Julián Gil, el rey del escándalo

En esa oportunidad el intendente metió a su esposa, hijos y hermano como colaboradores del Municipio. Como justificación, dijo que lo hizo porque la gente se lo pedía: "Tengo una familia maravillosa. La comunidad está totalmente de acuerdo”. El tema fue incluso trending topic en Twitter. Pese a las reacciones, nunca dio marcha atrás e incluso nombró jefe de compras a su hijo adolescente.

Ese mismo año se conoció otra medida controversial de Gil. El jefe comunal decidió aumentar el gasto destinado a la planta política del municipio de Caucete en casi 10 millones de pesos al año. Fue porque definió incrementar de 16 a 29 la cantidad de cargos y porque equiparó su salario al de un ministro del Gobierno provincial, fijando una remuneración 20 mil pesos superior a la de su antecesor (la suba también se vio reflejada en toda la planta política en diferentes porcentajes). La medida causó revuelo en el Concejo Deliberante cuando se trató el presupuesto, pero quedó firme con los votos de los concejales de Gil.

Tras protagonizar diversas disputas con concejales por decisiones arbitrarias, llegaría la primera causa penal que lo involucró. Fue cuando la Policía secuestró una camioneta vinculada a una causa por estafa del domicilio de un empleado municipal llamado Pedro Bustos. Otra de cinco camionetas denunciadas en la misma causa fue encontrada en manos del padre de la presidenta del Concejo, de apellido Cepeda. Por el hecho, los opositores motorizaron una interpelación al intendente, a la cual primero envió a un funcionario y luego fue personalmente, afirmando que sólo tenía vinculación con el sujeto que tenía la camioneta porque le había prestado algunos servicios contratados a la Municipalidad.

No obstante, la entonces concejal y actual intendenta Romina Rosas aportó una foto de Gil junto a Bustos en un viaje a Punta Alta. Luego se conocieron más maniobras que habría practicado Bustos en las presuntas estafas, que lo acercan más al intendente, como por ejemplo, que en la concesionaria donde se retiraron las camionetas el presunto estafador mostró papeles con sello municipal y que en una oportunidad se habría presentado junto a un hermano de Gil. El jefe comunal se defendió en las redes sociales: "cauceteros, no se dejen engañar”, pidió. Luego se conoció que Gil denunció en la Justicia a Bustos por adulteración de documento público con el uso del sello. Finalmente Bustos fue procesado.

Más tarde, en 2018 Gil volvió a quedar en la mira por un polémico subsidio que otorgó a un club deportivo Independencia. La municipalidad le dio un cheque de $148.000 a la institución y horas más tarde le pidieron al tesorero que devuelva el cheque. Pese a la insistencia de concejales que pedían una explicación por el subsidio misterioso, Gil no las respondió e incluso envió una carta documento a este medio para que se "abstenga de persistir" publicando notas sobre el tema.

A principios de 2019, encarnó una disputa con una banda de cuarteto sanjuanina. Los integrantes de Omega denunciaron que habían sido prohibidos por el intendente por haber actuado en un evento del frente opositor. Alejandro Flores, integrante del grupo, aseguró que el intendente les dijo que si era reelegido "ellos no tocarían por 5 años en Caucete".

Nuevamente, en el ámbito judicial Gil se veía implicado. Es que el jefe comunal se tomó una foto con la hermana de su contrincante política Rosas y aseguró que Vanesa Rosas lo apoyaba en la campaña. Lo que no aclaró es que la mujer sufre de una grave enfermedad psiquiátrica y está bajo tratamiento. Tras este hecho que despertó la indignación de los familiares, Vanesa quedó internada en el Marcial Quiroga y poco después la Justicia intervino y le prohibió al intendente acercarse a la hermana de su rival. La mujer está diagnosticada con un cuadro psicótico de esquizofrenia. Según la medida cautelar, Gil no se podía acercar a menos de 300 metros a la mujer.

A fines de mayo de 2019, ex funcionarios de su gestión renunciaron y lo señalaron como un maltratador. Primero fue el secretario de Obras caucetero Daniel Metola y después fue la Directora de Desarrollo Social, Miriam Rosello.

Tras perder las elecciones, los escándalos continuaron encarnando la transición quizás más turbulenta de la provincia. Gil, a meses de abandonar la intendencia, decidió incorporar a planta permanente del municipio de Caucete a 67 personas, entre ellas 21 funcionarios. Ese fue el primer incidente de muchos.

Rosas primero denunció falta de mantenimiento y hasta de desmantelamiento de las movilidades de la municipalidad y días después estalló la polémica con la venta de terrenos. El intendente saliente ofrecía al irrisorio valor de 9.500 pesos cada terreno de unos 350m2 en un grupo de WhatsApp que tiene con gente de su espacio político. Este supuesto manejo resultó sospechoso, a pocos días de irse el jefe comunal, por lo que encendió alertas en el Concejo Deliberante.

Finalmente, los ediles lograron poner un freno a las últimas medidas. El Concejo Deliberante, por mayoría, le prohibió a Gil que siga vendiendo lotes del municipio. La medida establece la suspensión “de todos los actos de enajenación del futuro barrio Enfermera Medina” ya que se encontrarían “viciados de nulidad” porque viola una ley provincial, la Nº 1812-I, que prohíbe dictar normas que impliquen la venta o donación de activos fijos durante los tres últimos trimestres del mandato.

Hasta el último de sus días al mando, no dejó de sorprender a propios y extraños ya que se marchó sin pagar a sus funcionarios. La deuda con ex secretarios y ex asesores se sumó a los alquileres y seguros adeudados, parque automotor parado y baños inutilizables.