Relevo y algo más

Llegando y cambiando

Elías Álvarez se sigue diferenciando de Ana María López. El ex intendente quiere modificar medidas que, en su momento, fueron tomadas como conquistas por ella.
martes, 07 de febrero de 2012 · 07:51

Por Miriam Walter
mwalter@tiempodesanjuan.com

A Elías Álvarez hay cosas que no le terminan de cerrar en la Defensoría del Consumidor donde apenas lleva un mes en funciones. Y son justamente de las acciones que fueron más defendidas por Ana María López de Herrera, su antecesora y su ex contendiente política en Rivadavia para la interna del Frente para la Victoria. Sorprendió en diciembre el enroque de funcionarios: ella fue candidata oficial después de ganar las primarias y luego ganó la Intendencia de Rivadavia y él que era intendente fue designado en el lugar que dejó ella. Y parece que los estilos diferentes  de conducción siguen vigentes.

En los pasillos del Centro Cívico se comenta que el nuevo director de Defensa al Consumidor está estudiando cambios profundos en el modus operandi del organismo, y que se tomará hasta junio para aplicarlos de lleno. De entrada, cree que hay un par de cosas que mejorar o que cuestiona porque las ve mal planteadas por la antigua gestión: una es el funcionamiento de las delegaciones en las comunas y otra tiene que ver con el servicio “No llame”. 

Álvarez no quiere que su oficina sea un lugar para que los consumidores vayan a llorar penas sino un espacio de aplicación plena de la normativa, y lograr más capacidad ejecutiva, según confiaron fuentes calificadas a Tiempo de San Juan.  Esto, modificando el modus operandi del ente. El rivadaviense está convencido de que la Dirección debería levantar el perfil, ser un verdadero espacio de inclusión social.

El ex intendente de Rivadavia cree que está la normativa para aplicar sanciones y controles, pero que no tiene gente suficiente para aplicarlas, por eso quiere poner más inspectores en la calle. Para concentrar los esfuerzos en esa meta, Álvarez quiere reformular el funcionamiento de las delegaciones municipales.

Se trata de subsedes en todos los departamentos, inauguradas una a una por López, que el nuevo funcionario ve ociosas, porque tienen una estructura de personal que no se justifica. Bajo la óptica de Álvarez, según fuentes calificadas, si se divide la cantidad de denuncias al año en una de esas delegaciones de un departamento del Gran San Juan, da menos de una por día y para esa cantidad mínima de reclamos se destinan unas cinco personas, de las cuales 3 son de Defensoría y 2 empleados municipales. También evalúa que, salvo en los departamentos alejados, a la mayoría de la gente le es más cómodo y sencillo llegar con su consulta a la sede central de Defensoría, en el Centro Cívico, por donde pasa la mayoría de las líneas de colectivos.

La idea es seguir con las delegaciones pero hacer convenios con los intendentes para que el municipio se haga cargo de recibir los planteos, y que lo canalice hacia la Defensoría, con personal comunal capacitado especialmente. Y que el personal de Defensoría se aboque a controles más centralizados, como la supervisión de que se cumplan los acuerdos de precios o que no haya remarcación.

Otro tema que López defendió mucho hasta conseguir que se convirtiera en ley es el registro “No llame”, que se presentó como una solución para que las compañías no molesten por teléfono a la gente con promociones. La norma prevé que el sanjuanino interesado se anote en un registro y entonces Defensoría le comunica a las empresas más vinculadas con la persona, que no la contacte para promocionar nada. Así las cosas, en Defensoría al Consumidor aseguran que desde que está la norma muy pocos adhirieron a la propuesta, y que es de muy difícil aplicación porque el organismo se queda corto con el  casi infinito abanico de empresas que pueden llamar a un domicilio para ofrecer una venta. De todos modos, es una ley y hay que cumplirla por parte de Defensoría.

Por otro lado, apenas entró, según aseguraron fuentes calificadas, Álvarez vio que no había un seguimiento de las denuncias, desde que ingresa una hasta que se aplica alguna multa o cuando se toma otra medida en el organismo. En el lugar, la mayoría de los planteos –se reciben unos 3.000 anuales- son contra empresas de telefonía fija y móvil y contra una empresa que construye barrios. Y muchas veces el poder de defender los derechos de los consumidores se le escapa de las manos  porque gran cantidad de firmas no reaccionan ante las intimaciones de Defensoría y buena parte de los casos pasa directamente a Fiscalía de Estado, donde es difícil rastrear su desarrollo, lo que ayuda a que queden en la nada.  

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