El 27 de abril estaba previsto el lanzamiento de la licitación para la construcción de la Ciudad Judicial. Por las elecciones, se suspendió esta convocatoria, que ahora no tiene fecha definida y todo parece indicar que la megaobra de $20.000 millones deberá esperar. El Gobierno ya expropió el terreno de Scalabrini Ortiz y Sargento Cabral, lugar en donde estaba previsto arrancar con el ambicioso proyecto que busca contener en un mismo edificio todas las dependencias del Poder Judicial. Las fuentes consultadas informaron en estricto off que será el próximo gobierno de Marcelo Orrego el que defina qué pasará con la obra.
El 10 de febrero del 2022 el Estado tomó posesión del predio de más de 9 hectáreas, ubicado enfrente del Hiper Libertad. La tasación fue de $528.400.000, dinero que fue desembolsado por el predio en el marco de una expropiación tras la declaración de utilidad pública del bien inmobiliario. Incluso, hubo polémica por el destino de la histórica antena de Radio Colón, que iba a ser desmontada pero que finalmente se determinó que quede como monumento.
La obra de la Ciudad Judicial está planteada en tres etapas, una construcción modular que buscaba concentrar todas las oficinas del Poder Judicial, que actualmente alquila dependencias para poder funcionar. La obra totaliza unos 80.000 m2 cubiertos, una estructura más grande que el Centro Cívico. Cada módulo tiene un destino específico, uno para juzgados civiles, de familia y laborales; otro para la parte administrativa y otro para el fuero penal.
Hasta abril, la obra completa estaba tasada en $20.000 millones, dinero que iba a ser aportado por Nación, Provincia y el Poder Judicial. Ese fue el compromiso que asumió el presidente Alberto Fernández. Pero tras las elecciones del pasado 2 de julio, que implicará un cambio de gestión y de color político, las definiciones sobre cómo continuar el proceso licitatorio quedarían para el gobierno de Orrego, que asumirá el próximo 10 de diciembre.
En la actualidad, el Poder Judicial destina 21.000 metros cuadrados para su funcionamiento. El gran edificio, de acuerdo al proyecto presentado por la Corte de Justicia, cuenta con tres alas, accesibilidad, teniendo en cuenta a las personas con discapacidades respecto a rampas y señalética, para cumplir con todas las normativas.
Se proyecta que trabajarán en el edificio alrededor de 2.000 empleados judiciales más el público. La maqueta contempla la construcción de dos subsuelos para estacionar casi 800 autos más una parte posterior para 1.200 unidades.
