Javier Milei anticipó este fin de semana que, tras su asunción el 10 de diciembre, convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional para tratar una inusual cantidad de leyes tendientes a la reforma liberal del Estado, fundamentalmente.
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SUSCRIBITEJavier Milei anticipó este fin de semana que, tras su asunción el 10 de diciembre, convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional para tratar una inusual cantidad de leyes tendientes a la reforma liberal del Estado, fundamentalmente.
Esos proyectos formarán parte de un enorme paquete de normas, a la manera de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que formuló el presidente uruguayo Lacalle Pou al comienzo de su mandato.
La “ley ómnibus” le permitiría al gobierno de Javier Milei negociar un paquete cerrado en un Congreso donde ostenta una minoría inédita, en el momento de máxima imagen positiva.
En la LUC uruguaya, que guarda semejanzas ideológicas estridentes con la filosofía del presidente electo, se legisló contra
-el derecho de huelga declarando ilegítimos los piquetes en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios";
-se estableció la figura de la "apariencia delictiva"
-se aumentó el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares (una medida que claramente favorecía a la evasión, el lavado de dinero y el narcotráfico)
-se eliminó la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área
-se creó una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas
-se evitó el modelo cooperativo de construcciones de casas
-se habilitó el cierre y/o privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap
-se alargó de 2 a 4 horas el plazo que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona
-se flexibilizaron las potestades policiales en operativos
-se autorizó a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos "preventivos rutinarios".
Las fuerzas sociales uruguayas se movilizaron contra la mega ley sancionada, y, juntando 750.000 firmas, obligaron a Lacalle Pou a llamar a un plebiscito para que el pueblo uruguayo decida si se derogaban o no 135 puntos de los más polémicos, de los 476 artículos aprobados.
Finalmente, por sólo 22.000 votos de diferencia, el gobierno se impuso y las leyes quedaron firmes.