Por Daniel Tejada
Canal 13 San Juan
En el Ministerio de Infraestructura ya lo dan por confirmado, aunque a la auditoría interna le faltan unos 90 días de trabajo: hackearon el sistema informático del Instituto Provincial de la Vivienda con la intención de dibujar cobros que en realidad se habrían desviado a particulares. En esa línea investigativa avanzan, según reveló a Tiempo de San Juan una fuente oficial.
Un caso puntual de presunta coima, publicado por este medio el sábado 22 de diciembre del año pasado, encendió la luz amarilla. El 10 de diciembre de 2012 el ministro de Infraestructura, José Strada, ordenó hacer una auditoría interna a través de la resolución 871, a partir de los hechos denunciados por una adjudicataria del IPV. Según la mujer, un empleado de la repartición, Arturo Vásquez, le ofreció saldar la deuda de 4.060,30 pesos, pagándole 1.500 pesos a él en persona.
Casi tres meses después, la auditoría determinó que alguien ingresó al sistema –en este y otros casos- y adulteró los pagos en forma retroactiva, vulnerando la base de datos, para acomodar las deudas de los adjudicatarios en función del arreglo.
De este modo, el registro oficial del IPV arrojaba planillas con pagos regulares, como si el deudor en realidad hubiera cancelado en término mes a mes. El arqueo diario del instituto daba un resultado perfecto, sin indicios para siquiera sospechar. Pero el primer cruce de datos con el registro de la Dirección de Informática y los fondos ingresados a la cuenta del Banco San Juan desnudaron la maniobra. “Es un agujero negro”, graficó la fuente.
Hay dos datos relevantes: quien ingresó al sistema y lo adulteró tenía clave de acceso; y de ninguna manera pudo haber actuado solo. La cadena de complicidades aún no está cerrada.
Para detectar las irregularidades, el ministro de Infraestructura designó a su jefe de asesores letrados, Ricardo Romero, para que actúe “con amplias facultades” en una auditoría jurídico-contable.
Una consultora mendocina, encargada de auditar el Ministerio de Hacienda y Finanzas, quedó a cargo de la investigación del sistema vulnerado. Para ello está cruzando los datos del IPV, el Banco San Juan y la Dirección de Informática. Empezaron revisando un periodo de 1 año hacia atrás y encontraron inconsistencias. Por eso decidieron extender la tarea a 3 años y estiman que abarcarán los últimos 5 años, con la presunción de que el modus operandi viene desde mucho antes.
Por otro lado avanza el sumario administrativo que fue delegado en otros dos asesores letrados de Infraestructura: Peñafort y Pintor. Ellos investigan las responsabilidades internas del personal que tuvo vinculación con esta irregular cadena de cobros. Hasta tanto se aclare el episodio, Vásquez fue reubicado en otra dependencia. Él y otros agentes del IPV quedaron bajo la lupa. No descartan llegar a la exoneración de uno o más de ellos. Y se anticipa una denuncia penal llegado el momento. Así lo indicó la fuente a Tiempo de San Juan.
Dos conclusiones empiezan a asomar. La primera de ellas es que habrá que mudar toda la información –depurada- del IPV a un nuevo sistema informático, que no resulte tan vulnerable como el actual. La otra es ordenar un organigrama que permita identificar las responsabilidades internas, porque hasta ahora hay límites difusos sobre quién podía firmar o actuar. La indefinición abrió la puerta a la “confusión” y los manejos oscuros.
Por otra parte, nunca se reglamentó la ley provincial que estableció el descuento de las cuotas del IPV por planilla en el caso de los estatales. La auditoría recomienda implementarlo de manera inmediata para mejorar el recupero y evitar trámites innecesarios.
El recupero de las cuotas es la víctima final y fatal en esta investigación. Es casi una certeza que los valores que orgullosamente exhibieron los interventores del IPV respondían a una ficción, basada en información dudosa. Claro, ellos no lo sabían.
Según publicó Diario de Cuyo on line el 9 de abril de 2012, en los últimos 7 años el IPV logró un recupero del 83% y el interventor Martín Juncosa atribuyó la buena performance a la modalidad de publicar los listados de deudores en la prensa escrita. Sintiéndose amenazados por el bochorno público, espontáneamente se presentaban a regularizar su situación.
“Nosotros en 2003 teníamos un recupero del 43,29% y de a poquito se fue incrementando hasta llegar al día de hoy, donde superamos el 83%. La gente entendió que las soluciones llegaban y que para poder seguir era necesario que paguen sus cuotas”, dijo Juncosa en aquella nota.
El IPV se abastece de los fondos FONAVI para la construcción de nuevos barrios, pero también cuenta con el pago de las modestas cuotas por parte de los adjudicatarios, para iniciar nuevas obras y mantener el ritmo de construcción. Por eso en cada acto de entrega de llaves las autoridades de gobierno insisten en la obligación de ser solidarios para lograr que el sistema funcione.
La coima denunciada
1- El 30 de noviembre de 2012 el secretario de Servicios Públicos, Vicente Marrelli, recibió en su despacho a la señora Silvia Nelly Arce de Castillo acompañada por un empleado de planta permanente del IPV, Eloy Camus. Firmaron un acta donde se expone el hecho. Este documento desencadenó la auditoría, ordenada por el ministro de Infraestructura, José Strada.
2- Según el acta, el empleado del IPV Arturo Vásquez le había pedido 1.500 pesos a la adjudicataria para saldar la deuda acumulada por su vivienda (Casa 26, Manzana T, del Barrio Costanera Sector III y IV), que por todo concepto (capital e intereses) arrojaba un monto de 4.060,30 pesos. La mujer debía entregarle en mano el dinero al gestor de la operación.
3- Según consta en el acta de la denuncia, Arce, Camus y Marrelli, acordaron llevar adelante el pago pedido por Vásquez, dejando en claro que la mujer no era cómplice del supuesto cohecho. Fue para “desentrañar el modo en que se lleva a cabo la cancelación propuesta por parte del dependiente del IPV”
4- El pago efectivamente se hizo, con 1.500 pesos de la propia mujer, con billetes cuyo número de serie quedó registrado. Además, fuentes vinculadas a la investigación revelaron a este medio que adjuntaron como material probatorio las imágenes del sistema de videocámaras de seguridad del Centro Cívico, donde se aprecia el diálogo entre Arce y Vásquez.
