San Juan sigue con el eterno dilema de que no consigue que Nación le pague en tiempo y forma por alojar los presos federales en el Penal de Chimbas, lo que viene sucediendo en sucesivos gobiernos. Así las cosas, la gestión de Javier Milei sigue acumulando deuda y en la Provincia están dispuestos a esta altura a recibir equipamiento en calidad de pago con tal de cobrar algo.
Los presos que están encerrados por delitos federales históricamente se alojaron en el Servicio Penitenciario Provincial en virtud de un convenio con Nación, porque esta última no tiene dependencia propia para contenerlos. En San Juan la cifra se ha mantenido en unos 150 reclusos federales en los últimos años.
Hay al menos tres problemas con esta situación: estos reos engrosan la población de una cárcel superpoblada, a razón de que el predio chimbero tiene espacio para alrededor de 1.000 y hay unos 1.800 internos; segundo, Nación paga migajas por el techo y comida para estos presos, ya que se mantuvo el canon diario por cada uno en alrededor de $375 desde 2016 hasta que en 2019 se actualizó a $1.200 y desde 2024 trepó a $2.000, lo que igualmente es escaso ya que hay estimaciones de que la inversión real es de unos $10.000; y tercero, Nación no paga.
El reclamo de San Juan por estos pagos se viene dando con las últimas gestiones nacionales y se ha logrado la transferencia de fondos a cuentagotas, que encima al llegar ya están desactualizados debido a la inflación, generando fuertes reclamos de la Provincia hacia Nación y la rescisión del contrato original. El problema se repite en todas las provincias que alojan presos federales.
Así, la gestión de Marcelo Orrego sigue con gestiones permanentes ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, para que se salde la millonaria deuda, ya sea con dinero o con ayuda en otros recursos operativos, según confirmó este miércoles el secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado.
La deuda acumulada es de casi dos años. Según Delgado, "falta el último trimestre del 2023 y la parte del 2024 y lo que va del 2025". Esto implica la siguiente estimación: un trimestre de 2023 a $1200 por interno equivale a $16.200.000; cuatro trimestres de 2024 a $2.000 totalizan $109.500.000; dos trimestres de 2025 a $2.000 suma $54.000.000 y julio de 2025 que termina ya acumula otros $9.000.000. Es decir, que la deuda es de unos $188.700.000, lo que comparado con el servicio que se presta en el alojamiento en el Penal de Chimbas resulta una cifra nimia y ni aún así la Nación paga.
"Nosotros estamos haciendo la gestión correspondiente con el Ministerio de Seguridad de la Nación, planteando diferentes alternativas para paga esta deuda, que no tiene que ser solamente en recursos económicos, sino también puede ser en infraestructura o equipamiento", sentenció Delgado, en diálogo con Radio Colón.
"Todo es bienvenido. Tecnología, cámaras, equipamiento, también puede ser infraestructura, escáneres, lo que esté a disposición del Ministerio de Seguridad. Y nosotros en cada gestión que hacemos proponemos estas diferentes alternativas", remarcó Delgado.
En julio de 2019, San Juan rescindió el convenio con Nación por el alojamiento de sus presos, cuando había una deuda de $25 millones, según el fiscal de Estado de ese entonces, Jorge Alvo, quien anunció preparaba una demanda de San Juan contra el Gobierno Nacional por este asunto, que debería resolver la Corte Suprema.
Ya en ese año se hablaba de que la Provincia no pude dejar de recibir presos federales “porque hay una serie de controles” y un pedido puntual de la Justicia Federal para que no se los deje libres. “La única forma de eludir esto es enviarlos a Mendoza, pero eso requiere una logística e incluso el Servicio Penitenciario de Mendoza está colapsado”, aclaró Alvo en esa oportunidad.