Luego de dos audiencias en el sistema acusatorio federal contra 10 imputados integrantes de una banda narco que, según se investiga, operaban en 9 de Julio y vendían cocaína y marihuana al menudeo, el proceso fue anulado provocando un escándalo. El motivo: el propio juez del Tribunal Oral Federal, Daniel Doffo, advirtió que, al tratarse de un delito que contempla castigos que van de 6 a 20 años, el proceso debe estar a cargo de un tribunal, en lugar de un único magistrado. Esto, teniendo en cuenta lo establecido por el nuevo Código Procesal Penal Federal.
Al tomar la decisión, Doffo expresó en su fallo que, la situación “se trata de un vicio del proceso que provoca una nulidad que no es convalidable o subsanable ni siquiera con acuerdo de partes, puesto que la errónea interpretación (…) vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, juez natural y de defensa en juicio”.
La ley procesal establece que en los delitos con un máximo de 6 años de castigo, interviene un juez. El imputado y su Defensa podrán optar por un tribunal cuando la escala penal no supere de 15 años de cárcel. Y será obligatoria la presencia de 3 magistrados, para los casos con castigos superiores a 15 años.
Al mismo tiempo, según afirma Diario de Cuyo que dio a conocer parte del texto del documento, el Magistrado sumó que, “cierto es que esta advertencia parcialmente tardía ha producido desgaste jurisdiccional pero, la continuación del juicio en estas condiciones, traería aparejado un desgaste mayor y el mismo e irremediable final”, haciendo referencia al hecho de que el proceso ya estaba en marcha.
Ante la situación, la delegación local de la Oficina Judicial deberá ahora designar un tribunal para el desarrollo del proceso, en el que Doffo podrá intervenir o no.
El caso que se juzga
Fue a principios de abril pasado, a poco más de cuatro meses del megaoperativo en el que cayó la supuesta banda narco del “Gordo Franco” y los Rosales que operaba en 9 de Julio, que el fiscal federal que intervino en la causa cerró la investigación y formalizó la acusación contra los diez imputados para llevarlos a juicio. Según se estableció, uno traía la droga de Mendoza y la vendían en pequeñas dosis en la zona este de San Juan.
Los señalados como los presuntos cabecillas son Franco Marcelo Carrizo, alías “Gordo Franco”; junto con Sergio Maximiliano “Maxi” Rosales y su pareja María Eugenia Parra. A su vez, estos tres comandaban a Miguel Alejandro “Nani” Parra, Evelin Ríos, Isaías “Torito” Varela, Noelia “Toti” Ríos, Milagros “Mili” Rosales, Priscila “Pichi” Rosales y Ángel Andrés “El Gallego” Gunella, según las conclusiones del Ministerio Público Fiscal.
Todos ellos cayeron detenidos el 29 de noviembre del 2024 durante una decena de allanamientos realizados por policías del Departamento Drogas Ilegales y el GERAS. En la casa del “Gordo Franco” en Villa Sarmiento, Chimbas, secuestraron 563 gramos de cocaína, 14 plantas de marihuana y más de 1 millón de pesos en billetes de baja denominación, además de elementos para el fraccionamiento.
También requisaron la casa de Gunella en Rawson, mientras que el resto de los procedimientos se concretaron en los domicilios de los otros involucrados en el departamento 9 de Julio, aunque sólo hallaron pequeñas dosis de droga y dinero en efectivo producto de la venta al menudeo. Por otro lado, inhabilitaron las cuentas bancarias, de Mercado Pago y otras bancas virtuales que tenían todas estas personas, en algunas de las cuales detectaron movimientos millonarios de dinero.
A raíz de los múltiples allanamientos, los investigadores secuestraron un total de 590 gramos de cocaína, 17 plantas de marihuana y 9 gramos de esa hierba, hongos alucinógenos, $2.256.060, elementos de fraccionamiento y cinco vehículos.
