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SUSCRIBITEDos de los ex directivos del CEF Nº20 fueron declarados culpables y recibieron condenas, luego de reconocer expresamente los hechos y su responsabilidad penal. Se trata de Mario César Sanz y Daniel Domingo Samat, mientras que Miguel Jofré se encamina al juicio oral y público, aunque se someterá a una Junta Médica.
Tras más de tres años de investigación, maniobras dilatorias, intentos fallidos de probation y disputas que incluso llegaron hasta la Corte de Justicia, la causa por los alquileres ilegales en La Granja tuvo finalmente una resolución contundente: dos de los exdirectivos del CEF Nº20 fueron declarados culpables y recibieron condenas en juicio abreviado, luego de reconocer expresamente los hechos y su responsabilidad penal.
La jueza que presidió la audiencia homologó el acuerdo alcanzado entre fiscalía, defensa y querella, y aplicó penas de ejecución condicional pero con inhabilitaciones absolutas y perpetuas, el punto más severo del fallo y el castigo institucional más duro previsto para este tipo de delitos.
Mario César Sanz, expresidente de la Cooperadora del CEF Nº20, fue sentenciado a 2 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer y administrar cargos en actividades sociales y deportivas. La Justicia lo consideró partícipe necesario de peculado, administración fraudulenta agravada y estafas reiteradas.
Daniel Domingo Samat, exdirector del CEF Nº20 y funcionario público al momento de los hechos, recibió 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la administración pública. La sentencia lo ubica como coautor de peculado, administración fraudulenta agravada y estafas reiteradas.
Ambos deberán cumplir reglas de conducta bajo control del Patronato y continuarán en libertad, aunque queda cancelada de por vida su posibilidad de ocupar cualquier cargo público o de conducción institucional.
De acuerdo con el extenso relato fiscal aceptado íntegramente por los imputados, entre enero de 2019 y septiembre de 2021 se montó un esquema organizado, estable y clandestino para lucrar con bienes, servicios y recursos del Estado asignados al CEF Nº20, una institución pública educativa y deportiva de carácter gratuito.
El sistema incluía alquileres ilegales de canchas de hockey, fútbol, básquet, gimnasio, piscina, estacionamiento, iluminación y servicios esenciales, sin registro administrativo y sin ingreso de fondos al Estado.
Los imputados, Samat como director, Sanz como presidente de la cooperadora y el ex vicedirector Miguel Jofré, cuyo proceso continúa por separado, cobraron entre 810 y más de 5.500 alquileres, según los registros secuestrados en computadoras institucionales y cuadernos de uso interno.
Sólo por perjuicio a particulares se acreditó un monto histórico mínimo de $1.003.170, sin contar el grave daño al Estado por uso indebido de instalaciones, desgaste acelerado, consumo de servicios públicos y la creación de un sistema paralelo de administración y recaudación.
El juicio abreviado se alcanzó recién ahora porque la evidencia acumulada por la UFI de Delitos Especiales resultó demoledora: testimonios del director que descubrió y denunció el sistema clandestino; declaraciones de porteros y personal que cobraba alquileres por orden de los imputados; testimonios de clubes y equipos de hockey que pagaban “colaboraciones” creyendo que eran legales; pericias informáticas con 36 archivos y más de 5.500 planillas de alquileres.
Además, la investigación dejó al descubierto más de 810 recibos apócrifos emitidos con membrete de la cooperadora; contratos firmados por Sanz alquilando instalaciones y hasta el buffet. Por su parte, una pericia caligráfica probó la intervención directa de Samat, al igual que informes oficiales de Educación y Deportes los complicaron todavía más, pues confirmaron que nunca hubo autorización para cobrar un peso por el uso del predio.
Frente a ese cuadro, ambos imputados aceptaron los hechos, su participación y la calificación legal, y renunciaron expresamente a un juicio oral.
En 2024, Sanz y Samat habían intentado evitar el juicio ofreciendo tareas comunitarias y $250.000, pero Fiscalía y Fiscalía de Estado se opusieron. Tras idas y vueltas entre Garantías, Impugnación y la Corte, que debía resolver si correspondía conceder la probation, el camino terminó en el escenario contrario: no sólo no hubo suspensión del juicio a prueba, sino que los acusados terminaron condenados.
El tercer imputado, Miguel Jofré, enfrentará otra instancia judicial, ya que no adhirió al abreviado y mantiene su pedido de sobreseimiento. Fuentes allegadas comentaron que la defensa pidió que lo vea un Junta Médica para definir si tiene afectada su voluntad y sus facultades cognitivas. Es que, según trascendió, refirió que tenía "fobia social". Es por eso que un cuerpo de especialistas analizarán si puede seguir siendo sometido al proceso.
El caso de La Granja, denunciado en agosto de 2022, expuso una red de corrupción dentro de una institución destinada a actividades deportivas educativas gratuitas. Desde entonces acumuló demoras, maniobras defensivas y controversias procesales, mientras clubes, profesores y usuarios reclamaban una resolución.