Las claves del nuevo Código Procesal Penal que regirá en la Argentina

La aprobación favorable al proyecto del oficialismo por 135 votos a favor, 27 en contra y 53 abstenciones, tiene varios cambios a considerar.

En síntesis, se pueden advertir los siguientes cambios:

- Posibilita la suspensión del juicio a prueba y la posible expulsión del país cuando el acusado es extranjero y fue sorprendido en flagrancia en un delito cuya pena no fuera superior a tres años de prisión.

- Agilizar el proceso judicial sin dejar de garantizar la tutela judicial efectiva, fortalece el papel de los fiscales y clarifica las funciones de jueces, víctimas y defensores.

- Transformar el sistema inquisitivo, en el que el juez conducía la investigación sobre cuyos resultados luego debía pronunciarse, a un sistema acusatorio, donde es el representante del Ministerio Público Fiscal quien asume la tarea de investigar.

- Incorpora la oralidad y acota plazos procesales, con lo cual los tiempos que insumirá cada juicio serán menores, e incorpora la opinión de la víctima en distintas instancias. La reforma implica la creación de 17 nuevas fiscalías y la creación de 1713 cargos en fiscalías y defensorías de todo el país.

Al respecto, en lo que se refiere a San Juan, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación tendrá un impacto concreto en la provincia: habrá dos veces más de personal trabajando en el Ministerio Público Fiscal, la gran vedete en el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio con el que se pretende darle velocidad a la resolución de las causas.

- Establece plazos perentorios y sanciones para fiscales o jueces que los incumplan con el objetivo de garantizar que se den respuestas a acusados y acusadores en plazos razonables. La investigación preparatoria del fiscal puede tardar como máximo un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.

- Las defensas y la fiscalía podrán, por ejemplo, acordar qué hechos se consideran probados de modo de evitar tener que reproducir toda la prueba en la instancia oral, que implica volver a citar a testigos que declararon en la instrucción y reeditar discusiones que sólo suelen ser funcionales a quienes buscan dilatar el proceso.

- Induce a utilizar medios tecnológicos como la videoconferencia, para evitar que los testigos deban trasladarse a declarar a otras jurisdicciones, y se faculta a los tribunales a acotar las últimas palabras de los imputados para evitar que esa instancia se convierta en un nuevo alegato.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo fue aprobado al cabo de más de diez horas de debate y constituye el segundo Código reformado de la era kirchnerista, junto con el Civil y Comercial unificado.