El 6 de octubre de 2009, la Corte de Justicia de San Juan realizó el Acuerdo N° 25: "A partir del 13 de octubre del corriente año, el actual Segundo Juzgado de Menores conocerá en todas aquellas causas que ingresen y tengan por objeto la resolución de las situaciones que involucren a menores en estado de abandono, las que deban disponer sobre adopción…”.
Desde entonces, se eliminó al Primer Juzgado de Menores la posibilidad de realizar los trámites de adopciones. En la práctica, se redujo a la mitad las posibilidades de que la Justicia de San Juan otorgue niños en adopción.
No es un dato menor si se tiene en cuenta que hoy por hoy se demora hasta tres años el tiempo de espera para quien toma la decisión de adoptar un niño abandonado, según la experiencia de los abogados de Familia.
Con el Nuevo Código Civil, puesto en vigencia desde agosto del año pasado, se pensó que se iba agilizar el sistema de adopciones. Pero los abogados que tramitan esas causas dicen que no dio el resultado esperado y critican la burocracia. Por otro lado, el Segundo Juzgado de Menores dio a conocer estadísticas que indicarían que aumentaron la cantidad de sentencias otorgando adopciones.
Pero esa es una foto de una película que la Corte guarda en secreto.
Hay dos preguntas claves que nadie responde oficialmente en el máximo órgano judicial de la Provincia:
-¿Por qué el Primer Juzgado de Menores no puede intervenir en las causas de adopciones?
-¿Qué sabe la Corte de lo ocurrido en el Primer Juzgado de Menores hasta octubre del 2009, cuando le prohibió que tramite esas causas?
Indudablemente debe haber motivos oficiales. Pero en la Justicia nadie los quiere hacer públicos. Tal vez porque impliquen acusaciones graves, lo que dejaría en evidencia que tampoco nunca hubo alguna investigación profunda al respecto.
RELACIONES
Por lo bajo, en Tribunales todos (abogados y jueces) ponen la mira en el jubilado juez Carlos Guido Ramírez, quien durante años fue el titular del Primer Juzgado de Menores.
El manto de sospecha recae en el vínculo que ese juez tenía con los Hogares de Belén (dependen del Movimiento Familiar Cristiano), donde familias sanjuaninas se hacían cargo transitoriamente del cuidado de los niños abandonados hasta que la Justicia resolviera legalmente quiénes iban a ser los padres adoptivos.
Muchos abogados siempre cuestionaron la posibilidad de que esos lugares funcionaran como "agencia de colocación”, dirigiendo las adopciones a las familias, predominantemente católicas, por sobre otras.
En diciembre del 2015 la jueza María Julia Camus, del Segundo Juzgado de Menores, criticó con dureza el funcionamiento de ese sistema. Su juzgado es el que tiene la exclusividad desde el 2009 en los trámites de adopción.
Altas fuentes judiciales precisaron que existe un fuerte vínculo entre la jueza Camus y el cortista Juan Carlos Caballero Vidal, quienes comparten cátedra en la Universidad Católica de Cuyo. Además, fuentes judiciales precisaron que la jueza de Menores tiene una línea de contacto directa con el cortista.
Justamente sería Juan Carlos Caballero Vidal quien impulsó en la Corte aquella decisión del 2009 de eliminar del Primer Juzgado de Menores de los casos de adopciones.
Pero todos creían que con la jubilación de Carlos Guido Ramírez se volvería al viejo sistema de que los dos juzgados de Menores pudieran intervenir en el sistema de adopciones, lo cual significaría acortar los plazos y beneficiar a niños y padres adoptantes.
En octubre de 2012 Jorge Toro asumió como juez en el Primer Juzgado de Menores, reemplazando a Ramírez. Pero la Corte nunca hizo marcha atrás con aquella acordada N° 25 del 2009.
Nunca se explicó oficialmente por qué no se permitió que el juez Toro tramitara adopciones. Nadie lo dice públicamente, pero las versiones que echaron a rodar desde la Corte tienen dos frentes.
Por un lado, apuntan a presuntas sospechas sobre los empleados del Primer Juzgado de Menores: creen que mantendrían "viejas mañas heredades del juez Ramírez”. Pero nadie lo dice oficialmente. Es obvio, si lo hicieran deberían investigarse.
Por otro lado, nunca nadie lo dijo, pero en la Corte tendrían en cuenta que el ahora juez Toro mantuvo fuertes vínculos con la Iglesia Católica. Aún retienen en el Poder Judicial los días en que Toro trabajaba en la ex Dirección de Protección al Menor junto a Daniel Molina.
¿LA SOLUCIÓN?
Más allá de esas idas y vueltas, de presunciones oscuras nunca probadas, la única solución a corto plazo para agilizar el sistema de adopciones sería la implementación del Régimen Penal Juvenil.
¿Por qué? Porque cuando eso ocurra se pondrá a funcionar el Tercer Juzgado de Familia y los Juzgados de Menores N° 1 y N° 2 sólo quedarán para los casos penales. Eso significa que el juzgado de María Julia Camus ya no tramitará más causas de adopciones.
Y los juzgados de Familia (Primero, Segundo y Tercero) podrían tramitar las causas de adopciones. Igual eso es una presunción, ya que la Corte también podría direccionar a uno de ellos todas las causas de adopciones.
Altas fuentes judiciales no descartan que la jueza María Julia Camus se postule al nuevo juzgado de familia, el Tercero, ya que dicen que se está entrenando para postularse en el concurso.