La ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, efectivizó la denuncia penal para que la Justicia investigue si dos empleadas cometieron un delito en el área de Regulación y Gestión, que es donde tramitan la matrícula los profesionales sanitarios. La sospecha es que las administrativas se ofrecían a recibir el dinero del arancel, 1200 pesos por cada caso, que los profesionales debían pagar en el banco, y luego falsificaban los comprobantes dentro de los legajos de los profesionales, dejándose el dinero ellas.
Según confirmó a Tiempo de San Juan el secretario técnico de Salud Pública, Roberto Correa, ya se hizo la denuncia y las empleadas sospechadas fueron suspendidas provisoriamente hasta que el sumario interno o la justicia determinen responsabilidades.
En principio se apunta a dos personas, que son trabajadoras de planta, pero no se descarta que sean más los involucrados. La presunta maniobra se detectó la semana pasada, por parte de un coordinador del área, que notó una grosera cantidad de sellos en un expediente, lo que se supone que es para tapar las fechas de viejos troqueles que se habrían pegado como nuevos para acreditar pagos. La irregularidad se encontró en al menos 4 expedientes de un mismo día, por un total de 4.800 pesos, lo que dio lugar al inicio del sumario interno. Lo que se intenta establecer es si la maniobra existió y si se dio en muchos casos más.
