Duro fallo de la Sala Tercera

Violación que no fue: Tribunal pidió investigar a dos policías

Presumen que privaron ilegítimamente de la libertad, abusaron de su autoridad y dieron falso testimonio contra un joven que estuvo 23 meses presos por una violación que no cometió. Por Gustavo Martínez.
martes, 22 de mayo de 2012 · 08:54

Por Gustavo Martínez
gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com

“Se advierte nítidamente un arbitrario y espurio procedimiento policial de allanamiento de morada, de detención de –Juan Manuel- Castro y de secuestro de las prendas que vestía y del cuchillo hallado en el interior del inmueble, constituyendo ello un accionar excesivo de la fuerza, máxime cuando no existían circunstancias que permitieran adecuar tal actuación a los supuestos expresamente previsto en el Código Procesal Penal, por lo que necesariamente tales actos vulneraron infundadamente prerrogativas elementales del ordenamiento legal”. Esta conclusión, del juez de cámara Héctor Fili, al que adhirieron sus colegas Eugenio Barbera y Ricardo Conte Grand, es contra el procedimiento de dos policías de la Seccional 26 y es una parte de los fundamentos que dio el tribunal de la Sala III en su decisión de absolver a un joven de 27 años del delito de violación que lo llevó a estar detenido ilegalmente durante 23 meses.

Este tribunal decidió remitir a la fiscalía de instrucción en turno para que investigue por privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y falso testimonio a los policías de la Seccional 26 Víctor Ariel Bustos –oficial ayudante- y Sergio Santiago Villegas –cabo primero-, quienes allanaron la vivienda y detuvieron a Juan Manuel Castro, ante la denuncia de abuso sexual  que había hecho una joven el 4 de junio de 2010.

Los camaristas entendieron que no hubo motivo para que los policías procedieran a la detención sin la orden de un juez, sin la presencia de un veedor judicial. Además, sobre la forma en que se produzco la detención, los jueces entendieron que los policías mintieron: ellos declararon que detuvieron a Castro en el balcón de su departamento. En base al testimonio de vecinos y el peritaje del cerrajero César Ortíz, los jueces concluyeron que los policías reventaron la puerta de un golpe y golpearon innecesariamente a Juan Manuel Castro, lesiones que fueron comprobadas por el médico Fernando Giménez del centro de salud Báez Laspiur.

Para los abogados defensores de Castro, Federico Petrignani y Fernando Castro, “esto es sólo la punta del iceberg: cómo puede ser que el fiscal de primera instancia –Fabricio Médici-, el juez de Instrucción –Leopoldo Zavalla Pringles-, la Sala I –donde el caso fue en apelación y habrían omitido analizar estas irregularidades- hallan pasado por alto procedimientos básicos como la detención sin la orden de un juez”, comentó el defensor Castro, quien ahora se constituirá en parte querellante para accionar contra cada una de los eslabones que cometieron una injusticia contra su cliente.

Los defensores Castro y Petrignani califican de “inédita” a esta situación en la justicia sanjuanina. Pero en la misma Sala III informaron que ocurrió una situación similar hace algunos años atrás, en el caso de Luciana Abregú, la joven sordomuda que asesinó a su padre cuando dormía, quien estuvo detenida y en el juicio se dieron cuenta que la investigación estaba viciada de irregularidades.

El caso de Castro es un poco más grave porque el tribunal de la Sala III entendió que, no sólo el procedimiento fue irregular, sino que el joven no cometió el delito. Por ejemplo, el tribunal consideró como “desincriminante” la prueba aportada por la médica legista Navarro de la Fuente, quien consignó que “la víctima no presenta signos de violencia genital y anal”.

Además, calificaron de “inconsistentes a las diferentes declaraciones efectuada por la presunta víctima”. Su declaración fue distinta, debido a que “sobre cuatro declaraciones efectuadas en el transcurso del año y diez meses que demoró el proceso, el hecho puntual del acceso carnal fue in crescendo, de una penetración sólo vaginal a una tentativa de sexo oral con penetración vaginal, para concluir en su última declaración con sexo oral consumado, acompañada de penetración anal y vaginal”.

Ahora los jueces deberán esperar hasta fines de mayo para ver si el fiscal de cámara Eduardo Mallea apela esta decisión. De lo contrario, un fiscal deberá investigar a los policías sospechados.

 

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