“Existe la posibilidad de que se suspenda la construcción del dique El Tambolar. Es lo que solicita La Pampa en la cautelar, nosotros trataremos de citar el último fallo contra la provincia de Mendoza donde se habla del derecho adquirido por parte de la provincia y que en realidad la construcción del Tambolar viene a optimizar el agua sobre derechos adquiridos de la población de San Juan, por lo tanto significa que el derecho adquirido no se puede sacar para darle derechos a La Pampa sobre derechos eventuales que no tienen adquiridos. En síntesis, no se le puede quitar algo que ya tiene la provincia para tratar de darle a La Pampa algo que no tiene”, explicó Jorge Alvo, fiscal de Estado de San Juan por el programa Banda Ancha, Canal 13.
Esto se enmarca en el conflicto judicial iniciado la semana pasada por el gobernador de La Pampa, Carlos Verna; el fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, y el procurador provincial, Hernán Pérez Araujo. Ellos presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda de amparo ambiental ante el avance en la construcción de la represa El Tambolar, sobre el río San Juan. Hasta tanto se cumpla con tres leyes nacionales, La Pampa exigió “la inmediata paralización” de la obra, que ya registra un 15 % de avance, la realización de audiencias públicas interprovinciales, y la determinación de un caudal ambiental para toda la cuenca.
“La cautelar es provisoria a los efectos de suspender provisoriamente la ejecución de la obra hasta tanto, opinan, debe realizarse un Informe de Impacto Ambiental establecido en la normativa nacional, un procedimiento que está normalizado a nivel provincial”, señaló Alvo.
¿Sólo tiene una salida judicial esta controversia o puede tener una salida política?, preguntó Daniel Tejada.
“Esto, estamos convencidos, es una acción netamente política. Pasa más por lo político que por lo jurídico, siempre La Pampa hizo amenaces y ahora en causa judicial con fecha próxima a elecciones a los fines del rédito político. Más allá de eso tenemos que circunscribirnos a la causa judicial y defender a la provincia en consecuencia”.
