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SUSCRIBITEEn pleno debate por la Ley Penal Juvenil, desde la Justicia advierten que la realidad provincial dista de la de las grandes ciudades y ponen el foco en la falta de dispositivos para abordar la delincuencia juvenil.
El Instituto de Menores Nazario Benavídez, el único lugar apto para alojar menores de edad detenidos en San Juan.
Mientras en el Congreso de la Nación avanza la discusión por la Ley Penal Juvenil, que impulsa el Gobierno de Javier Milei y propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años (con la intención oficial de que prevalezca el proyecto original que fija el límite en 13), en San Juan el panorama de los menores en conflicto con la ley es muy diferente a lo que sucede a nivel nacional.
De acuerdo a datos reconstruidos por Tiempo de San Juan, en la provincia hay alrededor de 800 jóvenes que registran ingresos en el sistema penal juvenil. De ese totaSin embargo, la mayoría de ellos no permanece detenida, debido a que no se trata de delitos de mayor envergadura.
Según explicó el juez Jorge Toro, titular del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, en el caso de los menores la Justicia siempre debe priorizar medidas socioeducativas por sobre las sanciones privativas de la libertad. “El juez debe aplicar todas las herramientas posibles para morigerar la pena. Solo en casos excepcionales se puede disponer el cumplimiento en el Servicio Penitenciario Provincial”, señaló.
No obstante, esa alternativa hoy es prácticamente inviable. El hacinamiento en el Servicio Penitenciario impide alojar a adolescentes y reduce al mínimo las opciones disponibles. En la práctica, el espacio más cercano a un ámbito de cumplimiento de medidas socioeducativas para varones es el Instituto de Menores Nazario Benavidez, que cuenta con entre 10 y 12 plazas, aunque generalmente aloja apenas cuatro o cinco chicos. Para mujeres, alguna vez se acondicionó un hogar con ese fin, pero nunca llegó a utilizarse.
Toro planteó que el debate de fondo va más allá de la edad de imputabilidad. “La pregunta es qué vamos a hacer con los chicos que decidamos incorporar al sistema penal”, advirtió. En ese sentido, remarcó que muchos adolescentes entran en contacto con el Estado mucho antes de cometer un delito, a través de situaciones de vulnerabilidad social, consumo problemático o falta de contención familiar.
Un dato clave que aportó el magistrado es que el 76% de los chicos que tiene un primer contacto con el delito no reincide. “La reincidencia en el delito juvenil es baja. Estamos hablando de que son pocos casos que sí reinciden, y ese grupo comparte características similares de alta vulnerabilidad. Esa es la población que más nos preocupa”, explicó.
Incluso, señaló que durante los periodos de intervención judicial (turnos de 15 días) hay adolescentes que ingresan dos o tres veces al sistema, lo que da cuenta de la falta de respuestas sostenidas. “El Estado debe generar lugares de contención, pero hoy no los tenemos”, reconoció.
La situación se vuelve más crítica cuando se trata de jóvenes con consumos problemáticos de drogas. Actualmente, San Juan no cuenta con dispositivos específicos para su abordaje. “Existieron proyectos y convenios con otras provincias, pero ya no están vigentes. Hoy no tenemos dónde contener a esos chicos”, dijo el juez.
De esta manera, Toro corrió del debate plenamente a la edad de imputabilidad en sí, sino que puso el foco en la falta de lugares para rehabilitar y reeducar a estos jóvenes que actualmente se encuentran en vulnerabilidad social.
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