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ESCÁNDALO EN CAUCETE

El eslabón que faltaba en el juzgado de la coima

Entre los principales sospechosos, el imputado por pedir coima y el señalado como el operador del juzgado de Paz, hay un vínculo familiar que ayuda a entender los lazos en el interior de esa oficina de la Justicia. La jueza Bustos está cada vez más complicada. Por Gustavo Martínez Puga.

Por Redacción Tiempo de San Juan


Por Gustavo Martínez Puga

Hugo Navarro y Manuel Godoy tienen una relación más estrecha que la laboral: la familiar.
Ese vínculo es un motivo más para entender cómo Navarro, el sargento retirado de la Policía, sorprendido pidiendo una coima, llegó a trabajar codo a codo adentro del Juzgado de Paz de Caucete con el empleado Godoy, sobre el que caen todas las sospechas.

La relación es así. Es conocido en Caucete que Manuel Godoy, el único empleado legal del Juzgado de Paz –además hay una secretaria y la jueza María Cristina Bustos-, tuvo varias relaciones de pareja, según confirmaron a Tiempo de San Juan fuentes vinculada a su familia.
La hija mayor de Godoy, fruto de su primer matrimonio, está casada con Carlos Bustamante. La madre de ese hombre se llama Ada Millicay de Bustamante. Y esa mujer es prima hermana de Eva Córdoba, la esposa del ex policía Hugo Navarro.

De esa manera, la consuegra de Godoy es prima de la esposa de Navarro.

Detrás de ese vínculo familiar también hay una relación de años entre Navarro, Godoy y la misma jueza Bustos. Fuentes del entorno de ambos precisaron haber visto a Navarro trabajar en el Juzgado de Paz de Caucete desde antes que se retirara de la fuerza de seguridad.

“Desde 1995 que se lo veía a Navarro, vestido con el uniforme de la Policía de San Juan, cuando aún no se retiraba, que atendía al público en el interior del Juzgado de Paz de Caucete”, precisó una fuente que, como muchos cauceteros, conoce de cerca y desde hace años al juzgado de la polémica.

Ahora, por la denuncia de una vecina que había ido a declarar por una causa de ruidos molestos entre vecinos, se ventiló que el sargento retirado de la Policía era un empleado trucho en el juzgado.

Esto fue confirmado por la Corte de Justicia, el organismo del Poder Judicial que tiene la superintendencia en la administración de la Justicia sanjuanina y que es el único órgano autorizado a nombrar gente en ese poder del Estado.

Tras la denuncia de la vecina en la fiscalía de Fabricio Médici, Navarro fue atrapado por policías de la Brigada Sur pidiendo una coima.

En su declaración indagatoria, el sargento retirado admitió que recibió dinero, pero dijo que esos 39,50 pesos fueron por el monto de una estampilla. Aunque sea cierto, eso es una irregularidad porque, aunque fuera un empleado legal, ningún trabajador del Poder Judicial puede recibir dinero por un trámite legal.

Navarro también reconoció en su indagatoria que trabajaba en el juzgado. Pero se justificó con una respuesta increíble: dijo que lo hacía sin recibir dinero a cambio y que era como un “pasatiempo”.

El ex policía dijo tener una relación de años con la jueza Bustos. Y también reconoció otra irregularidad que compromete a  la magistrada: dijo que aprendió a caratular las causas y hacía esos trámites en el juzgado caucetero, siendo que no estaba habilitado para ello.

Como se confirmó que no es empleado, la imputación legal a Navarro cambió: ya no es exacción ilegal –cuando un funcionario público pide coima-, sino tentativa de estafas reiteradas. Como ambos delitos son excarcelables, el ex policía no quedó preso.

Por otro lado, también habló largo y tendido sobre el accionar de Manuel Godoy en el juzgado.
Por esa declaración de Navarro, ahora Godoy podría ser citado por el juez Benito Ortiz y puede llegar a quedar legalmente vinculado a la causa judicial.

Tiempo de San Juan publicó, en base a fuentes policiales y vecinales, que el empleado Godoy es el principal sospechoso de las irregularidades en el juzgado de Caucete. Por ejemplo, las fuentes dicen que cobraba las multas de las infracciones de tránsito hechas por la policía –lo que es ilegal, porque las multas deben pagarse en sede bancaria-, y entregaba a los infractores un oficio firmado por la jueza Bustos –no se sabe si la firma era o no la original- para que retiraran de la comisaría los vehículos secuestrados.

Otra irregularidad atribuida a Godoy es que derivaba a su inmobiliaria particular esos trámites, sobre todo los fines de semana, cuando más multas se hacían y cuando el juzgado estaba cerrado.

Al parecer, la gente pagaba la multa creyendo que era legal.

Ahora el juez Ortiz mandó a pedir copias de los oficios y de las actas de infracción y verificará con el banco y con Rentas si las multas pagadas ingresaron o no a las arcas del Estado sanjuanino. Y ahí se probará si Godoy se quedó o no con ese dinero.

En medio de todo ese escándalo, la jueza Bustos hizo una denuncia que terminó de confirmar las irregularidades: denunció en la Seccional Novena que le robaron expedientes y los sellos.

¿Lo hizo para cubrirse o porque recién ahora se dio cuenta del descontrol en su juzgado?.

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