Por Gustavo Martínez Puga
De las arcas del Estado provincial, es decir, el fondo que pertenece a todos los sanjuaninos, por primera vez se pagará por la detención ilegal que hizo la Policía de San Juan a un hombre denunciado por una violación. Así se acordó en la instancia de mediación la Fiscalía de Estado y el hombre que sufrió el procedimiento trucho.
Entre las partes se hizo un acuerdo extrajudicial en el que se convino el pago de 373.000 pesos, a pagar en cuatro cuotas.
Fue en concepto de “reparación total” por los daños provocados a Juan Manuel Castro, la persona detenida ilegalmente durante 23 meses.
“En la demanda se había justificado desde los daños psicológicos provocados a la persona hasta los daños económicos, ya que perdió su trabajo y, además, él era el sustento de sus padres y pagaba el alquiler de la casa de su hijo y su ex pareja”, explicó el Federico Petrignani, abogado defensor y quien llevó adelante la demanda civil. En la parte penal, Petrignani había sido el abogado defensor junto a Fernando Castro.
La negociación con el Estado provincial, a través de la Fiscalía de Estado, ya está cerrada.
Para que se concrete el pago faltan dos instancias administrativas: la factibilidad económica y la firma del fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis. Una vez que esos pasos se cumplan, el acuerdo debe ser homologado judicialmente en el Primer Juzgado Civil.
Llegar a esa instancia llevó meses de negociación y de búsqueda de casos similares: “No hemos encontrado en la Fiscalía de Estado algún antecedente de un caso de detención ilegal que haya llegado a la Corte de Justicia y en la que se haya fallado que el procedimiento estuvo mal hecho”, explicó Adrián Squintone, abogado de Fiscalía de Estado que logró reducir la cifra inicial de la demanda, la que rondaba el millón de pesos.
En forma paralela a la negociación para hacerle pagar lo menos posible a todos los sanjuaninos, en Fiscalía de Estado también están estudiando la posibilidad de que el Estado provincial demande a los policías, fiscales y jueces que intervinieron en el proceso judicial hasta la instancia del juicio oral.
Es que se considera la posibilidad de que en todas esas instancias los funcionarios públicos involucrados pasaron por alto el paso más elemental de todo procedimiento que atente contra la libertad de una persona: la intervención de la Justicia.
En el caso en cuestión se vieron involucrados policías de la Seccional 26, de Chimbas; el fiscal de primera instancia Fabricio Médici; el juez de instrucción Leopoldo Zavalla Pringles –ahora jubilado-; el tribunal de la Sala I –donde se avaló el auto de procesamiento- y el fiscal de cámara Eduardo Mallea.
Cuando el caso llegó a juicio, el tribunal de la Sala III de la Cámara Penal se hizo eco del planteo de los abogados defensores, Castro y Petrignani, de que no había habido orden judicial para la detención y para el allanamiento.
Los jueces Héctor Fili, Ricardo Conte Grand y Eugenio Barbera decidieron declarar ilegal el procedimiento. Pero, además, también resolvieron sobre la cuestión de fondo y absolvieron a Juan Manuel Castro por el delito de abuso sexual.
El fiscal Mallea llevó el caso ante la Corte de Justicia, entendiendo que la policía actuó con premura para evitar que el sospechoso se fuera a fugar.
Pero la Corte le dio la razón a la decisión del tribunal de la Sala III, respecto de que el procedimiento había sido ilegal. Y, además, también le dio un tirón de orejas al mismo tribunal que avaló: le dijo que nunca debió resolver la cuestión de fondo –si el sospechoso cometió o no delito- ya que al estar viciado de nulidad el procedimiento al comienzo, todo lo demás era nulo, por lo que no correspondía decir si cometió o no el delito de abuso sexual que le achacaban.
En ese momento la Corte de Justicia también ordenó investigar a los policías que participaron del operativo ilegal, cuya causa debía ser girada por el tribunal de la Sala III a la fiscalía en turno. Dijo que el máximo tribunal que podrían haber cometido el delito de privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y falso testimonio.
Eso fue contra los policías de la Seccional 26 que hicieron el procedimiento, Víctor Ariel Bustos –oficial ayudante- y Sergio Santiago Villegas –cabo primero-, pero ambos aún hoy siguen trabajando en la fuerza de seguridad pública.
Cómo fue el caso
El 4 de junio de 2010, Juan Manuel Castro –a la derecha, junto a su abogado Petrignani-, de 30 años, fue denunciado en la Seccional 26 por una mujer que conoció en un boliche. Lo acusó de haberla abusado sexualmente, pero luego los peritajes demostraron que no hubo síntomas de violencia sexual. La policía allanó el departamento en el que vivía Castro, en momentos que dormía. Reventaron la puerta, lo golpearon en los riñones y le secuestraron un cuchillo y un jeans. Desde entonces, y hasta mayo del 2012, cuando se hizo el juicio en la Sala III y fue liberado, Castro había estado privado de su libertad ilegalmente. Después de aquel episodio, Castro pudo encontrar un nuevo trabajo y volvió a vivir con su pareja, de la que se había separado momentáneamente cuando ocurrió la detención.
Claves
1 En la etapa de investigación, Castro fue indagado tres veces. En todas ellas negó el hecho que le imputaban y denunció que la policía le había lesionado sus riñones por los golpes en la detención.
2 Todo el planteo de nulidad de los defensores de Castro está en las primeras 14 fojas del expediente. De ahí en adelante, todo lo actuado debía ser nulo.
3 Petrignani y Castro fueron los abogados de Juan Manuel Castro a partir del momento de la apelación del auto de procesamiento y durante el juicio. Antes tuvo otro abogado.
