Federico, de 32 años, inició entonces una campaña para conseguir reencontrarse con el pequeño. Además de la desesperación por la situación, se suman las trabas económicas: la Dirección Nacional de Migraciones no registra la salida del país de Cassius, por lo que el caso fue presentado ante Cancillería como una sustracción internacional de menores.
En ese organismo le entregaron una lista de abogados con tarifas reducidas, algo que no evitó que los gastos de Federico superen ya por mucho los u$s20.000.
Fue allí que tramitó un subsidio en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), quien le entregó pasajes y $28.000 para viajar a los EEUU. Ese dinero, sostiene Federico, no alcanza para costear ni el 10% de los gastos en abogados. En el Ministerio de Desarrollo Social dicen que no tienen más presupuesto hasta 2015. "Me siento totalmente indefenso, desprotegido por el Estado Argentino", agregó Federico.
El 15 de diciembre Federico tiene que estar en Boston para un juicio de restitución. Su meta es demostrar que existió una "sustracción ilegal de un menor por parte de uno de los padres".
"Mi hijo nació y vivió toda su vida en Buenos Aires. Su madre lo sacó del país ilegalmente ya que no contaba con mi autorización y esto se considera secuestro parental", explicó Federico en su petición en Change.org, donde necesita aún juntar firmas para llevar su campaña a buen puerto.
