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SUSCRIBITE El abogado sanjuanino Felipe Molina Rojo.
La decisión del juez federal en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Lavié Pico, complicó la estrategia legal del equipo del presidente Javier Milei. Desarmó el proceso colectivo y exhortó a devolver cada demanda individual a su fuero original. Por eso, los dos amparos presentados en San Juan deberán resolverse en el Juzgado Federal Nº2, que tiene asiento en la provincia.
El primero en iniciar la movida judicial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2024 en San Juan fue el abogado Felipe Molina Rojo, ligado al frente Patria Grande, de Juan Grabois. El joven sanjuanino hizo la presentación, el pasado 29 de diciembre, de un amparo "junto con una medida cautelar de suspensión para que de forma inmediata no se cumplan los efectos del amparo, como así también solicitando la inconstitucionalidad del decreto en su totalidad".
Con rapidez, la titular del Juzgado Federal Nº2, jueza Eliana Rattá, habilitó la feria para el tratamiento del amparo. Pero, posteriormente, remitió el expediente al Juzgado Contencioso Federal en Ciudad de Buenos Aires, para que sea tratado con el resto de los amparos presentados a nivel nacional. Eso ahora quedó sin efecto. Retornará a San Juan para ser tratado de forma individual, tal como lo planteó Molina Rojo, junto a su colega Nicolás Torres.
Desde el principio, el letrado sanjuanino pidió "que no se tramite como un amparo colectivo, sino como particular de un grupo de afectados, entre ellos inquilinos y trabajadores formales e informales que, desde hoy -día de aplicación del DNU-, ven sus derechos en peligro".
Tras conocerse el fallo de Lavié Pico, Molina Rojo dijo a Tiempo que "ahora hemos solicitado que se vuelvan las actuaciones a San Juan y volvimos a insistir para que se dicte una medida cautelar suspendiendo los efectos del DNU". También explicó que "este fallo complica la estrategia del Gobierno nacional que pretendía acumular todos los amparos bajo un mismo expediente y que sea resuelto por un solo juez".
El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, apostó a que el mega DNU quedara el Contencioso Administrativo. La decisión de que cada amparo fuera tratado en forma individual en lugar de acciones colectivas diluye la influencia del Ejecutivo y abre varios frentes de conflicto al Gobierno.
De momento, Molina Rojo comentó que queda "esperar que decida sobre la medida cautelar solicitada". También retornará a San Juan el amparo que presentó la Asociación de Inquilinos, con el patrocinio de Renzo Quero.