La estela que trajo la multa record y el plan que se activa para Jáchal

Y es verdad. Muy probable resulta que sea esa la razón por la cual el máximo staff de la compañía canadiense aceptó pagar sin patalear los 10 millones de dólares que resultó al cambio de esta semana la histórica multa de 145 millones de pesos que le puso la provincia por la fuga de cianuro en Veladero. Y que curiosamente no dispuso de toda la furia de difusión a nivel nacional que sí tuvo el derrame.

No habrá sido porque no les haya llegado la información ni porque se trate de una noticia poco atractiva. Ese dinero en concepto de multa es el más alto en la historia no sólo de la provincia sino también del país en materia de sanción por un incidente ambiental, a la que sólo puede arrimarse con chances de competir alguna en el rubro petrolero.

Y a la que hay que sumar los gastos que le demandará a la empresa las inversiones en la mina que deberá realizar en plazo perentorio como consecuencia de la misma sanción: gabinetes para monitorear las temperaturas del agua, movimientos de tierra y la construcción de otro canal que alivie el canal del Norte desbordado durante el accidente.

Le aplicó el Ministerio de Minería el máximo de la sanción disponible por el Código Minero en su artículo 326: 80 veces el canon que paga por la explotación del área de concesión, una suma que arrojó la citada cifra de los U$S 10 millones. La empresa fue notificada esta semana y dispone de 15 días hábiles para presentar una eventual apelación, luego de lo cual la sanción ya quedará en firme y tendrá 10 días más para abonarla en efectivo en la cuenta bancaria de la provincia.

Pese al plazo, la empresa ya comunicó por canales informales que su decisión es no apelarla, aunque deberá realizar un movimiento de divisas para pagarla entre lo que tenía destinado a las utilidades de la explotación. Por esa razón es un tema de máxima atención puertas adentro de Barrick: pese a lo oneroso del pago, calculan que el hecho de acatarla sin protestar puede funcionar como el primer ladrillo en la pared de la credibilidad perdida por la compañía, que debe comenzar a construir nuevamente desde cero.

La sanción recorre todos los ingredientes de este coctel que estalló en setiembre del año pasado: tanto la fuga de la solución cianurada como el hecho de no poner en marcha inmediatamente el plan de contingencias previsto para estos casos –para lo que hubo una demora de largas horas-, no informar de inmediato o poner en riesgo la salud pública. Todos esos factores concluyeron en la aplicación de la pena máxima contemplada en la ley. Y la citada condición de ser la más alta en la historia nacional, cosa que ningún medio nacional consiguió descubrir por sí mismo.

Puertas adentro, en la empresa circuló un informe con lo que consideran una inconveniencia técnica en no apelar. No para dilatar los tiempos y hasta ni siquiera con la expectativa de ver reducido el monto, sino para dejar expresada la postura de la empresa y evitar un mal antecedente que puede habilitar consecuencias no deseadas.

Muy sotto voce indican que a su criterio la sanción se aplica sobre cánones que no corresponden, y por lo tanto inflan la suma. Más allá de recalcar que la decisión de la compañía es admitir su responsabilidad en el hecho. Que es un derrame y no una contaminación, subrayan.  La diferencia entre una y otra es que para ser una contaminación debe no resultar remediable y en este caso el derrame se produjo, los niveles se alteraron, la empresa es responsable –incluso penalmente sus trabajadores procesados por el juez Oritja-, pero se degradó. Para ellos es importante en este expediente no convalidar el delito de contaminación, que es por lo que la justicia los tiene en la mira tanto el magistrado jachallero como su colega federal Sebastián Casanello.

Todo indica entonces que lo que ocurrirá en los próximos días será el pago de la multa histórica sin apelación, pese al mar de fondo desatado puertas adentro de la empresa respecto de su conveniencia o no. Con esa suma en la mano, o incluso sin ella pero con el expediente cerrado, el gobierno provincial ya decidió que avanzará en un plan de desarrollo estratégico integral.

En todos los departamentos, pero que comenzará con Jáchal después de la semana Santa. En todas las disciplinas y los ministerios, pero que comenzará con el despliegue de la cartera de Minería. Con recursos propios para sostener proyectos de cara al futuro, pero que incluirán estos recursos nada despreciable de los U$S 10 millones que pagará Barrick.

La intención del ministerio es dar rápidamente vuelta la hoja planteando una discusión superadora, aunque sin dejar de lado las opiniones disonantes sobre la actividad, que las hay. "Lo que queremos es debatir con toda la sociedad jachallera qué modelo de desarrollo queremos de aquí al futuro, y cómo lo vamos a planificar y encarar con tiempo. Aceptamos que se pueda pensar distinto y es algo que debemos tener muy en cuenta, pero no se puede circunscribir cada paso a eso. Porque mientras tanto, hay muchas necesidades que atender y mucha fuerza de trabajo que ayudar a despegar”, se le escuchó decir esta semana al ministro de Minería, Alberto Hensel.

Por eso, ya están poniendo en marcha el plan de desarrollo territorial que debutará en Jáchal con la intención de apuntar a un despegue planificado y estratégico. Sistema en el que el propio gobernador Uñac es especialista: lo diseñó y lo puso en marcha en Pocito cuando era intendente. Tiene tres etapas: la primera es la definición del plan, la segunda es la determinación de los ejes y la tercera es la elaboración de proyectos para buscarle financiamiento y condiciones para impulsarlos. En esa caja operará el dinero de la multa.

El desafío es intenso, las condiciones son difíciles. Esta misma semana viajaron a la capital provincial todos los concejales jachalleros para interiorizarse de la situación en el Ministerio de Minería. Estuvieron casi todos, sólo faltó el edil que motoriza las denuncias en la asamblea jachallera. Hubo oficialistas y opositores y todos convinieron en la necesidad de comenzar a hablar de un plan de desarrollo integral para el departamento, luego de tener la certeza de lo que indican las mediciones sobre la ausencia de contaminantes producidos por el derrame de Veladero. Como lo señalan todos los estudios realizados hasta ahora, incluido el de la ONU que esta semana el juez Casanello solicitó por oficio y la provincia envió al magistrado federal.

Coinciden todos los ediles en que el clima no es bueno, y que  ha estado siendo inflamado a límites peligrosos. Cada uno de ellos cuenta experiencias personales de situaciones tensas, tanto ellos como sus familias. Ni hablar del intendente José Vega, cuyos padres recibieron la "visita” de los manifestantes. O el propio juez Pablo Oritja, que ha tenido que recibir una custodia policial tanto en su juzgado como para circular o para su familia, como consecuencia de su trabajo. Testimonios, apenas, sobre hasta dónde puede llegar la intolerancia.