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SUSCRIBITELa ministra de Capital Humano Sandra Pettovello echó a uno de los funcionarios de su máxima confianza, y dispuso que se repartan los alimentos almacenados con la ayuda del Ejército.
Sandra Pettovello y Pablo de la Torre, el funcionario despedido
El Ministerio de Capital Humano, lidero por Sandra Pettovello, anunció recientemente el descubrimiento de irregularidades en el manejo y control de stock de alimentos almacenados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. Estos productos fueron adquiridos durante la administración anterior y presentaban fechas de vencimiento próximas, según informó el Ministerio.
Tras recibir esta información, el Ministerio decidió llevar a cabo una auditoría exhaustiva para evaluar la situación. Como resultado, se determinó "limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería". La consecuencia fue la salida del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, hombre que hasta hoy era de máxima confianza de la ministra.
En respuesta a las irregularidades, el Ministerio de Capital Humano informó que "iniciará las investigaciones administrativas correspondientes para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades". Además, se implementará un nuevo protocolo con el objetivo de asegurar la entrega de los alimentos próximos a vencer. Esta distribución se realizará a través del Ejército Argentino, con el fin de "garantizar una logística rápida y eficiente".
Pettovello habría presentado también una denuncia penal contra De la Torre por recientes escándalos vinculados al funcionario. Por un lado, la polémica en torno a los contratos irregulares con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que motivó una presentación ante la Oficina Anticorrupción para que se investiguen las irregularidades.
Según la denuncia, desde Capital Humano se contrataba mediante un “opaco” mecanismo a presuntos profesionales sin relación con las áreas de competencia de la cartera social en el marco de un convenio entre la administración pública nacional y el organismo. Además, se realizaba una retención de gran parte de los montos percibidos cuyo significado y destino se desconocen.
El año pasado habría recibido cerca de 120 mil dólares destinados a fines “que nada tienen que ver con el convenio suscripto” y que “seguramente fue utilizado para hacer caja y pagar sobre sueldos”, aseguró a Data Clave una fuente del Ministerio de Capital Humano.
El responsable directo de este esquema es un hombre que reportaba directamente a Pablo de la Torre, Federico Fernández, quien se desempeñaba como director general de administración del SENAF y también fue desplazado.
Junto a De la Torre y Fernández fueron separados el director Nacional de Emergencias, Esteban Bosch; el subsecretario, Héctor Calvente; y la directora de Jurídicos, Fernando De La Cruz Molina Pico.
Pablo De la Torre es hermano del exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre.
En su perfil de Instagram, Pablo De la Torre se describe como: "Casado. 7 hijos. Médico pediatra. Asesor de Infancia y Familia de la Municipalidad de San Miguel". En 2018, De la Torre participó en el Senado, oponiéndose al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En su intervención, expresó: "De aprobarse esta ley habrá niños argentinos que en democracia no van a poder nacer, no van a poder jugar, amar, reír o llorar". También señaló: "Miles de mujeres van a quedar destruidas porque créanme y he visto las secuelas y el síndrome post aborto es devastador".
Pablo De la Torre preside la Fundación Concordia, un think tank conservador vinculado a la Iglesia Católica, que promueve los valores tradicionales de la familia y se opone al aborto legal. El Concejo Deliberante de San Miguel declaró al municipio "Pro Vida" en 2018.
La distribución de alimentos para ayuda social y su distribución a comedores, muchos de los cuales organizados por movimientos sociales, quedaron en el ojo de la tormenta en los últimos días en un contexto de denuncias cruzadas entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras. Mientras los movimientos de desocupados denunciaban el corte de los envíos y se comprobó que había depósitos abarrotados de productos sin distribuir, la administración de Javier Milei apuntó contra una serie de dirigentes piqueteros, acusándolos de irregularidades en el manejo de fondos de ayuda social y hasta se ordenaron allanamientos y otras medidas contra ellos, como la inhibitoria de bienes lanzada contra Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.
Sin embargo, la decisión del juez federal Sebastián Casanello de ordenar la indagatoria del dirigente social vino acompañada por otro pedido para el Gobierno: la de elaborar un informe sobre todos los alimentos que están adentro de depósitos y que no fueron distribuidos a comedores sociales, pidiendo además que entregue un plan de distribución de los mismos en un plazo no mayor a 72 horas.
Manuel Adorni, remarcó en su habitual conferencia de prensa, el lunes pasado, que "la Justicia no se puede entrometer en la política pública" y anunció que el Gobierno apelará la decisión: "Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo".