Un sujeto denunció que su ex pareja y madre de su hija sexualizaba a la menor por una foto que encontró en su celular y, por ello, la Justicia investigó el hecho que finalmente fue descartado por las autoridades. Incluso, el denunciante aseguró que la chiquita de 4 años había sido abusada con el consentimiento de su madre. Sin embargo, los fiscales de ANIVI no sólo desestimaron las sospechas tras indagar, sino que descubrieron que quien habría cometido diversos delitos había sido el mismo que acudió a ellos.
El caso inició a principios de agosto de este año, cuando el hombre oriundo de Media Agua radicó la denuncia por tenencia y producción de pornografía infantil y presunto abuso sexual. Como comentó que había hallado una foto en el teléfono de la madre, de alguna forma, obtuvo la tarjeta de memoria y la presentó en la UFI. También dijo que su hija le había confesado haber sido víctima de una agresión sexual y que su madre intentaba ocultarlo. A partir de entonces y el supuesto grave delito, inició la investigación preliminar en la que se colectaron diversos testimonios, entre ellos, el de la nena.
En una entrevista de viabilidad para ser sometida a Cámara Gesell, la niña no presentó signos de abuso aunque sí contó que sus padres se peleaban y que su mamá le tenía miedo a su papá. Por su parte, la madre de la supuesta autora del delito y ex suegra del denunciante comentó que durante los 9 años de relación que tuvieron, la pareja siempre tuvo problemas y que su hija había sido víctima de violencia de género.
Además, la abuela de la menor relató que el sujeto solía dejar a la mujer y a la nena encerradas cuando él no estaba y reveló que no le permitía trabajar a su pareja, a pesar de que se había instruido para ser peluquera. Tras develar esos detalles, la fiscal Valentina Bucciarelli y su equipo de trabajo descubrieron también que existía una prohibición de acercamiento emitida por el Juzgado de Paz Letrado de Sarmiento, que especificaba que el denunciante no podía tomar contacto con su ex.
El dictamen de la jueza Eugenia Barassi había sido impulsado después de que la mujer se presentara en el CAVIG y denunciara que el hombre la hostigaba. A pesar de que ya no tenían una relación, dijo que el sujeto la perseguía y controlaba, que le hacía escenas en la vía pública y en sus lugares de trabajo. En su descargo, la mujer confesó haber sufrido violencia física de parte del hombre que ahora no la dejaba en paz.
La fiscalía tomó testimonios de los vecinos del sitio donde la pareja y su hija vivieron un tiempo y los mismos también pusieron en aprietos al denunciante. Quienes conocían a la familia dijeron haber sido testigos de episodios de violencia de género y de haber asistido en más de una ocasión a la mujer con severas lesiones. Confirmaron el hecho de que solía dejarlas encerradas y que una vez debieron romper un candado para librarlas.
Por todos esos elementos de de convicción recabados en la investigación, no se pudo "determinar ni asegurar con el grado de probabilidad que la presente etapa procesal requiere, la existencia de un delito en perjuicio de la integridad sexual de la menor". Así lo resolvió el Ministerio Público y la mujer, que era representada por Filomena Noriega, fue desvinculada de la acción penal en su contra.
Ahora bien, con esas pruebas quien quedó contra las cuerdas fue el denunciante, que podría afrontar un proceso legal si llegara a ser denunciado. Es que habría varios delitos en juego, no sólo los de lesiones agravadas en contexto de violencia de género, sino también amenazas y hasta privación ilegítima de la libertad.
