, quien según la información que manejan en Tribunales está fuera del país y en condición de prófugo. En el juzgado no se hacen demasiado problema por esta situación y hasta se pudo escuchar algún alivio. “Es mejor, para que no embarre la cancha”, dijeron. Y siguieron: “Luego nos encargaremos de él solo”. Para eso, deberán solicitar una orden de captura internacional y, si lo ubican en el exterior, tramitar un pedido de extradición por Cancillería. Todo esto, claro, si antes no le conceden una excarcelación.
Cinco detenidos en la policía, 6 en su casa y uno prófugo
De las once personas que quedaron detenidas por este escándalo, 6 recibieron el beneficio de prisión domiciliaria por su estado de salud. Son ellos: la ex jueza Rosalba Marún de Sobelvio, la perito de Fiscalía de Estado Ana María Melvin y los integrantes del Tribunal de Tasaciones Pedro Bazzani, José Moreno, Eduardo Olivera y Joaquín Fernández.
El abogado Graffigna fue alojado en los calabozos de la seccional 28. Y el resto quedó en la Unidad Regional Sur, que tiene calabozos VIP sin estrenar: Mario Díaz, los otros dos integrantes del Tribunal de Tasaciones y el funcionario de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz. Queda Horacio Alday en condición de prófugo.
