-Santiago Graffigna: Es el abogado que llevaba adelante la gran mayoría de los casos expropiatorios bajos sospecha. Ya había cobrado más de $300 millones y tiene por cobrar sentencias por más de $2.000 millones. Se investiga su relación con los jueces y funcionarios que sacaban los pagos. -Néstor Adán Ruiz: Fue funcionario de Recursos Energéticos y allí fue compañero de Norberto Baistrocchi, el abogado que luego pasó a Fiscalía de Estado y quedó señalado por defender deficientemente a la provincia. Sus testimonios habrían sido clave en el presunto fraude. -Mario Díaz: Es el ex Fiscal de Estado, el organismo encargado de defender a la provincia, en todos los trámites judiciales del escándalo. Quedó comprometido por su desempeño al frente de la repartición. Se lo cuestiona por el rol deficiente de los defensores. -Ana María Melvin: Es la perito de la Fiscalía de Estado en el Tribunal de Tasaciones. Quedó bajo sospecha por el uso de criterios desparejos en la fijación de los precios de los terrenos. Que encarecían los que estaban manejados por Graffigna. -Tribunal de Tasaciones: Tiene tres miembros permanentes (Joaquín Fernández, Pedro Bazzani y José Moreno) y tres transitorios (Adolfo Cravero, Eduardo Olivera y Julio César Fernández). Es el organismo que fija valores –no vinculantes- de los terrenos. Los acusan de haber beneficiado con esos valores los intereses de los terrenos impulsados por Graffigna. -Rosalba Marún de Sobelvio: Ex jueza del Primero Civil, quedó sospechada por haber concentrado en su juzgado tres expedientes extraviados en la causa Carabajal. La acusan de ser “funcional a los intereses de Graffigna”. También tuvo un desempeño bajo sospecha en otros dos terrenos de Graffigna: Suraty y Basañez. -Horacio Alday: Fue socio de Graffigna en un estudio que llevaba casos de expropiaciones. Disolvió esa sociedad, pero en su estudio encontraron un expediente original de los que se habían extraviado en la causa Carbajal y que motivó la reconstrucción del expediente de parte de la jueza Marún.
