En una audiencia marcada por relatos de traición y una supuesta "obediencia ciega", la justicia sanjuanina avanzó este lunes en la investigación por el escandaloso robo de equipos de aire acondicionado pertenecientes al Poder Judicial. Los empleados Juan José Gallardo (37) y Juan Pablo Albornoz (43) enfrentaron los cargos presentados por el Ministerio Público Fiscal, apuntando directamente contra un tercer implicado, Jorge Fernando Cataldo, como el cerebro detrás de la maniobra.
El fiscal Iván Grassi, junto a su colaboradora Victoria Martín, formalizó la imputación por el delito de peculado en calidad de coautores (Art. 261 del Código Penal Argentino). Al ser funcionarios públicos y haber utilizado bienes del Estado (tanto los equipos como la camioneta oficial) para beneficio propio, la calificación legal reviste una gravedad institucional significativa.
La Fiscalía de Estado, representada por los doctores Ricardo Lorenzo y José Fraifer, se constituyó como parte querellante, adhiriendo a los planteos de la fiscalía. Por su parte, la defensa de Gallardo estuvo a cargo de Néstor Olivera, mientras que Albornoz fue defendido por María Filomena Noriega.
Durante la audiencia, ambos imputados decidieron declarar, intentando despegarse de la intención criminal.
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Juan Pablo Albornoz, empleado con 15 años de antigüedad y técnico en refrigeración, se mostró visiblemente afectado. "Es el trabajo que más amo, mi trabajo soñado. Soy un afortunado por trabajar en el Poder Judicial", expresó. Albornoz relató que Cataldo lo citó el jueves previo en el anexo de calle Jujuy y le señaló los cuatro aires para que los reparara.
"Yo todo lo hice como un ordenanza de la vieja escuela. Ese tipo (Cataldo) destruyó una familia. Se me paró el corazón cuando me dijeron que no podían verme... estoy viviendo un infierno", confesó Albornoz, quien además admitió haberle dicho a una encargada: “La cagada en la que me he metido. Lo de Cataldo no tiene nombre”.
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Por su parte, Juan José Gallardo, empleado desde 2013 en Servicios Generales, sostuvo una postura similar: "Albornoz me dijo que le diera una mano para llevar unos aires a reparar y lo hicimos. Nunca supe que estábamos haciendo algo malo". Su defensa insistió en que el joven solo cumplió órdenes de un superior jerárquico de facto.
Pese a las declaraciones de inocencia, la investigación preliminar arrojó datos que los dejan en una posición incómoda. Ambos admitieron conocer que nada sale del depósito sin una orden escrita. En este caso, no existía papel alguno, y según su relato esto lo hicieron por confiar en el otro. No tenían autorización para prestar funciones en un órgano diferente al de su designación habitual. Albornoz confesó que Cataldo le instruyó que, si alguien preguntaba, dijera que estaban allí para "arreglar un freezer".
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El hecho se consumó cuando los cuatro aires fueron cargados en la camioneta Toyota Hilux oficial -paradójicamente ploteada con la frase "Vehículo recuperado del delito"- y trasladados al domicilio particular de Albornoz, en Campo Afuera, Albardón.
El juez de Garantías concedió la libertad provisional para ambos empleados, aunque con medidas de coerción: deberán presentarse periódicamente ante la justicia y tienen prohibido acercarse a los testigos del caso.
La fiscalía solicitó un plazo de 8 meses para la investigación penal preparatoria y fue tajante respecto a la situación laboral: han solicitado a la Corte de Justicia que, mientras se resuelva su situación administrativa, los empleados no regresen a sus puestos habituales de trabajo para no entorpecer el proceso.
Mientras Gallardo y Albornoz intentan reconstruir su imagen alegando haber sido "usados" por la confianza de años, la mirada se posa ahora sobre Jorge Fernando Cataldo, quien tras estar dos días prófugo y haberse entregado este domingo en comisaría 25ta, es señalado por sus propios compañeros como el único responsable del "infierno" que hoy atraviesan.