Fuga: el Tribunal autorizó el traslado

Tres fuentes

Una de las fuentes es el mismo oficio, documentación a la que tuvo acceso Tiempo de San Juan y se publica en esta edición. Allí consta que el Tribunal Oral Federal autoriza el traslado, debido a que el secretario Doffo le pide al Servicio Penitenciario Provincial que haga cumplir el punto 11 de la sentencia, donde dice que los condenados deben cumplir condena en el lugar que disponga el Servicio Penitenciario Federal más cercano a su domicilio de residencia.
Tiempo de San Juan accedió a una segunda fuente oficial gubernamental, la cual confirmó que el oficio fue realizado el 16 de julio último, lleva la firma de Daniel A. Doffo como Secretario del Tribunal Oral Federal y se emitió el mismo día que los represores fueron trasladados desde el Servicio Penitenciario Provincial al de Marcos C. Paz, en Buenos Aires.
La tercera fuente es el comunicado que emitió Paula Carena, la Secretaria Penal N°5 del Juzgado Federal N°2 de San Juan. En uno de los párrafos dice: “El Secretario de Cámara –Daniel Doffo- suscribió un oficio que remitió al Servicio Penitenciario Provincial mediante el cual comunica una parte de la sentencia de fecha 04 de julio de 2013, en la que se resolvió el traslado de los condenados al complejo penitenciario federal que el director nacional del servicio penitenciario federal estime corresponder”.
Olivera y De Marchi habían organizado un plan y contaron con apoyo logístico y económico para evadirse de la justicia y del encierro que les habían impuesto como castigo. Así, se transformaron en los primeros represores del país que se fugan después de ser condenados.

Sigue el misterio

Hasta ahora sigue siendo un misterio cómo se pudieron haber escapado del Hospital Militar Central. El gobierno nacional eliminó a siete militares de la cúpula de ese nosocomio. Y la justicia investiga la fuga.
Desde ese momento llovieron las críticas de las víctimas de la represión y militantes de organismos de Derechos Humanos hacia la secretaria Carena y el juez federal Miguel Ángel Gálvez, quienes estuvieron de turno en la última feria judicial en el Juzgado Federal.
A ellos son los que responsabilizaron de firmar el oficio del traslado de Olivera y De Marchi al penal de Marcos C. Paz, donde los represores llegaron haciendo uso de la ley 24.660, la cual dice que los detenidos deben cumplir el encierro lo más cercano a su lugar de domicilio por “arraigo familiar”.
Una vez en Marcos Paz, pidieron ser llevados al hospital militar con la excusa de recibir atención médica. Pero era una mentira: ya tenían todo listo para evadirse.
La secretaria Carena emitió un comunicado enumerando cómo sucedieron los hechos, con la intención de dejar en claro que en su función ocasional durante la feria en el Juzgado Federal se limito a dar cumplimiento legal al pedido de los represores Olivera y De Marchi.
En ese escrito Carena informa que ya el Tribunal Oral Federal había beneficiado con esa misma medida a Olivera: “A modo de ejemplo, en el mes de diciembre de 2012 el Tribunal Oral Federal en la causa en la que recientemente dictó condena autorizó el traslado de Olivera a la Unidad Nº 34 ubicada en Campo de Mayo, y a Hospitales para que reciban atención médica, aclarando que podía hacerse efectivo ese traslado luego del 20/12/2012 y debiendo reintegrarse al Servicio Penitenciario de San Juan antes del 31 de enero de 2013”.
En el Juzgado Federal ya habían informado que los represores venían gozando de esos traslados a sus lugares de origen durante las ferias judiciales. Y en todo momento responsabilizaron por la fuga al Servicio Penitenciario Federal, división Móvil.