Para llegar a la verdad

Recompensas: 400.000 pesos para resolver casos policiales

Los ofrece el gobierno, a quien aporte datos sobre las desapariciones de Raúl Tellechea y de Adolfo “Gogó” Ruiz, y sobre la muerte de Guillermo David Romero y de José María Cappes, destinando 100.000 pesos como recompensa para cada caso.
martes, 21 de febrero de 2012 · 08:32

Por Susana Roldán

Como en las películas, cuando un caso policial se torna difícil de resolver y no hay datos que conduzcan a su esclarecimiento, las recompensas pueden ser  una herramienta para llegar a la verdad. Sin embargo, pese a que en este momento hay vigentes cuatro ofrecimientos de recompensa por un total de 400.000 pesos (100.000 para cada caso) a quien aporte datos sobre los casos Tellechea, Ruiz, Romero y Cappes, nadie ha conseguido cobrarlas a cambio de información. De las cuatro recompensas vigentes, según explicó el ministro de Gobierno,  Adrián Cuevas, la más antigua es la que ofreció el Gobierno de San Juan para obtener  datos sobre la desaparición de Raúl Tellechea, un ingeniero especializado en informática que salió de su casa en septiembre de 2004 y del que nunca más se supo nada. El ofrecimiento más reciente, en tanto, intenta convencer a quienes tengan información  sobre el fallecimiento de Guillermo David Romero, recompensa que se publicó esta semana.

“Los datos no los recibe el Ministerio de Gobierno, sino que las personas que tengan información tienen  que presentarse al Poder Judicial o a la policía. Nosotros hacemos el esfuerzo desde el Ministerio de Gobierno y participamos para tratar de esclarecer estos delitos”, dijo el ministro.

Desde 2009, el fondo para recompensas tiene figura de ley. Lo creó la Cámara de Diputados de la Provincia, por un equivalente a 500 sueldos mínimos, vitales y móviles en total. En la misma ley, también se fijó un tope para asignar como recompensa a cada caso: 100 salarios mínimos.
Entre otras cosas, la norma establece que la identidad de quien aporte información debe ser mantenida en secreto durante toda la investigación, pero la persona  si puede ser convocada,  llegado el momento del juicio. En ese caso, se deberán tomar los recaudos de una audiencia privada para resguardar la identidad del aportante de datos.

No todos los casos pueden tener ofrecimiento de recompensa. El fondo, según la ley, tiene en cuenta aspectos como la conmoción pública que genere el caso y la dificultad en la investigación y  se destina a situaciones como desaparición de personas, violación seguida de muerte y homicidios en que no existan datos sobre los autores o los datos sean confusos.

Raúl Félix Tellechea

Desapareció la noche el 28 de septiembre de 2004. En su casa quedaron sus medicamentos para la diabetes, sus llaves y sus documentos personales. Trabajaba como docente y como empleado especializado en administración e informática en la Asociación Mutual del Personal de la UNSJ. Esta entidad fue la que, luego de la desaparición, lo denunció penalmente por presunta falsificación de documentos para cobrar sobresueldos. Sin embargo, la denuncia fue desestimada por la Justicia y el caso pasó a ser considerado una “desaparición forzada”. Pese a que los propios hijos de Tellechea encabezan una campaña para el esclarecimiento del caso y que también han aportado a la causa datos ofrecidos por terceros, ninguno pudo ser confirmado como para cobrar la recompensa ofrecida.

Adolfo “Gogó” Ruiz

Dos días antes de su cumpleaños, el 24 de septiembre de 2010, Adolfo “Gogó” Ruiz, empleado de la Dirección de Arquitectura y dueño de una pequeña empresa de transporte,  salió del consultorio de su odontóloga, en Caucete (lugar donde vivía con su familia) y nadie volvió a saber de él. Según sus familiares, casi no llevaba dinero. También dijeron que no tenía apremios económicos y que su situación emocional era estable, sin indicios de una depresión que pudiera haberlo llevado a desaparecer en forma voluntaria. Catorce días después de la desaparición y al no tener  elementos contundentes para orientar la investigación, el juez de la causa, Enrique De la Torre, anunció el ofrecimiento de una recompensa de 100.000 pesos a quien pudiera aportar datos sobre Ruiz. El misterio sigue hasta hoy, ya que nadie aportó datos que ayuden a esclarecer el caso.

José María Cappes

La foto que muestra a un sonriente José María Cappes empezó a aparecer en espacios públicos y también en algunos privados, ni bien su familia asumió que sería muy difícil encontrar al causante de su muerte, ocurrida en la madrugada del 9 de Julio de 2011. Esa noche, José María caminaba con tres amigos a pocas cuadras de su casa, cuando en las inmediaciones de calle General Acha y Progreso, un auto los atropelló y se dio a la fuga.  El joven de 20 años murió en el acto y sus amigos quedaron mal heridos. Pese a que caminaban juntos, ninguno pudo aportar datos fidedignos sobre el automóvil que los atropelló, excepto que era de color blanco. En principio, la propia familia salió a ofrecer una recompensa de dinero a quien aportara datos, aunque fuera anónimos, sobre el conductor o el vehículo. Pero ni siquiera así se consiguió dar con el culpable.

Guillermo David Romero

A días de cumplirse un año de la muerte del boxeador Guillermo David Romero, el ministerio de Gobierno anunció esta semana  que se había dispuesto una recompensa de 100.000 pesos para quien aporte datos sobre el hecho. El 6 de febrero de 2011, Romero recibió un balazo mientras estaba en la puerta de su casa, en Santa Lucía. Desde el principio, la policía empezó a buscar a Miguel Camargo, vecino del boxeador, a quien se indicó como autor intelectual de su muerte. La causa habría sido la insistencia de Camargo en acercarse a la hija de Romero, de 15 años de edad, hecho que ya había causado violentos encontronazos entre ambos. El boxeador agonizó durante 14 días en una cama del Hospital Rawson. En ese lapso, la policía detuvo a otras dos personas, acusados de ser los autores materiales, pero nunca lograron dar con Camargo, quien todavía está prófugo.