Una nueva ley entró en vigencia este miércoles en la vecina provincia de Mendoza que innova sobre el abordaje de acoso escolar. La nueva normativa establece la responsabilidad directa para padres, madres o tutores cuando sus hijos incurren en situaciones de bullying y los adultos no actúan para detenerlas.
Las multas van entre los 600 mil hasta los 1,26 millones de pesos, o bien la obligación de realizar tareas educativas o comunitarias por hasta 30 días, de acuerdo con la gravedad del caso.
Se trata de la Ley 9.682, publicada en el Boletín Oficial y que fue respaldada por la Dirección General de Escuelas (DGE). La nueva normativa establece la responsabilidad directa para padres, madres o tutores cuando sus hijos incurren en situaciones de bullying y los adultos no actúan para detenerlas.
El articulado dispone que, tras una notificación formal de la escuela, si el responsable legal del niño, niña o adolescente “no cumple con su deber de orientación, diálogo, control o cuidado, o no adopta medidas para evitar la reiteración del acoso o reparar el daño”, podrá recibir sanciones contravencionales.
La iniciativa fue impulsada, entre otros, por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Tadeo García Zalazar, quien remarcó que el objetivo central no es recaudatorio, sino involucrar activamente a las familias en la prevención de la violencia escolar.
A dónde irá el dinero de las multas
Los fondos recaudados por estas sanciones serán destinados al Fondo Provincial de la Ley 9.545, que se utiliza para la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar dentro de la DGE, y también para el fortalecimiento de Bibliotecas Populares.
Cómo será el procedimiento
La primera intervención siempre quedará en manos de la institución educativa, que deberá aplicar el Protocolo de Actuación en Casos de Bullying. Solo si esa instancia fracasa —por inasistencia de los adultos, incumplimiento de compromisos o falta de acuerdos— la escuela elevará un informe detallado al Juzgado Contravencional.
Para ello, los establecimientos deberán documentar todas las actuaciones previas, dejando constancia de que los adultos responsables fueron notificados y no colaboraron o no adoptaron medidas razonables para frenar y reparar el daño.