La entrega de uno de los barrios que dispuso el Gobierno de San Juan para atender a las familias damnificadas por el terremoto de enero de 2021 viene demorada porque un grupo de personas se instaló luego del relevamiento que hizo el Instituto Provincial de la Vivienda para obtener también un techo nuevo. Como el barrio, ubicado en La Bebida, tiene casas ya asignadas para los censados de tres asentamientos de la zona, desde antes del sismo incluso, se dio una situación de tires y aflojes para lograr que estos "usurpadadores" se vayan pacíficamente. La subdirectora del IPV, Daniela Cangialosi, dio detalles por primera vez de qué les ofrecen a estas familias para que dejen liberados los terrenos, evitando el desalojo judicial.
El barrio en cuestión es el Sierras de Marquesado, en Rivadavia, ya prácticamente terminado y con el fin de ubicar allí a 644 familias de los asentamientos La Paz, Pellegrini, Evita y La Defensa, ubicadas en las inmediaciones de Calle 5 y Pellegrini, censadas en un relevamiento que se hizo en 2019. Esto, porque la solución del barrio estaba planificada antes del terremoto pero se precipitó por los daños que sufrieron los ranchos con este hecho.
Cangialosi, en diálogo con radio Estación Claridad, recordó este jueves que son 725 las viviendas a entregar pero hay 230 nuevas familias con las que "negocia" el IPV para que se retiren, luego de ocupar ilegalmente terrenos en los asentamientos donde ya se había hecho el censo oficial.
"Están las familias que no están incluidas en este barrio, porque luego del terremoto estos asentamientos tuvieron un crecimiento que el gobernador nos pidió que llegáramos a algún acuerdo con las familias. Se ha hecho un trabajo interministerial entre Obras y Desarrollo Humano para poder conseguir consenso y brindarles una solución", describió Cangialosi. "Están las familias que no están incluidas en este barrio, porque luego del terremoto estos asentamientos tuvieron un crecimiento que el gobernador nos pidió que llegáramos a algún acuerdo con las familias. Se ha hecho un trabajo interministerial entre Obras y Desarrollo Humano para poder conseguir consenso y brindarles una solución", describió Cangialosi.
Ya pagan cuota ahorro por la casa nueva
La funcionaria sostuvo que las 230 familias no irían en esta oportunidad a este barrio sino a otro que se construirá en la zona. "Se está trabajando en el IPV en un proyecto, buscando terreno, para poder comenzar con algún barrio y mientras tanto estas familias se van a retirar del lugar", destacó.
Es necesario para el operativo que se vayan todas porque no se puede erradicar una villa con topadoras que tenga ranchos habitados y otros no.
¿Dónde se quedan mientras les dan la casa estas 230 familias? Cangialosi afirmó que corre por cuenta de ellas buscar dónde vivir. Y es una situación compleja porque es por plazo indeterminado, ya que el IPV no cuenta aún con el lugar ni el proyecto definido para estas personas. "Llevan asentadas poco tiempo y se ha ido trabajando socialmente para que vean, que vuelvan donde estaban antes o busquen en la casa de un familiar, mientras este barrio se les construye", subrayó la funcionaria.
Según la subdirectora del IPV, pueden garantizar solución habitacional a estos "usurpadores" porque fueron censados en esta segunda etapa, en junio de este año. Y se empezaron a firmar acuerdos de manera que empiecen a pagarle al Instituto una "cuota ahorro" de no más de $1.500 mensuales, hasta el momento de la entrega de sus viviendas, lo que les da mayor certeza de que el Estado va a cumplir su palabra. Se hará una resolución al respecto.
A cambio, el IPV les pide que liberen pacíficamente el terreno ocupado y que se comprometan a no volver a usurpar ningún otro, apuntó la funcionaria.
En esta negociación, al IPV le falta más de la mitad de las familias por aceptar. De 230 accedió un centenar, por eso sigue complicada la entrega del barrio a los beneficiarios originales. "Tenemos alrededor de 100 familias que se han retirado estamos trabajando con las otras, les estamos brindando asistencia con camiones, ayudarlas en esta tarea que fue lo que nos pidió el gobernador. A medida que se van yendo van volteando ellos mismos su propia vivienda precaria como para que no vaya otra familia ahí. De esa manera la idea es llegar a la relocalización con las familias que están censadas originalmente en corto plazo.
Megaoperativo, para noviembre
La funcionaria dijo que además de esta situación con las familias usurpando, hay obras que concluir antes de la entrega del barrio Sierras de Marquesado. Por ende, se pusieron como meta noviembre (se hablaba en un principio de septiembre) para poder realizarla. Había cierto apuro oficial en la Provincia porque en las casas nuevas se estaban dando actos de vandalismo y hurtos de materiales, lo que generó custodia policial las 24 horas para salvar el predio.
Para este importante operativo, que será de las erradicaciones de villas más grandes que quedan por hacer en San Juan, se está preparando un abordaje de dos jornadas, con asistencia de varias fuerzas como Gendarmería y el Ejército, para movilizar a las más de 700 familias a sus nuevas casas y demoler con topadoras los ranchos, como suele hacerse en este plan, que se inició en 2005.
Para el acontecimiento se baraja incluso que pueda hacer la entrega de llaves el presidente Alberto Fernández, ya que el nuevo barrio se financia con apoyo nacional, pero eso dependerá de la agenda oficial. Por lo pronto en San Juan ajustan los detalles para que sea un operativo tranquilo y que la polémica quede atrás.
