El Fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis, y el abogado representante del Estado Provincial como querellante, Rubén Pontoriero, anunciaron públicamente un cambio de estrategia en el escándalo de las expropiaciones, la causa más importante en la historia judicial de San Juan: dijeron que ya no esperarán a que estén firmes todos los procesamientos para hacer un solo juicio a todos los involucrados en el saqueo a las arcas públicas mediante causas irregulares de expropiaciones, sino que trabajarán para que la Justicia vaya enjuiciando a todo el que esté en condiciones de hacerlo.
Y el fiscal De Sanctis dijo que la intención es que este año se haga el juicio a, por lo menos, tres de los procesados: al abogado Santiago Graffigna, al destituido juez Carlos Macchi y a la perito del Tribunal de Tasaciones, Ana María Melvin. Para que eso se concrete, el abogado Pontoriero informó que "falta que bajen las actuaciones de la Corte de Justicia y de la Cámara Penal al juzgado original, el Quinto de Instrucción”.
¿Qué actuaciones son y quiénes no las resuelven? ¿Por qué si el Estado Provincial denunció en el 2010 ante la Justicia todavía se frena el juicio a Graffigna y sus cómplices?.
LA CORTE
Quienes están en mejor condición de ser llevados a juicio, donde se decidirá si son o no culpables de los delitos por los que están procesados, son Graffigna, Melvin y Macchi (estos últimos como integrantes de la asociación ilícita y defraudación). En ese caso, los responsables del freno son la Corte de Justicia y la Sala II de la Cámara Penal.
La Corte de Justicia tiene pisado un recurso de casación que metió la defensa de Graffigna porque no estaban de acuerdo con los argumentos por los que le prorrogaban por un año más la prisión preventiva. Eso fue desde que Graffigna cumplió su segundo año de prisión domiciliaria, en marzo de 2015.
Por otro lado, la Corte también tiene que resolver un recurso de casación que metió el ex fiscal de Estado, Mario Díaz, quien llevó hasta el máximo tribunal su queja por una prescripción de acción, porque considera vencido uno de los delitos que le atribuyen.
Cuando la Corte resuelva el planteo de Graffigna (ya sea a favor o en contra), debe devolver las actuaciones a la Cámara Penal y ésta al Quinto Juzgado de Instrucción. Recién ahí su titular, el juez Benedicto Correa, estaría en condiciones de clausurar la investigación y mandar la causa a la Cámara Penal para que la sala en turno haga el juicio (ver recuadro).
Eso permitiría que tengan un juicio Graffigna y la perito Melvin, los dos que ya tienen firme el primer procesamiento que dictó la jubilada jueza María Inés Rosellot del Quinto Juzgado de Instrucción.
LA CÁMARA
La otra traba para que se haga un juicio por la causa expropiaciones está en la Sala II de la Cámara Penal. "El núcleo duro está en la Cámara Penal”, dijo, sin pelos en la lengua, el fiscal de Estado.
Allí quedó firme el procesamiento contra el ex juez Macchi (destituido y procesado por sus presuntos fallos delictivos a favor de Graffigna y en contra del Estado Provincial). Eso ocurrió porque su defensa no presentó a tiempo los argumentos por los que había apelado el fallo del juez Benito Ortiz, quien dictó el segundo procesamiento cuando subrogó el Quinto de Instrucción por la jubilación de Rosellot.
Como sigue vigente la apelación que hicieron los otros abogados defensores de los involucrados (Graffigna y peritos) en el procesamiento del juez Ortiz, el juez Correa no se puede cerrar la etapa de instrucción en el juzgado de origen sólo para Macchi, por lo que debe esperar que la Sala II de la Cámara Penal se pronuncie sobre el conjunto del procesamiento del juez Ortiz.
Respecto de la demora en la Sala II, el fiscal de Estado De Sanctis aclaró públicamente que "no todos los jueces incurrieron en denegación de justicia. La mayoría de la Cámara Penal sí lo hizo, pero el tribunal actual, integrado por Blejman, Caballero Vidal (h.) y Silvia Peña hace poco que se hicieron cargo de la causa”.
LOS DEFENSORES
Por el paso del tiempo sin que vayan a juicio Graffigna y sus cómplices también tienen mucho que ver los abogados defensores, quienes dilataron en forma sistemática todas y cada una de las medidas que se tomó en la causa de las expropiaciones.
"Es lícito que la defensa de los imputados hagan cuestionamientos. Pero hubo un abuso en planteos totalmente infundados, como recusar a los jueces porque los había nombrado este gobierno, como si hubiera otra forma en el sistema democrático de que funcione la Justicia. Esas chicanas también obstruyeron a la Justicia”, dijo, ofuscado, el fiscal de Estado De Sanctis.
En ese sentido, el actual juez de la causa, Benedicto Correa, llegó a dictar apercibimientos a Cayetano Dara, ex abogado defensor de la jubilada jueza Rosalba Marún, imputada también por sus fallos sistemáticos a favor de Graffigna y en contra del Estado Provincial.
Los dos frentes de batalla de la querella
El Fiscal de Estado y el abogado querellante Pontoriero hicieron público que tendrán dos frentes de batalla en el futuro de las expropiaciones: el aportar pruebas contra el ex Fiscal de Estado, Mario Díaz, a quien le dictaron falta de mérito en la Cámara Penal tras ser procesado por la jubilada jueza Rosellot; y también aportarán pruebas contra peritos del Tribunal de Tasaciones de la provincia que se encuentran en esa misma situación.
Por otro lado, el otro frente de batalla de los querellantes será ayudar a la Justicia para que en el 2016 se haga al menos un juicio. Graffigna, Macchi y Melvin son quienes están más cerca.
El tribunal del juicio, otro dilema
En el caso de que este año se lograra cerrar la etapa de investigación contra Graffigna, Macchi y Melvin, la causa expropiaciones se enfrentará otro dilema: ¿qué jueces integrarán el tribunal para enfrentar el debate?.
Sucede que los integrantes de la Cámara Penal, quienes están para hacer los juicios y resolver las apelaciones, están todos inhibidos. Y quienes no están en esa situación son los tres que ahora están interviniendo en las apelaciones (Blejman, Caballero Vidal y Silvia Peña), por lo que no pueden estar en el juicio.
"Deberemos buscar los subrogantes o llegaremos hasta los conjueces”, explicó el fiscal de Estado De Sanctis.
Hoy por hoy quienes estarían en condiciones de integrar el tribunal son los jueces correccionales Agudo (Primero Correccional), Parra (Segundo Correccional), Rosso (Cuarto Correccional) y Parrón (Quinto Correccional).
