Es un debate particular, novedoso. Una ley volvió a la Cámara de Diputados provincial luego del veto del gobernador Marcelo Orrego. La suspensión del Artículo 4 de la Ley de Coparticipación de Impuestos será rediscutida en la Legislatura. Empezó como una movida del peronismo que responde al senador nacional Sergio Uñac. Obtuvo la aprobación con la "picardía del número" de votos que tiene el bloque Justicialista, que es mayoría simple. El giojismo y el único libertario acompañaron. Sin embargo, no prosperó la aplicación de la iniciativa por decisión del Poder Ejecutivo. Ahora, hay un nuevo escenario: un barajar y dar de nuevo. Los intendentes jugarán un rol principalísimo.
Es crucial entender qué significa la modificación de una ley que nació en el 2018 bajo la administración de Uñac. El Artículo 4 versa sobre la constitución de dos fondos claves para la relación del Ejecutivo con los municipios. Forma el Fondo de Emergencia Municipal (FEM) y el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) con un ocho porciento de la recaudación impositiva. La suspensión busca que esos recursos -miles de millones de pesos- pasen a ser parte de la masa de recursos coparticipables. Es decir, que no dependa del Gobierno provincial la fecha y prioridad de distribución, sino que se coparticipe de manera automática y que los intendentes reciban el dinero de forma directa. Le quita margen de acción al Gobernador.
Por eso, Orrego aplicó el poder de veto. La razón: "Me quieren quitar las herramientas para gobernar". El mandatario lo dijo en simultáneo con el diagnóstico de la economía de la provincia. Minutos después de anunciar que si "San Juan fuese un paciente, estaría en terapia intensiva", el mandatario local cruzó con dureza a la oposición. Hizo foco en el peronismo. Pidió al bloque Justicialista que "lo dejen gobernar" y que no "pongan palos en la rueda". La modificación a la ley nació de ese bloque. La exministra de Hacienda, Marisa López, pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto. Hubo una negativa contundente de la bancada oficialista de Juntos por el Cambio. Pero los votos están en manos opositoras.
La sigilosa movida del uñaquismo -que no avisó siquiera al bloque giojista ni al libertario- obtuvo el voto nominal afirmativo de veinticuatro diputados, dos tercios de la Cámara. De los cuales, diecinueve corresponden al bloque Justicialista y el aliado bloque Bloquista, tres al bloque San Juan Vuelve, uno al bloque Frente Renovador y uno al bloque La Libertad Avanza-Adn. Ante esto, el sector peronista de Uñac se mostró confiado puertas adentro: "No lo va a vetar porque tenemos una mayoría calificada". Cabe recordar que la aprobación sucedió justo después que el Gobierno provincial diera de baja unos 2.000 nombramientos irregulares en el Estado. Los justicialistas sintieron el gusto de una suerte de revancha. Pero duró poco.
El veto generó un nuevo escenario porque la correlación de fuerzas en la Legislatura cambió. Versiones periodísticas hablaron sobre la reunión de la Comisión Permanente. No hubo un pedido de sesiones extraordinarias para debatir la decisión del Ejecutivo. Interpretaron que se debía a que el uñaquismo sacó el pie del acelerador y el orreguismo consiguió oxígeno. Si bien existen vestigios de verdad en esa lectura de la situación, este diario consultó con los operadores y diputados de las distintas extracciones políticas y demora en el tratamiento tiene una razón: la interna peronista metió la cola. El enfrentamiento entre el senador Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja frenó el avance o el retroceso de la discusión en el hemiciclo del Palacio legislativo.
De hecho, fuentes del sector de Gioja describieron la movida uñaquista como una "picardía de los números". En un principio, acompañaron la iniciativa porque "es una herramienta para los intendentes en las difíciles circunstancias del país". Pero ahora pidieron "más negociación entre Orrego y los municipios" para que no haya imposición del bloque Justicialista. También recordaron la modificación del reglamento de la interno de la Cámara durante la última sesión de Roberto Gattoni como una "manera de perjudicarnos para que no armásemos un bloque". Además, se mostraron disconformes con la designación de Fernanda Paredes como presidenta del Consejo de la Magistratura porque "es un puesto que corresponde al oficialismo no a la oposición". "De prepo, la impusieron", manifestaron fuentes ligadas a San Juan Vuelve.
En tanto, desde el lado de Uñac desconocieron que "las vacaciones" de los legisladores sean la explicación sobre el retraso en el debate del veto. "La decisión política es consolidar esa ley", dijeron desde el entorno del presidente del Partido Justicialista. El problema, según dijeron, es el "giojismo, que está bloqueando la insistencia". Por eso, los operadores del uñaquismo y los diputados harán su parte, pero ahora los protagonistas serán los intendentes. Desde ese sector, entienden que la modificación beneficia principalmente a los jefes comunales peronistas. Será su trabajo negociar con los legisladores de Gioja. Es una manera para que la pulseada entre los dos exgobernadores no sea decisiva.
Los caciques justicialistas -con excepción de la chimbera Daniela Rodríguez, que no suscribió- emitieron un comunicado, publicado en simultáneo en las redes sociales. Los comuneros de Albardón, Angaco, Calingasta, Caucete, Ullum, Iglesia, Jáchal, Pocito, Rawson, San Martín, Valle Fértil, Zonda, 9 de Julio, y 25 de Mayo destacaron: "La modificación (...) fue votada y aprobada por las dos terceras partes de los legisladores de la Cámara de Diputados de San Juan, por lo tanto, su veto es una falta de respeto al consenso de la Cámara y sus habitantes, quienes eligieron a sus habitantes para defender sus derechos".
El destino del veto depende en gran parte de la rosca peronista. Para la insistencia en la ley es condición sine qua non contar con el apoyo de dos tercios de los diputados. De obtenerlo, el Ejecutivo sólo podrá promulgar la suspensión del Artículo 4. Caso contrario, perderán la ley. Naturalmente, el orreguismo ejercerá resistencia y buscará también entablar charlas con los jefes comunales y diputados opositores. De momento, tiene que convencer a uno -o más de uno de ser posible-, votar en contra de la iniciativa, abstenerse o simplemente no bajar al recinto.
