Alrededor de 10 familias de la comunidad huarpe Salvador Talquenca que viven en la localidad de El Encón, 25 de Mayo, luchan por no ser desalojadas.
sábado 21 de marzo 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa comunidad huarpe Salvador Talquenca, como todas las indígenas del país, quedó desamparada luego de que la gestión de Javier Milei derogara la ley nacional 26.160.
El dilema se arrastra desde el 2012, cuando un sector del territorio de la comunidad fue rematado judicialmente pero se logró frenar el desalojo gracias a la ley nacional 26.160, pero la norma fue derogada en diciembre pasado por decreto de la gestión de Javier Milei.
Alrededor de 10 familias de la comunidad huarpe Salvador Talquenca que viven en la localidad de El Encón, 25 de Mayo, luchan por no ser desalojadas.
“Estamos trabajando junto a la comunidad Salvador Talquenca y con el doctor Javier Alamino para frenar este nuevo intento de desalojo que afecta a familias que viven allí hace generaciones”, afirmó el abogado Ariel López, representante legal de las comunidades, en diálogo con Canal 13 San Juan.
El dilema se arrastra desde el 2012, cuando un sector del territorio de la comunidad fue rematado judicialmente pero se logró frenar el desalojo gracias a la ley nacional 26.160, pero la norma fue derogada en diciembre pasado por decreto de la gestión de Javier Milei.
La derogación de la ley deja a las comunidades indígenas de todo el país en una situación de mayor desamparo, ya que se levantó la suspensión de los desalojos. El gobierno argumenta que la ley había favorecido la toma y usurpación de tierras, y que su derogación era necesaria para el desarrollo de inversiones y obras de infraestructura.
“Esa ley protegía las posesiones ancestrales de las comunidades. Desde su derogación, estas familias quedaron desprotegidas. Lo que ocurrió es gravísimo, porque ahora quienes compraron esas tierras en el remate vuelven a reclamar la posesión y exigen al juez que las entregue”, afirmó López.
De acuerdo a lo que informó el abogado, el territorio en conflicto abarca 9.000 hectáreas ubicadas en una zona donde convergen las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, que "es una zona muy árida, con muchas dunas, donde se hace un esfuerzo enorme para vivir. La actividad principal es la cría de animales caprinos, algo que requiere de gran extensión territorial por la escasez de pasturas".
La comunidad Salvador Talquenca está conformada por entre 35 y 40 familias que se asientan en la zona de El Encón. “En 2012 obtuvimos una sentencia que reconocía la posesión de las familias sobre ese territorio. No entendemos cómo ahora, habiendo un fallo a favor de la comunidad, se pretenda otorgar la posesión a otras personas que nunca vivieron ahí”, destacó López.
Los huarpes están a la espera de una resolución judicial que están dispuestos a apelar, si es necesario, hasta en la Corte Suprema.
López opinó que “esto no se soluciona solo en lo judicial. Hace falta voluntad política. Si no, siempre vamos a estar poniéndole parches a un problema que es mucho más grande”. Se quejó de la actual gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): “Hoy, en lugar de sentarse a dialogar con los pueblos originarios, dialogan con quienes se dicen propietarios de la tierra. El vaciamiento del INAI es parte de este retroceso en derechos”.