Grande fue la sorpresa de los inspectores de Salud Pública cuando clausuraron un geriátrico trucho y se toparon con que la dueña era la misma que había abierto dos más, también clandestinos y también descubiertos. Según aseguraron desde la dirección de Saneamiento, el caso es el primero en el que una persona reincide tantas veces en una misma práctica. La Justicia de Faltas la inhabilitó para trabajar en el rubro.
El caso que sorprendió a todo un Ministerio comenzó en el 2012 cuando un grupo de inspectores llegó a la calle Salta pasando Benavidez, Chimbas. Siete viejitos fueron encontrados en una casa de barrio, dormían en dos habitaciones y no contaban con asistencia médica. Los abuelos no lucían descuidados pero el geriátrico no tenía la habilitación exigida por la Ley 6.822, que regula este tipo de dependencias. En aquella oportunidad, el caso recayó en el 1º Juzgado de Faltas, que la sancionó con una multa de $6.000.
El segundo geriátrico que abrió esta mujer (no quisieron revelar el nombre ni en el Ministerio de Salud ni en la Justicia de Faltas) fue descubierto en noviembre 2013. Una casa del barrio ATSA, Rivadavia, era el lugar en donde funcionaba el asilo de ancianos trucho. Según establecieron los inspectores, había dentro seis abuelos. La vivienda no era segura para ancianos, los baños no estaban adaptados, no había enfermeras ni personal especializado contratado. Nuevamente recayó sobre la mujer la Justicia de Faltas por tantos incumplimientos. Una multa más abultada, de $2.000 por abuelo, fue la sanción aplicada a la que se le adicionó una fuerte advertencia para que parara con la apertura de geriátricos sin habilitación.
La gota que rebalsó el vaso fue en agosto pasado cuando a través de una denuncia anónima los inspectores de Saneamiento llegaron a una casa ubicada sobre calle Rivadavia y Salta. Allí funcionaba el geriátrico en el que había alojados ocho ancianos en buen estado de salud pero sin atención médica permanente. Los otros incumplimientos se relacionaban con la infraestructura de la vivienda y obviamente con no contar con habilitación para funcionar. El castigo aplicado por el 2º Juzgado de Faltas fue ejemplar: una multa de $3.000 por abuelo, más dos días de arresto, más la prohibición de abrir otro geriátrico.
El director de Saneamiento, Federico Osollo, aseveró que es la primera vez que una misma persona abre tres geriátricos truchos. Este caso es una muestra de un drama que tiene a los abuelos en el medio de un negocio redondo. En lo que va del año, se clausuraron cinco asilos clandestinos. En el 2014 Salud Pública cerró ocho.
Panorama provincial
Cuando se localiza un lugar ilegal cae un operativo integrado por personal de Salud Pública, del Juzgado de Faltas y uniformados. Los hogares para ancianos no habilitados carecen de médicos especializados en gerontología, de enfermeros, de nutricionistas y hasta de un edificio adaptado para satisfacer las demandas de una población que tiene dificultades motoras.
¿Qué pasa cuando se detecta un geriátrico clandestino? Si los abuelos están en mal estado de salud se procede a llamar a los familiares para que los retiren y los ubiquen en una institución adecuada. Los que no son buscados, se los deriva a la residencia Eva Perón hasta que alguien los reclame.
Pero no siempre que se encuentra un geriátrico trucho se clausura el lugar. "Si ya iniciaron los papeles en Salud Pública le damos un plazo para que adecuen la documentación”, explicó Osollo.
En San Juan hay 14 geriátricos habilitados, los cuales tienen que renovar los permisos para funcionar cada 5 años. Entre el papeleo a presentar se encuentra la aprobación de Planeamiento, la lista del personal que se desempeña en la institución y la aprobación también de Bomberos. La regulación de los hogares de ancianos está enmarcada en la ley 6.822.
Los precios de la internación suelen ser superiores a los $4.000 mensuales cuando los hogares están en regla. Y cuando están al margen de la legislación entre $2.500 y $3.000. Este es el gancho que generalmente seduce a los hijos de los abuelos a internar a la hora de tomar una decisión.
Una alerta que permite levantar la sospecha es que los hogares no habilitados obviamente no reciben ninguna obra social, sólo se manejan con efectivo.
Los operativos realizados lanzan datos que permiten realizar un identikit de los geriátricos no habilitados. Generalmente funcionan en una casa particular, no tienen ninguna clase de cartel identificatorio, suelen tener apenas dos baños de dimensiones estándar, no cuentan con la señaléctica necesaria ante emergencias ni con matafuegos. Pero lo peor de todo, es que carecen de personal médico especializado. Suelen ser manejados por personas carentes de formación profesional.
Desde Salud Pública insisten en que los hijos antes de internar a sus padres en un geriátrico les pidan los papeles de habilitación a quienes los atienden porque si no, los abuelos están a merced de que les pase cualquier cosa. En casos extremos, se han encontrado ancianos maltratados física y psicológicamente lo que genera un daño irreparable en la psiquis de la persona.
Datos nacionales
La Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos calcula que en la Argentina hay alrededor de 6000 geriátricos, de los cuales cerca del 25% no están habilitados.
En la Ciudad de Buenos Aires, según estimaciones de la Defensoría del Pueblo y la Escuela de Gerontología de la Universidad Maimónides, la situación es aún peor: cuatro de cada diez establecimientos funcionan de forma ilegal, sin cumplir ni con todas las exigencias edilicias ni con las pautas mínimas de atención.
Dato
Para denunciar un geriátrico clandestino hay que comunicarse con el 4305550 o al 4305819. Es anónimo.
