En muchos campos los patrones están acostumbrados, todavía, a proceder como en la época de la esclavitud, relata la revista Veintitrés. Los peones deben obedecer sin chistar, trabajar a la intemperie cualquiera sea el clima, y esperar la noche con una pava en el brasero. Las cosas marchaban de esa manera en una estancia de la localidad entrerriana de Rosario del Tala. Así era desde hacía meses, años y décadas. Pero el pasado 28 de mayo una comisión de inspectores del Registro Nacional de Trabajadores Agrarios (Renatea) se hizo presente en la tranquera del establecimiento La Hoyita y descubrió que había trabajadores no registrados viviendo en pésimas condiciones. La estancia, junto a otra llamada Las Margaritas, es parte de un grupo empresarial comandado por la familia Etchevehere, integrada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel, sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego, y la madre de los tres, Leonor Barbero.
Entre otras irregularidades, el organismo de control constató la existencia de dos trabajadores en negro que se encontraban viviendo en unidades habitacionales carecientes de energía eléctrica, de sanitarios y de agua potable. Se trata de los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, quienes contaron al matutino Página 12 la realidad que viven desde hace 38 años como empleados de la estancia. Además, ratificaron esa denuncia ante la Justicia en el marco de una causa penal que podría llevar a la cárcel a los empresarios por reducción a la servidumbre. Los Cornejo aseguraron que les pagaban un salario de 450 pesos, que para bañarse debían ir hasta un arroyo, que para poder completar sus comidas a veces tenían que salir de caza o pesca.
El presidente de la Rural salió a contestar inmediatamente: “Desmiento rotundamente las acusaciones… todos los trabajadores están empleados conforme lo establece la legislación laboral”, y agregó que se trataba de una persecución política del gobierno nacional. Pero no explicó por qué en sus campos empleaba de manera irregular a dos hombres de 59 y 65 años –en edad de jubilarse según la ley 26.727–, analfabetos y que a pesar de haber desarrollado todas las tareas rurales posibles nunca tuvieron un recibo de sueldo en sus manos. Hubo una segunda visita de los funcionarios del Renatea, el pasado 3 de junio, pero el encargado del establecimiento les impidió el acceso. Además de esta causa por la que los abogados de la familia se presentaron ante el fiscal Samuel Rojkin, los Etchevehere tienen otro expediente en su contra por manejos financieros realizados desde Las Margaritas S.A.
Etchevehere se defendió diciendo que los peones no trabajaban para él.
Según el artículo 140 del Código Penal, el delito por reducción a la servidumbre bajo cualquier modalidad es castigado con reclusión o prisión de cuatro a quince años. Luis Etchevehere es también cuestionado desde la institución centenaria que preside. El pasado lunes y durante una reunión de directorio, un dirigente de la provincia de Buenos Aires le pidió explicaciones advirtiéndole que con la causa estaba manchando el buen nombre y honor de la Sociedad Rural Argentina. Etchevehere se defendió diciendo que los peones no trabajaban para él. Habrá que ver si las preguntas incómodas que soportó fueron reales o sólo una puesta en escena para limpiar el accionar de buena parte de los grandes empresarios rurales, alambrada adentro.
