Recrudece una fuerte pulseada entre privados por deudas mineras

Ocurrirá si no prosperan las instancias de conciliación que se intentan desde el sector público para ponerlos de acuerdo en los montos de las deudas, que se fueron acumulando porque las compañías que obtuvieron las concesiones no pagaron los canones de servidumbre y daños a los superficiarios (dueños de la superficie) como lo establece la ley, según lo que reclaman los propietarios.

La pulseada ha tensado la cuerda al extremo de que naufragaron varias instancias de conciliación obligatoria convocada por Minería y se desató un fuerte cruce de acusaciones sobre presuntas irregularidades en los trámites de concesiones y ventas de esos activos a empresas extranjeras, con cartas de intimación incluidas.

Los que están activando el reclamo de cobro son los dueños del campo calingastino Campo Cortez Monroy (CCM) hacia varias de las empresas que exploran por concesiones obtenidas hace años allí, en especial Argentina Minera SA (sanjuanina, con Ricardo Martínez a la cabeza)  y la australiana Fortescue (la primera de ellas le vendió sus áreas de concesiones a la segunda) o Altar. También, pero en menor medida, aparecen en el reclamo Los Azules y Pachón, con exploraciones en la misma propiedad.

La actualización de esos reclamos viene desde hace algunos meses, pero en los últimos días hubo audiencias de conciliación caídas y cartas notariales a Australia para notificar las presuntas irregularidades, con fuerte acusaciones incluidas. En especial, hacia Fortescue (la empresa cuyo country manager es el rugbier Agustín Pichot) que adquirió esas exploraciones a la sanjuanina Argentina Minera SA (propiedad del geólogo Ricardo Martínez y Patricio Jones).

CCM le reclama Fortescue-Argentina Minera de haber suscripto un acuerdo entre ellos en el que se “negociaron concesiones mineras caducas, irregulares y perimidas y sin haber pagado las servidumbres de tránsito, ocupación, daños y perjuicios, como se manifiesta en el contrato aludido”, según notificó el abogado de la propiedad Armando Guevara.

Lo que sostiene es que en ese acuerdo se indica que “todas las servidumbres de tránsito y ocupación, daños y perjuicios de ley se encontraban pagos a los superficiarios, lo cual carece de absoluta veracidad”. Por el contrario, indica se obviaron los pagos a los propietarios sanjuaninos, cuyo monto no fue calculado aun pero es millonario, lo que a su criterio constituye una “estafa”.

Por ese motivo, realizaron las presentaciones ante el Ministerio de Minería, que convocó a una audiencia de conciliación con la apoderada de Fortescue, Jimena Daneri. Según Guevara, la letrada “mostró un total desinterés tanto por el propio ministerio como hacia la sociedad CCM SA”. Daneri no contestó la consulta de este diario.

“La Sociedad CCM SA, está totalmente a favor del desarrollo de la minería y tan solo persigue que se dé cumplimiento a lo establecido por el Código de Minería y el Código Procesal Minero de la Provincia de San Juan; situación ésta que es violada en forma sistemática y recurrente por la mayoría de las empresas que se encuentran con concesiones mineras dentro del Campo denominado Cortez Monroy”, indicó Guevara.

El abogado cuestionó a Martínez y Jones, quienes vendieron esas exploraciones a Fortescue, señalando que “dichos contratos se habrían celebrado por cifras varias veces millonarias que no tendrían su correlato en el Plan de Inversión presentado por las Empresas. Además de percibir como gerentes de exploración cifras de seis dígitos en dólares”.

Según Guevara, el ingeniero Ricardo Martínez “es titular de más de 50 concesiones mineras, cuando el Código de Procedimiento Minero, expresamente prohíbe más de 20 concesiones a nombre del mismo titular”. Ni Martínez ni Fortescue respondieron a la consulta de Tiempo de San Juan.

En cambio, la empresa a cargo del emprendimiento Altar (Peregrine Metals) sí concurrió a la audiencia de conciliación convocada por Minería por el mismo motivo. Allí se manejaron varias propuestas para alcanzar un posible acuerdo.