A pocas horas de haber asumido como presidente de la Nación, Javier Milei mudó los fondos de la Nación para las provincias del ministerio del Interior, que comanda Guillermo Francos, para ponerlos en la órbita del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.
Se trata de los fondos discrecionales siempre importantes, pero especialmente claves para un gobierno que deberá conseguir el apoyo de los legisladores nacionales para que voten reformas estructurales radicales como las que piensa llevar a cabo Javier Milei, en el marco de una estridente minoría parlamentaria.
Esta decisión quedó plasmada en el Decreto 8/2023, ya publicado en el Boletín Oficial, que incorporó modificaciones a la Ley de Ministerios.
En la norma se formalizó el recorte de cantidad de ministerios, los cuales pasarán a ser nueve desde ahora y allí también se expresan las misiones que estas carteras y la Jefatura de Gabinete tendrán.
En la letra de esas 76 competencias que tendrá Caputo se destacan, por ejemplo, la de “intervenir en la instrumentación y seguimiento de políticas fiscales, económicas y financieras entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales” como también "participar en las negociaciones y modificaciones de los contratos de obras y servicios públicos, en el ámbito de su competencia" y "entender en lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de todo gasto e inversión que se ordene sobre el Tesoro de la Nación".
Además, la cartera económica sigue detentando el manejo de las autorizaciones para que las provincias o los municipios accedan al crédito externo.
Entre las llamadas “cajas" que pasan a manos de Caputo están el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La administración de estos fondos dependía, hasta la firma del decreto, de la Secretaría de Provincias del Ministerio de Interior al mando de Eduardo "Wado" de Pedro.
El detalle oficial señala que estos fondos tienen como objetivos “acciones de fortalecimiento institucional a nivel provincial y regional, orientadas a la promoción del desarrollo económico y social”, así como plantear “medidas de financiamiento, con la cooperación nacional e internacional, para la asistencia a todas las provincias”.
La modificación preocupa especialmente a los gobernadores, al ver que, para la consecución de esos fondos claves en tiempos de “obra pública 0”, porque “no hay plata”, deberán negociar con un ministro de perfil financiero, y no con uno de marcada impronta política, como Guillermo Francos, con quien ya se habían reunido en algunas oportunidades en la transición.